Los senadores van por la ley de Filmus , trampa en la protección de glaciares

25 de septiembre del 2009


Los senadores van por la ley de Filmus , trampa en la protección de glaciares


Conciencia Solidaria junto a otras organizaciones y ciudadanos se juntaron en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Av. Entre Ríos este pasado miércoles 23 para rechazar de manera enérgica el proyecto de ley presentado por el Senador Daniel Filmus y firmado también por los siguientes Senadores: Carlos Alberto Rossi, Julio Antonio Miranda, Pedro Guillermo Angel Guastavino, Maria Rosa Diaz, María Cristina Perceval, Delia Norma Pinchetti De Sierra Morales, Alfredo Anselmo Martínez, Ada Rosa Del Valle Iturrez De Cappellini, Élida María Vigo, María Eugenia Estenssoro, Rubén Héctor Giustiniani.
Este proyecto fue nuevamente intentado tratar sobre tablas, sin haber pasado por ninguna comisión.Finalmente, no se trató.
Sabemos que intentarán aprobar este proyecto de ley en senadores cuanto antes, quizá la semana que viene. Mientras continúa cajoneado en comisión de minería de Diputados el proyecto de ley presentado por el Dip. Bonasso que mantiene el mismo espíritu y letra que la ley original vetada –el que el 11 de agosto ha conseguido dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
En contraposición el proyecto de ley presentado por el Senador Filmus se llama de la misma forma que la ley original vetada, que fue aprobada por unanimidad en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y por mayoría absoluta en la Honorable Cámara de Senadores, pero, al cambiar los articulados se ha convertido en una ley con trampas.
Es decir, esta ley responde a los mismos intereses del veto y no protege el ambiente periglacial a pesar de que en su título lo diga.
¿Qué trampas esconde esta ley?
En primer lugar, elimina del artículo 2 la definición de “ambiente periglacial” dejando de lado una importante parte que custodiaba la ley vetada. De la misma forma, y a consecuencia de esto, también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”.
Trampa 1: se elimina el ambiente periglacial
El Dr. Carlos Seara, quien trabajo en Naciones Unidas en temas de hidrogeología nos informa: “El sistema periglacial representa, nada más y nada menos que aproximadamente el 15% de la superficie de la cordillera; son lugares donde la explotación minera abarata significativamente sus costos.
Las razones: presencia de millones de toneladas de rocas, fácilmente removibles; disponibilidad de agua pura en abundancia; cercanía a los puertos chilenos de ultramar, donde se realizaría el embarque de los concentrados.
Con todas estas ventajas es fácil concluir que las empresas mineras, buscarán preservar, para sí, este 15% de la superficie cordillerana. Por esa causa se da vueltas sobre lo que se entiende por ambiente periglacial y en este aspecto el proyecto de Filmus, no lo aclara en absoluto, pues se remite, básicamente, a una clasificación donde se ordenan los glaciares según tres categorías: glaciares descubiertos; glaciares cubiertos y glaciares de escombros.
Lo expresado más arriba, siempre habla de un ambiente donde el hielo está presente de diversas maneras, nada se dice de la característica fundamental del sistema periglacial donde el hielo de superficie sufre a lo largo del año, congelamientos y descongelamientos estacionales.
Al no aparecer la característica fundamental del sistema, que sí estaba presente en la ley 26418 cuando dice en el art. 2 que: “el ambiente periglacial es el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, deja a esta vasta superficie, a merced de interpretaciones antojadizas.
Me pregunto ¿qué sucederá cuando la exploración minera se realice durante los períodos de descongelamiento, sobre superficies sujetas a periglaciación?, ¿donde ubicaremos esa superficie si no está especificado, concretamente, en la ley?”
Trampa 2: el artículo 15
Siguiendo los señalamientos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), es importante destacar que a diferencia de la norma vetada en la que se establecía el “cese” de la actividad en caso que se verifique un impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, el proyecto del Senador Filmus solo postula que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”.Otra vez, queda desprotegido el ambiente periglacial.
También el punto donde indica la realización de la Auditoría Ambiental está modificado. En la ley original, se establecía un plazo de 180 días a partir de la sanción de la ley para su realización. En el proyecto de Filmus, la realización de esta Auditoría depende exclusivamente de cada jurisdicción siendo que se realizara luego del Inventario de Glaciares.
Exigimos la ratificación de la ley 26.418 vetada o bien la aprobación de un proyecto de ley de igual espíritu y letra como el presentado por el Diputado Bonasso.
El agua y la vida, no se negocian.
Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial
25 de septiembre del 2009



ANULARON EL PROCESAMIENTO DE JULIAN PATRICIO ROONEY




A las 10 de la mañana me presenté en los tribunales de Comodoro Py para escuchar la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, causa 10115 Rooney Julián s/ recurso de casación Sala 3 C.N.C.P.
El tribunal resolvió “HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, ANULAR la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en cuanto dispone el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Patricio Rooney y REMITIR las presentes actuaciones a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina que fluye de este fallo (artículo 456 inciso 2º, 471, 530 y cc. del CPPN).
(N.B.: Respetamos la mayúsculas y negritas del texto original de la sentencia)
Fue votación divida. La juez Ángela Ester Ledesma entendió que no cabía el procesamiento del imputado y centró su posición en cuestiones formales de supuestos errores en las pruebas presentadas por la denuncia: “que el perito de parte no fue notificado de la realización del estudio y, en consecuencia, no estuvo presente en la deliberación...no pudo controlar la prueba...y no surge como se había preservado la muestra tomada, ni que medidas de seguridad se tomaron, etc.” La juez criticó que “se valorara información que se encontraba en el sitio Web de la Secretaría de Minería y que luego fuera quitada de esa página”. La juez tuvo consideraciones de increíble audacia al afirmar que la empresa estaba autorizada para operar de esa manera “en razón de que el vuelco estaba dentro de los cánones determinados”.
La juez Liliana Elena Cantucci votó el procesamiento de Rooney y “propone que se declare inadmisible la vía de impugnación deducida”.
“En atención a los votos disidentes” el juez Eduardo Rafael Riggi “adhiere a la solución propuesta por la juez Angela Ester Ledesma, “anular el procesamiento de Julián Patricio Rooney”.
Es evidente que toda la estrategia legal de condenar a La Alumbrera cae en el vacío, pero no se detienen otras posibilidades como las de reclamar ante el Dr. Raúl Omar Pleé, Representante del Ministerio Público Fiscal, interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia demandando la arbitrariedad al no admitir que la propia empresa minera reconoce el dolo ambiental en su página Web y en la página de la Secretaría de Minería de la Nación, a la que precisamente alude dicho fallo.
No hubo audiencia Pública ni lectura de la sentencia como se había anunciado. A la hora indicada me entregan copia que había solicitado y también a los abogados de Rooney presentes en ese acto e inmediatamente informo al Fiscal Federal General de Tucumán y a los compañeros de nuestras asambleas. La lucha continúa y habrá que endurecerla. Por empezar debemos denunciar el lobby que la minera realizó sobre esta juez, Ángela Ester Ledesma, la que es cuestionada por múltiples irregularidades. Es lamentable que nuestras comunidades reciban hoy la nefasta noticia que premia el sobreseimiento de Rooney, cuando esta madrugada se volvió a romper el mineroducto que transporta la sopa química y los metales pesados hacia el canal Dp2, en Concepción de Tucumán, y nada menos que sobre el río Gastona.
Javier Rodríguez Pardo
Mach- RENACE- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC).
machpatagonia@gmail.com Celular 011 1567485340



Estimados todos y todas:
Me entero gracias a Javier Rodriguez Pardo y al Sr. Luna que el fallo de la Càmara Federal de Tucumàn fue anulado por un fallo de la Camara Nacional de Casaciòn Penal. Todos quieren saber -muchos desolados y otros para informarse- que pasa de ahora en mas. No lo se. No he leido el fallo. Solo por lo que Javier cuenta coincido que tal vez sea posible un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Pero eso sòlo lo puede decidir el Fiscal General Dr. Raul Plee.Si el expediente vuelve a Tucuman es casi seguro que la causa terminarà archivada. Pero como el delito se sigue cometiendo abriremos otra. Insisto que no leì el fallo.
Estoy pròximo a viajar a Venecia para apoyar la creaciòn de la Corte Penal Internacional para el Medioambiente. Ahora mas que nunca me convenzo de lo importante y necesario que resulta. Con mi vieja costumbre resilente trato de ver el vaso medio lleno y creo que esta es una oportunidad ùnica para demostrar a los paìses del norte que hoy es imprescindible contar con un tribunal internacional ambiental penal como hace cuarenta años atràs era imprescindible crear una Corte que intervenga ante los delitos de lesa humanidad impunes por aquellas dècadas oscuras.
No debemos bajar los brazos. Debemos seguir denunciando los delitos ambientales en todos los tribunales federales del paìs. Hoy mas que ayer debemos sumar a todos los que podamos, sin diferencias ideològicas o partidarias, bajo el claro concepto de que la acciòn penal ambiental, debil y destrozada como està, tiene que ser fortalecida con una militancia mas convencida y firme, mas eficaz, porque es la mejor herramienta que tenemos para defender el futuro de nuestros hijos, para proteger nuestro planeta azul, para evitar el suicidio colectivo.
Un abrazo a todos y todas. Paz y bien para todo nuestro pueblo
Antonio Gustavo Gomez
Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán
correo oficial: agomez@mpf.gov.ar
www.fiscaliagraltucuman.gov.ar
0381 4311765 / 4311072



23 de septiembre del 2009



Las resistencias han logrado que se dicten leyes que prohiben la minería.
Entrevista a Maristella Svampa de Ecología Política de CLACSO - Argentina



Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales (EHESS) de París e integrante del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Ella estuvo en Lima por el Seminario Internacional, Luchas por el Territorio. Minería, Amazonía y Ecologismo Popular.


- ¿Cuál es al situación de las mineras en la Argentina y cómo estas afectan al medio ambiente?
- En Argentina es poco conocido el tema de la minería, en su nueva modalidad, que es la minería a cielo abierto, es una minería que se realiza con sustancias químicas. Porque efectivamente, Argentina a diferencia de Perú y Chile no tiene una tradición minera, en ese sentido digo que Argentina es un país agrario y cuando uno habla del modelo soyero, lo puede insertar en una suerte de continuidad imaginaria. En cambio respecto al modelo minero no, porque no hay una imagen acerca de que el modelo minero se haya desarrollado en alguna otra época. En todo caso, no ha habido una economía minera a gran escala. Lo que sucede, es que la expansión del modelo extractivista es general, que abarca toda la región: Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y en los años noventa como en otros países de América Latina, se reformaron las leyes mineras, partir del año 1993. Se adecuaron las leyes mineras, se hizo una reforma a la Constitución para poder abrir paso a la privatización de los recursos ya también a lo que de alguna manera caracteriza a la Argentina, que es la provincialización de los recursos naturales. Esta nueva legislación tiene grandes similitudes a las que se aplicó en Perú, Ecuador y Chile, que beneficia de manera escandalosa a las grandes corporaciones al tiempo que autoexcluye al Estado de la explotación de estos recursos. Si bien el modelo minero -uno pudiera decir que- juega un rol subalterno en relación al modelo soyero en Argentina, tiene una gran envergadura, porque abarca la mitad del país, 12 provincias de manera directa, 15 de manera indirecta, si tenemos en cuenta cuales son los puertos por donde partirían los minerales. Son 12 provincias que se encuentran en la región cordillerana, pre cordillerana y zonas montañosas.

Nosotros distinguimos cuatro regiones fundamentales, lo que llamamos el núcleo duro del modelo minero que abarca las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, que fueron las provincias pioneras y cuyos gobernadores en los años noventa fueron los que impulsaron las reformas legislativas, para posibilitar la entrada al nuevo modelo minero. En la provincia de Catamarca se ubica la primera mina a cielo abierto de la empresa La Alumbrera, que se instaló en Argentina en 1997, que hoy es severamente cuestionada y que está procesada por la Justicia Federal por graves delitos ambientales. Luego hay un primer círculo que es ocupado por las provincias del noroeste como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán donde -a excepción de Tucumán- hay una gran cantidad de proyectos mineros en exploración, no todavía en proceso de explotación. En muchas provincias encontramos poblaciones sumamente movilizadas a raíz del efecto La Alumbrera, de las grandes consecuencias sociambientales generadas por el funcionamiento de esta minera. Hay una tercera región, que es la Patagónica y abarca cuatro provincias argentinas, tiene su núcleo duro que es la provincia de Santa Cruz, cuenta con muchos emprendimientos mineros a cielo abierto. Pero en el resto de la Patagonia ha habido claras resistencias a la minería. Existen leyes que han sancionado y prohiben la minería a cielo abierto con estas caracaterísticas. Y luego existen en cuarto lugar, varias provincias que uno puede decir se encuentran entre las más ricas del país como Córdoba o Mendoza, en donde el modelo minero no pasó, en el sentido de que las resistencias han logrado que se dicten leyes que prohiben la minería en sus respectivas provincias.

- ¿Cómo está el proceso de resistencias?
- Es un panorama muy heterogeneo el de la Argentina con grandes asimetrías, donde encontramos provincias en las cuales está en pleno desarrollo el modelo minero y existen resistencias que son silenciadas, que tienen como respuesta por parte del Estado, procesos de judicialización, el hostigamiento, la censura y por otro lado, provincias que tienen un mayor nivel de diversificación económica, donde hay leyes que prohiben la minería a cielo abierto. Es importante destacar que el proceso de resistencia es relevante en Argentina, las mineras no se esperaban tales niveles de resistencia. La modalidad organizativa que se ha elegido en Argentina es la forma de Asamblea. Es importante destacarlo, porque marca como una diferencia respecto de otras modalidades organizativas en América Latina donde las afectadas son las comunidades campesino-indígenas, en Argentina son pequeñas y medianas localidades urbanas que han elegido organizarse como asambleas de autoconvocados, que son multisectoriales con un predominio bastante importante de las clases medias y activistas, muchos de ellos: maestros, comerciantes, productores, profesionales, que son los encargados de desarrollar o construir una suerte de saber experto independiente, para contraponer a la publicidad o el discurso de las mineras.

- ¿De qué manera las mineras intentan imponer su discurso?
- Una de las cosas más importantes en subrayar es que la Argentina, no es un país que ha tenido una economía minera a gran escala, en cambio hay una producción sociodiscursiva mayor, por parte de las empresas que buscan legitimar el modelo minero ante las resistencias importantes que hay en la población. Entonces, una de las características es que buscan esa legitimación a través de las universidades públicas, firmando convenios o inclusive en el caso de La Alumbrera, por existencia de una ley, que digamos ha sobrevivido a todos los cambios políticos y económicos que ha habido en el país, desde los años cincuenta hasta hoy. Distribución de fondos por parte de La Alumbrera a las universidades públicas. Es decir, la minería necesita unarse un linaje, unar mitos de origen, que la legitimen como tal, que tornen deseable el devenir minero de la Argentina, algo que no es evidente y que cuenta con una resistencia de las poblaciones.

- ¿Qué papel cumplen las Asambleas Multisectoriales en la resistencia contra las mineras?
- Las Asambleas Multisectoriales que hay en la Argentina se desarrollan en pequeñas y medianas localidades de diferentes provincias, son unas 70. Y están nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es el espacio que articula y que favorece además el intercambio y el conocimiento entre las mismas. Ese es el nivel más alto de coordinación, como nivel intermedio tienes a las asambleas regionales, (son multisectoriales y pluriclasistas) en este sentido quiero decir que hay, desde militantes ambientalistas, que son los pobladores, productores que ven amenazada su actividad, maestras, mujeres. No se autodefinen como campesinos sino como productores o agricultores. Hay profesionales, comerciantes es una variedad muy interesante, porque en definitiva uno encuentra, que muchos de ellos se han politizado a raíz que ven amenazado sus condiciones de vida, su territorio, han atravesado un proceso de politización rápida y radical. Vienen con reclamos puntuales pero rápidamente van incorporando nuevas demandas a sus plataformas discursiva y representativa. Y aquello que al principio era comprendido en términos particulares, luego lo es desde una óptica más general y con un lenguaje en el cual se enfatiza la territorialidad. Por ejemplo, la noción de bienes comunes sobre la noción de soberanía alimentaria. Entonces es un proceso muy importante. Por otro lado, inclusive se definen como ambientalistas casi como una sonrisa y muchos de ellos sostienen nosotros: somos ambientalistas por obligación no por opción. Y han tenido que incorporar nociones, conocimientos e información.

Hay que tener en cuenta que cuando las mineras llegan no suministran información. Por lo general, la gente al principio los esperaba -no digo de manera exultante-, pero con cierta expectativa de progreso y crecimiento económico. Luego cuando la gente mientras más se va informando, más se va indignando. Va incorporando muchos conocimientos e información. En Argentina hay una red inmensa que pasa por el espacio virtual, que implica mucho intercambio de información. Los más grandes conocedores de cuál es la dinámica del devenir minero, ese que no queremos para la Argentina, los que están más al tanto de como van los procesos de exploración, de si ha sido aprobado o no el informe de impacto ambiental, de cuál es la empresa transnacional que ha estado detrás de esto, son los asambleistas, que están todo el tiempo al pie del cañon, buscando información y generando conocimiento crítico.

- ¿Qué balance tiene de la política de medio ambiente de los gobiernos de los Kirchner?
- Refleja una clara continuidad con la política de los años noventa de Carlos Menem, que fue quien implementó este modelo. Más aún diría, en el caso de Kirchner, el 2002 firmó el Plan Minero y le dio un carácter de objetivo-estratégico. Y en el caso de Cristina de Kirchner, el 2008 vetó la Ley de Protección de los Glaciares, que había sido sancionada de manera unánime por la Cámara de Diputados. Detrás del veto a esta ley, estaba la presión de los gobernadores mineros y por supuesto, la presión de la Barrick Gold, que es la compañía que realizará un emprendimiento de grandes proporciones que es el de Pascual Lama, que implica Chile-Argentina. Es decir, hay una continuidad muy clara y también una impronta neodesarrollista, que muestra un modelo excluyente, pero a través de un lenguaje sofisticado, elaborado en torno a nociones como la de minería socialmente responsable, responsabilidad social empresarial, desarrollo sustentable y gobernanza. El término de gobernanza está como más implícito, las otras son nociones claves que articulan esta narrativa del desarrollo del plan de las empresas y del lado replicante del Estado. Hay una continuidad entonces en política de Estado, en las cuales el Estado no es sólo cómplice sino que es socio activo.

Por Mariátegui. “La revista de las ideas”
24 de septiembre del 2009



Misiones, sin injerencia en el proyecto Garabí



Así lo estipula el convenio de la Comisión Mixta argentino-brasileña, pese al impacto que causaría en la provincia.



OBERA, MISIONES. El Convenio de Cooperación entre Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa) y Electrobras (Brasil), acordado en 2008, expone claramente en sus cláusulas que la provincia de Misiones no tiene la más mínima participación formal en el proyecto denominado “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Río Uruguay”, léase represa Garabí. Es la Cláusula Tercera de este documento -donde se informa sobre la competencia de la Comisión Coordinadora- la que detalla que tanto las tareas concernientes a la “consecución del presente convenio” como la ejecución y archivo de los estudios de inventario quedan en manos justamente de esta comisión, constituida por un representante de la Secretaría de Energía de la Nación, de Electrobras, técnicos de ambas empresas y titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y Brasil.

Esto implica que, desde el punto de vista institucional y formal, Misiones adolece de toda representatividad y participación real en el marco de este convenio que brinda el marco formal al proyecto Garabí, a pesar de que justamente en la tierra colorada es donde los impactos negativos de la megaobra se harán sentir con mayor dureza.

El convenio binacional, en su Cláusula Sexta (“Del valor y del plan de aplicación de los recursos”) explicita que el “el valor estimado del presente convenio es de US$ 17.500.000 -diecisiete millones quinientos mil dólares americanos- correspondiendo al 50% a cada parte (Electrobras y Ebisa)”.
El monto especificado obedece a los gastos que generó el estudio de inventario, el impresionante mamotreto que PRIMERA EDICION dio a conocer hace algunas semanas, del cual participó la Universidad Nacional de Misiones, que de acuerdo a lo expresado por el coordinador de las investigaciones para Ebisa por la UNaM, Néstor Alvarez, sólo percibió 40 mil pesos.

Sobre este estudio de inventario, a principios de este mes, el presidente de la comisión Técnica Mixta para el proyecto Garabí, Bautista Marcheschi, dijo que “entre el 11 o 14 de septiembre se va a conocer el punto en cual estará Garabí”. Hasta ahora, vencido ese plazo, la información sigue brillando por su ausencia.

El costo de 17 millones y medio de dólares del convenio Ebisa-Electrobras fue confirmado por el titular de la cartera de Acción Cooperativa de Misiones, Luis Jacobo, en la última reunión de la Comisión de Presupuestos de la Legislatura de Misiones. Uno de los diputados que participó de esta reunión fue Ricardo Biazzi, quien consultado por este diario sostuvo que “Jacobo confirmó que ese era el monto ante el pedido de los legisladores de esa comisión”. En referencia a la nula participación formal de Misiones en el proyecto Garabí, Biazzi -quien presentó un proyecto solicitando un plebiscito por la represa- expresó que “hasta para la construcción de puentes u obras menores que afecten o vean comprometido el patrimonio natural de la provincia, se brinda participación formal a la provincia involucrada, por eso resulta insólito que Misiones hoy no tenga la más mínima injerencia real en un proyecto como el de Garabí, que tendrá consecuencias enormes para nuestra provincia”.

Con respecto a los recursos naturales que se verán seriamente comprometidos si la represa se llegara a materializar, otro diputado, Miguel López, consultó al ministro de Ecología de Misiones, Horacio Blodek, quien le señaló que no cuenta con ninguna información al respecto. Así las cosas, el cuadro de situación en cuanto a la falta de reacción del Gobierno misionero ante la absoluta exclusión en el proyecto Garabí, resulta cuanto menos, muy preocupante.

Volviendo al convenio de cooperación entre Ebisa SA y Electrobras, el mismo comprende una cláusula que restringe a la población del acceso a la información de los resultados de los estudios de Garabí, contexto que contradice todas las normas vigentes sobre acceso a la información. Se trata de la séptima del convenio (“Del uso y de la divulgación de los documentos”), que expresa: “Todos los documentos y comunicados provenientes de los trabajos del presente convenio deben ser tratados confidencialmente, salvo que exista autorización expresa de las partes o en los casos en que la divulgación provenga de una obligación legal”.
Es esta cláusula la que impide que los misioneros se enteren de los severos e irreversibles daños y enfermedades que provocará Garabí a dos cierres, advertidos en el Estudio de Inventario que hasta hoy nadie se atreve a dar a conocer oficial y públicamente como corresponde.



Estudios inducidos

Clara muestra de la manipulación a la que fueron sometidos los estudios ambientales y antrópicos realizados en el marco del convenio Ebisa-Electrobras, se condensa en el punto 4 (“Consideraciones metodológicas”) del manual “Términos de Referencia para los Estudios de Inventario”. Allí se induce a que “en lo que respecta a la Evaluación de Impacto Ambiental Integrada (EIA), los estudios deberán elaborarse considerando los estudios de la EIA de la cuenca del río Uruguay (tramo brasileño) realizado por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE)”. Esto significa sencillamente que los investigadores de las instituciones contratadas (en su mayoría universidades) estuvieron condicionados a adaptarse a los resultados de EPE, una empresa brasileña creada en 2004 para satisfacer la ejecución de varios proyectos hidroeléctricos necesarios para ese país.

Este manual de Términos de Referencia, adosado al convenio binacional, también deja al desnudo en su apartado “Historial”, que la posibilidad de hacer Garabí a dos cierres ya estaba predeterminada hace varios años y que nada tiene que ver con el supuesto “pedido” de Misiones para que se contemple esta chance. Nuevamente queda al desnudo que el Gobierno de la provincia no cuenta con la más ínfima cuota de inclusión dentro del proyecto, y que aquello del “reclamo de Misiones para que la represa se haga a dos cierres” fue apenas un triste intento de disimular ante los misioneros la completa marginación formal que la provincia tolera en relación al proyecto hidroeléctrico que hasta el momento nuestros gobernantes aceptan con la cabeza gacha.
Fuente: Diario, primera edicion, de Misiones


Conciencia Solidaria Misiones
concienciasolidariaobera@yahoo.com.ar
23 de septiembre del 2009
Santiago del Estero
“Las aguas que salen del dique transportan muerte”
“Las aguas que salen del dique frontal de Las Termas de Río Hondo transportan la muerte”, dijo el ambientalista y periodista Javier Rodríguez Pardo, integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). En diálogo con Nuevo Diario, el periodista que ha realizado diversas investigaciones sobre la minería a cielo abierto manifestó que en una recorrida que realizó en el embalse del dique frontal, “en lo primero que pensé es en exigir un estudio epidemiológico” porque “las aguas que salen de ese gigantesco estanque transportan la muerte”.

En esa oportunidad observó “peces inertes flotando y la putrefacción generada por la negligencia genocida, industrial y minera, escurre aguas abajo”, panorama que se completaba con la imagen “de niños jugando en el agua, por eso imaginaba a las familias de esas casas en la ribera, pensaba en nuestra responsabilidad y en la falta de acciones concretas. El silencio que sobrevenía en mis meditaciones era y es lacerante”.

Ante esta situación, el ambientalista manifestó que “cualquier vecino puede interponer una medida legal para proteger a su familia, su hábitat, su futuro y el de sus hijos” y agregó que “la mejor acción consiste en exhibir material filmado en colegios, instituciones intermedias y al aire libre. Distribuir información que diga las razones de por qué está procesado penalmente Julián Patricio Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera, por contaminación. Explicar que tal medida punitiva no es excarcelable”.

Dijo que “socializar información entre la población es la medida principal para combatir el dolo de la megaminería química metalífera a cielo abierto, explicar la contaminación, la destrucción de los territorios con la gran diáspora que genera y el saqueo de los bienes comunes, vulgarmente llamados recursos naturales”. Por ello consideró que “las movilizaciones populares y sus asambleas deben manifestarse porque los gobiernos hasta ahora son instrumentos de las corporaciones y los funcionarios, sus agentes”.


Fuente: www.nuevodiarioweb.com.ar