sábado, 26 de diciembre de 2009

Con participación democrática y asamblearia los cordobeses frenan a la

21 de diciembre del 2009
Córdoba, Argentina

Con participación democrática y asamblearia los cordobeses frenan a la
minería contaminante

En septiembre de 2008, en la provincia de Córdoba la Legislatura sancionaba por unanimidad una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, la actividad minera nuclear y el uso de toda sustancia química contaminante en cualquiera de las etapas de la industria extractiva. Las asambleas de vecinos autoconvocados celebraron entonces lo que consideraban un «triunfo» de la sociedad civil que, organizada, venía movilizándose por el derecho al agua y contra la contaminación.

La esperanza estaba puesta en la proyección que una ley de estas características podía tener sobre el resto del territorio nacional. ¡Traslasierra Despierta! (¡TD!) y ¡Ongamira Despierta! (¡OD!), dos de los grupos vecinales más movilizados por el tema, advertían también que en ese momento no se estaban realizando el tipo de explotaciones que la ley prohíbe y que, por lo tanto, la actividad minera tradicional ―abastecedora de materiales para la construcción― de la que viven muchas familias cordobesas no se vería afectada. El 31 de octubre del mismo año, desde su blog, ¡TD! volvía a festejar: «¡Se publicó la ley!». El boletín oficial del gobierno cordobés ya daba cuenta de la Ley 9.526.
A no dormirse
Durante los primeros días del mes de diciembre de 2009, los vecinos se ponían en «estado de alerta y movilización permanente». Parecía inminente la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Desde los valles de Traslasierra y Ongamira, en el oeste de la provincia, volvían a levantarse las consignas para defender el agua y el aire de la creciente ofensiva minera. Por otro lado, y a los pocos días, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvía rechazar los 3,3 millones de pesos que debía recibir como distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La Ley 14.771 del año 1958, responsable de la creación de YMAD, dispone que un porcentaje de las utilidades de esta empresa del Estado pase a formar parte de un fondo nacional a ser distribuido entre las universidades públicas. YMAD está compuesto por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. En el año 1994 conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera Limited (Xstrata, suiza) para explotar el Yacimiento Bajo de la Alumbrera. La resolución de la UNC solicita a las autoridades la revisión de los contratos mineros, la aplicación de sanciones correspondientes y manifiesta su apoyo a las comunidades afectadas por la minería. Según informa la propia empresa, la Alumbrera es uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo, produciendo anualmente unas 650 mil toneladas de un concentrado que contiene 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas troy de oro.
María Cuestas es abogada y asambleísta de ¡Traslasierra Despierta!. Tras recorrer los pasillos de los tribunales cordobeses buscando información sobre el estado de la Ley 9.526, detalla en esta charla cómo fue el proceso de participación que dio nacimiento a una norma provincial que intenta restringir al avance de la minería metalífera y nuclear. Además, María da cuenta de los poderosos intereses que hay detrás de la campaña mediática en contra de esa legislación, los mismos que pusieron en estado de alerta y movilización a las asambleas cordobesas.
―¿De qué se trata esa ley minera que se sancionó el año pasado?
Cuestas.―Concretamente la prohibición recae sobre cierto tipo de minería, la minería del tipo a cielo abierto y aquella que utiliza sustancias químicas y tóxicas contaminantes: ácido sulfúrico, ácido nítrico y otras sustancias que están enumeradas y que también se establecen en base a la ley que existe sobre residuos tóxicos.
―¿Existían en la provincia proyectos o algún interés creado respecto a esa forma de minería?
Cuestas.―Proyectos existían y varios. Mi colega, la Dra. Martínez Meijide, cuando fue a la secretaría de Minería de la provincia de Córdoba se encontró con un mapeo que parecía un queso Gruyère. Lleno de proyectos de explotaciones mineras y algunas pertenencias concedidas. Explotación activa de este tipo de minería no había, pero sí había un expediente con respecto al uranio, que es un tipo de explotación que también se prohíbe expresamente y específicamente en esta ley. Aparte de la prohibición de la minería del tipo a cielo abierto y de la minería que utilice sustancias tóxicas y contaminantes, también se prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad minera respecto de todo lo que son minerales nucleares como el uranio y el torio. Había unas solicitudes en la secretaría de Minería pidiendo la concesión de pertenencias mineras, por ejemplo, en el sector de Ongamira, para explotar oro, plata y derivados; y en el sector de Traslasierra, en la parte de las Altas Cumbres, afectando lo que es la Reserva Hídrica Pampa de Achala, había también una solicitud de concesión de pertenencia minera para la explotación de uranio. Esto entre otros tantos pedidos y solicitudes. También sufrimos en Cruz del Eje, donde habían concedido una pertenencia, a punto de ser explotada, de oro y plata.
―Es decir, si bien no se estaban explotando proyectos de esa índole, había intereses y un mapeo que daba cuenta de la existencia de esos minerales.
Cuestas.―Había como estos de Salsacate, en la zona de Cruz del Eje, que estaba ya con los pies puestos en la cancha, es decir, habían llevado maquinaria y todo. Estaban a punto de efectivizarse en algunos lados y otros estaban en marcha en lo que son las tareas previas: habían hecho algunas exploraciones y en base a las exploraciones estaban pidiendo la concesión de las pertenencias mineras. Ahora, explotándose, no había en el sentido técnico, donde ya empieza a ubicarse, a realizarse todas las explosiones propias para poder realizar las explotaciones a cielo abierto, todavía no. Pero sí, yo diría que había proyectos en marcha, solamente que no en una instancia de explotación. Algunos habían ya pasado la etapa de exploración, que es la primer etapa de minería y ya estaban a punto de explotar, y otros simplemente estaban solicitando explorar como en el caso de Traslasierra, que había una solicitud de permiso de exploración.
―¿Cómo se logra la sanción de la Ley 9.526?
Cuestas.―La ley se logra gracias al gran esfuerzo de toda la comunidad que se levantó en pie de defensa, no en pie de guerra, en defensa de los recursos naturales de la provincia, sobre todo del recurso agua, bosque, que es muy frágil en este momento, y sobre todo teniendo en cuenta que hay provincias hermanas que están sufriendo el flagelo de este tipo de minería. La sociedad se levantó toda a defender esos recursos naturales para que no se realice este tipo de explotación. No así el tipo de minería tradicional que se hace desde hace años en la provincia de Córdoba y con la cual no tenemos ningún tipo de prohibición. Esta ley no afecta a ese tipo de minería. La comunidad se levantó principalmente en el Valle de Punilla y en el Valle de Traslasierra, en Córdoba ciudad, y bueno, en realidad nos brindaron apoyo de toda la provincia y de todo el país. Gracias al esfuerzo de muchas asambleas que se juntaron, que estuvieron, que no dejaron un espacio sin cubrir de información, que estuvieron estudiando. Se organizaron muy bien, de manera que había marchas en Córdoba y a la par se estaba tratando de articular con las distintas instituciones de la provincia, se había pedido información a la Facultad, al Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo. Se obró en todas las áreas y de una manera muy democrática, asamblearia, pero muy democrática y ejerciendo el derecho de participación que tienen todos los ciudadanos.
―Recientemente las asambleas de Ongamira y Traslasierra circularon un alerta advirtiendo que la Justicia podría llegar a expresar la inconstitucionalidad de la ley, ¿en qué situación está este tema?
Cuestas.―Lamentablemente, hubo un artículo en un diario reconocido que salió en primera plana un día domingo, no recuerdo bien la fecha, fue dos o tres domingos atrás. En el Diario La Voz del Interior salió una noticia manifestando que existía una presentación por parte de la Cámara de Empresarios Mineros (Cemincor) y la Asociación de Profesionales ligados con la Comisión de Energía Atómica (Apcnean) que habían realizado al Tribunal Superior de Justicia, solicitando se declare inconstitucional esta ley. De la nota surgía la inminencia de un fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a este tema, lo cual nos alertó a todas las asambleas y a toda la población. En su oportunidad, en momento de aprobarse la ley, ellos mismos decían que era una ley «anti-susto» porque no había ningún tipo de explotación en la provincia, entonces evidentemente no afectaba ningún interés. Pero al parecer sí, como nosotros sabíamos que afectaba a intereses concretos, hicieron esta presentación. ¿Qué pasó? Al ir a las fuentes que estaban mencionadas en el artículo, es decir al TSJ, a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, dimos con la información de que esta presentación que habían hecho en mayo de este año estas dos instituciones, Cemincor y la Apcnean, simplemente tenía un decreto de autos a los fines de evaluar la admisibilidad de ese tipo de recurso. Es decir, el Tribunal en este momento está viendo si es formalmente admisible el concurso, de ninguna manera se va a expedir todavía sobre fondo. En caso que diga que es admisible, recién entraría en un proceso por el cual se le participaría a la Provincia para que realice su descargo y que oportunamente se dicte el fallo que corresponda. Ahora, si el Tribunal Superior de Justicia todavía no se expidió, si recién está viendo si admite o no este tipo de recurso, me parece que no existía noticia para dar. Evidentemente ha sido una manera, creo yo, particular de presionar a distintas instituciones como el Tribunal para que se expida más rápido.
―En el caso particular de La Rioja, una ley que prohibía la minería con el uso de sustancias químicas, al cambiar el escenario político, fue derogada. ¿Sienten que una situación de similares características podría vivirse en Córdoba?
Cuestas.―Todos sabemos, no solamente en Córdoba, sino en todas las provincias que tienen una ley de este tipo, que puede ocurrir. Lamentablemente, los intereses políticos, nuestros representantes y las banderas políticas que representan, los intereses económicos que están detrás de todo esto, van cambiando, y los intereses económicos siempre están para poder instar por parte de las empresas mineras a que esta explotación se pueda realizar. Por ende, brindan de su parte todos los recursos con los que puedan contar, tales como estos fondos que querían aportar a la Universidad (Nacional de Córdoba) y que algunas universidades aceptaron. Respecto de que esto pueda ocurrir en la provincia de Córdoba, esperemos que no, pero sí es posible en algún momento que cambie el ideario político y que también se vea en riesgo esta ley. Sería lamentable porque fue una ley que nació fruto del consenso y de la unanimidad de una legislatura con el apoyo total de la comunidad. Solamente hubo un escaso número de personas que se opusieron, por supuesto del área minera o industrial, pero que más que nada querían defender intereses de la minería de la tercer categoría, que no es la aceptada por la ley.
―¿Hay algo que te gustaría agregar?
Cuestas.―Me gustaría rescatar, si bien nos preocupa y pone alerta a las comunidades, que tiene que ver con que estamos luchando por un ambiente sano, equilibrado, como dice la Constitución, que de todo este movimiento surgieron muchas participaciones, un actuar que abarcó a distintos estamentos de la sociedad y que realmente sacó lo mejor de la sociedad misma. Se vió, por lo menos en Córdoba, la participación de todas las instituciones, de muchas áreas de gobierno y de muchas personas particulares sin ningún interés político, despojados de muchos intereses generalmente espurios que están dando vuelta. Fue muy emocionante ver el debate que se dio en la Universidad Nacional de Córdoba y la altura con la que se dio el debate, la altura de la resolución que se emitió respecto de esa universidad, lo que despertó en la sociedad de Córdoba todo este peligro. Despertó cosas buenas y se vio cómo la sociedad misma cuando se pone a trabajar en conjunto tiene logros indiscutibles.


Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik
para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.
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22 de diciembre del 2009

En medio de la polémica, inventariarán los glaciares

Justo cuando en el país está en el tapete la discusión por el impacto de la minería en los glaciares, el Gobierno de la provincia de San Juan, firmó ayer un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para hacer un inédito inventario de esas formas geológicas heladas que son valiosos reservorios de agua en toda la cordillera provincial, desde el límite con Mendoza al límite con La Rioja. El estudio, que durará alrededor de un año, costará $ 75.000 que saldrán de los fondos que produce la actividad minera, sobre todo las regalías, según fuentes oficiales.

El equipo que estudiará los glaciares estará integrado por el glaciólogo Pablo Milana y 4 estudiantes avanzados de geología bajo su coordinación. Justamente Milana es quien protagonizó un contrapunto con la productora televisiva Artear la semana pasada, porque denunció públicamente que lo tergiversaron al hablar de la polémica Ley de Glaciares, que ahora se estudia en el Congreso nuevamente, tras un veto presidencial que algunos sectores ambientalistas atribuyeron a presiones del gobernador José Luis Gioja y de la empresa canadiense Barrick. Milana apareció en un programa especial denominado "Glaciares, el último veto", que se transmitió en Canal 13 y TN, donde el sanjuanino aparece en posición contraria al veto, cuando él sostiene que en realidad lo justifica técnicamente porque tiene muchas imprecisiones.

La controversia con esa ley vetada radica justamente en que las definiciones de glaciares y sus tipos estaban poco acotadas, por ejemplo en lo que alude a "periglaciar" lo que, según la óptica oficial, atenta contra el desarrollo porque con la norma se protegían for-mas que no podían coexistir con obras de rutas o con el emblemático túnel por Agua Ne-gra. Tras el veto que aplicó Cris-tina Fernández el año pasado, algunos sectores ambientalistas dijeron que era para favorecer grupos de poder más que por cuestiones técnicas.

Así, en medio de la polémica, llegó esta decisión que según Gioja, no es como respuesta a los planteos de los ambientalistas porque "veníamos trabajando hace bastante con la Facultad de Ciencias Exactas, desde el año 80 y pico que quedó en hacerse, y ahora lo vamos a poder hacer y lo vamos a completar". Sin embargo, agregó que "va a servir obviamente para esclarecer, para evitar las fantasías y cosas que se dicen de esto".

El gobernador apuntó en el acto -donde estuvo acompañado por Milana, el rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y el decano de Exactas Rodolfo Bloch, entre otros- que con este estudio la provincia también "se podrá anticipar" a los preceptos de lo que hasta ahora formulaba la ley vetada, que era hacer un registro de los glaciares en todo el país. Y que los resultados se complementarán con lo que exija la norma, una vez aprobada nuevamente, ya que todos los sectores coinciden en que es necesario proteger estas geoformas, principalmente como fuente de agua. Esto último no es un dato menor porque la ley vetada estipulaba que todo el registro glaciológico iba a estar a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con sede en Mendoza, lo que Milana aseguraba que era reprochable porque atenta contra el federalismo.

Fuente: Diario de Cuyo, San Juan
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24 de diciembre del 2009
Argentina -PROMUEVEN EN EL PAÍS LA CREACIÓN DE “TRIBUNALES AMBIENTALES”



La iniciativa es respaldada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel entre otros. Una de las organizaciones impulsoras es la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, su presidente Enrique Viale dijo: “Hay que resguardar el orden público ambiental”.

Las cuestiones ambientales y el Derecho Ambiental (DA) tienen dificultades propias que sin dudas requieren de un tribunal especializado que pueda ayudar a resolver las problemáticas ambientales. Por eso Ipodagua.com.ar entrevistó a Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, quienes junto a Adolfo Pérez Esquivel impulsan la creación en nuestro país de Tribunales Ambientales, “el Derecho Ambiental presenta distintas dificultades para resolver el conflicto, entre ellas podemos ver la dificultad en la etapa probatoria, muchas veces la agilidad que tienen mucho de los juzgados con el Derecho Ambiental y como este ha venido a transformar la totalidad del ordenamiento jurídico”, explica Viale y sigue, “Para nosotros es una meta a seguir la creación de Tribunales Ambientales con la puesta en marcha de Fiscalías Ambientales, con fiscales especializados y con conocimiento de la problemática”, puntualiza el entrevistado.
También de concretarse se “incluye la necesidad de contar con un cuerpo de Peritos especializados. Todo esto para tratar de igualar las diferencias que se dan en los pleitos y en las contiendas judiciales ambientales donde existe una mega empresa y del otro lado un pueblo desprotegido”.
En esa línea el abogado fundamenta la propuesta explicando que, “hay que resguardar el orden público ambiental, que en este momento depende mucho de las organizaciones sociales, pero no hay intervención del Ministerio Público, por eso resulta imprescindible en un primer paso la creación de fiscalías ambientales”.
Consultado sobre si habría que capacitar a los actuales fiscales o debería ingresar nuevos profesionales, Viale explicó, “lo ideal sería que ingresara nueva gente, que venga ya formada con especialización, y que el ingreso sea por concurso. Que ese concurso haga una lupa en cuestiones ambientales. Por supuesto puede haber una capacitación conjunta de los actuales fiscales, pero más interesante sería el ingreso de nuevas personas”.
Con respecto al curso que Viale dictó sobre “Herramientas Jurídicas ante el avance de la Minería a Cielo Abierto” en la Universidad de Córdoba, y del que participó Ipodagua, el abogado explicó algunos conceptos sobre el Derecho Ambiental, “El DA interpela la totalidad del Derecho, se va transformando, es como una flecha que va cruzando todo el ordenamiento jurídico en las distintas ramas del Derecho (Civil, Penal, Administrativo, etc.) y a medida que lo va cruzando lo va transformando. Comprender esa transformación es el desafío del momento”.
Fuente: Ipodagua.com.ar

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23 de diciembre del 2009
Ambientalistas de Andalgalá insisten con su lucha

Realizan una medida de protesta con cortes de ruta, pero dejando circular a los habitantes de la

zona y pueblos aledaños. Rechazan nuevos emprendimientos mineros y exigen la presencia de Sinner.


A través de un comunicado de prensa hacen saber que "con la esperanza enarbolada, los vecinos de la comunidad de Andalgalá bajo uno

de sus algarrobos, acompañados por la brisa del distrito El Potrero de Santa Lucía, invocando la protección de Dios; fuente de toda razón y

justicia y al amparo de esta naturaleza privilegiada, comparten opiniones dando la bienvenida a todos los mensajes de apoyo de

asambleístas de todos los puntos del país, que alimentan nuestras fuerzas para continuar resistiendo a esta nueva amenaza que intenta destruir LA VIDA".


Agregan que "desde la alegría de estar reunidos, compartimos el aroma del jariyal, la leña que calienta el disco en el que se cocinan las

verduras que comeremos, el son de la guitarra que acompaña canciones cuyas letras exaltan la maravilla del paisaje que nos circunda.

Desde hace dos días convivimos en este compartir cotidiano, reflexionamos y analizamos el proceso de maduración de grupo acerca de

situaciones vividas y que hoy reeditamos para reafirmar nuestra decisión indeclinable en defensa de este lugar del mundo al que amamos,

del cual somos parte y que elegimos para vivir y perpetuar a nuestra descendencia, con el derecho que nos asisten las constituciones

nacional, provincial y nuestra Carta Magna Orgánica Municipal".



Aclaran que la extensa Bandera Argentina la cual desplegamos en el camino comunero se eleva toda vez que pobladores de zonas

aledañas, trabajadores, agricultores, taximetreros, docentes, alumnos, etc. necesitan pasar, a quienes también agradecemossus gestos de

solidaridad y acompañamiento, sin que por ello dejemos de lado, velando día y noche nuestro objetivo máximo: impedir el paso de los

camiones de las empresas mineras que transportan combustible entre otros insumos, para la explotación que amenaza el cause de los

ríos, la fertilidad, la tierra, en definitiva la vida.


Celebran el hecho auspicioso de que el Concejo Deliberante de Andalgalá el día 16 del corriente mes y año solicitó la presencia de

autoridades de la Secretaría de Minería de la Provincia para tratar “esta afligente problemática”, conforme lo expresado públicamente por el

señor Presidente de dicho cuerpo deliberativo; a quienes comprometemos expresar la verdad al pueblo de Andalgalá, la Provincia y el

País, conforme a documentación oficial obrante en poder de estos vecinos y también de las autoridades precitadas".


Finalizan diciendo que "ninguna indemnización y/o dinero, quebrará nuestra convicción de que LA VIDA VALE MAS QUE EL ORO, a la

que no renunciaremos. Por ello queremos un “TERRITORIO PURO Y UNA BIODIVERSIDAD INMACULADA, PARA NUESTRA

POSTERIDAD Y PARA TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO QUE QUIERAN HABITAR NUESTRA TIERRA”.


Fuente: Catamarca Online
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22 de diciembre del 2009

La Rioja, Argentina

Una minera buscará uranio en la Rioja
La compañía, con sede en Vancouver, alcanzó un acuerdo con la firma B Syndicate para incorporar nuevos activos uraníferos en los próximos dos años. La minera, que en total operará áreas por 14.000 hectáreas de superficie, tomó la decisión de venir a la Argentina con el asesoramiento de Andrés Lencinas, quien durante mucho tiempo fue Jefe del Distrito Norte de Exploración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Su experiencia lo posiciona como uno de los técnicos que más conoce el potencial metalífero de la zona.


“En las áreas adquiridas se han identificado un gran potencial para acoger de mineralización de uranio. Se trata de cateos similares a las cuencas geológicas productivas en el oeste de EE.UU., que han sido explotadas por cientos de millones de libras de uranio”, comparó la compañía a través de un comunicado. Sin embargo –agregó-, los bloques riojanos no han sido sometidos a un nivel intenso de exploración o extracción como el registrado en el país del Norte, con lo cual hay que avanzar en el estudio geológico y geofísico de los prospectos.

Wester Uranium Corporation destacó el aval el Gobernador riojano, Luis Beder Herrera, le dio a la minería metalífera. El año pasado el mandatario impulsó una ley para favorecer la explotación minera de los reservorios. Curiosamente, un año antes había defendido una iniciativa para frenar el desarrollo de extracción metalífera. Ahora, esa polémica parece haber quedado atrás.
Fuente: El Inversor Energético
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21 de diciembre del 2009

Chubut, Argentina

A defender la Ley que prohíbe la minería contaminante

Desde Trelew y Puerto Madryn inician campaña de firmas para RECHAZAR las pretensiones del gobierno de Das Neves de DEROGAR la ley 5001 que PROHIBIE la minería contaminante en Chubut. Se suma también Comodoro Rivadavia. Esto es una demostración de la VOLUNTAD POPULAR ante la descarada iniciativa del gobierno chubutense.

Descargá la planilla en: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-chubut/a-defender-la-ley-que-prohibe-la-mineria-contaminante

En adhesión a la Campaña De Firmas iniciada por los Foros Ambientales y Sociales (FASP) de Trelew y Puerto Madryn, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, realizarán una junta de firmas, pegatina y entrega de folletos informativos por las calles céntricas de la ciudad. La actividad lanza la campaña de firmas en defensa de la ley 5001 y será realizada por el Foro Ambiental y Social Comodoro Rivadavia.
Petitorio de la planilla:

NO A LA MEGA-MINERIA A CIELO ABIERTO
CON USO DE SUSTANCIAS TOXICAS

A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia del Chubut: Los abajo firmantes manifiestan por medio de la presente, su total desacuerdo con el Proyecto Navidad y con cualquier otro proyecto minero a cielo abierto y con sustancias contaminantes en la provincia del Chubut.
Este tipo de proyectos son anticonstitucionales, ya que violan el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley provincial vigente número 5001, además de ser perjudiciales para el desarrollo sustentable, el ambiente y la salud de las poblaciones de la meseta y de toda la provincia. Producen contaminación peligrosa y grave deterioro de las economías regionales.
Solicitamos por tanto se anulen estos proyectos, y se remedien los territorios ya explotados y/o explorados. Así mismo solicitamos se informe debidamente a todo el pueblo de la provincia, y se lo consulte antes de modificar cualquier ley o de poner en marcha cualquiera de estos proyectos. Atte.

Fuente: www.noalamina.org
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21 de diciembre del 2009

SAN JORGE El pueblo que se rebeló contra los agroquímicos

Vecinos, concejales y diputados debaten los límites a las plantaciones de soja y al uso del glifosato.


Ubicado en el extremo centro-oeste de Santa Fe, San Jorge es uno más de los municipios que se volcaron a la producción de soja. Lo que alguna vez fue una zona ganadera y lechera giró al monocultivo. Allí se gestó, en el último año, lo que muchos no dudan en llamar “bisagra” sobre el debate por el uso de agroquímicos.

Durante mucho tiempo hubo denuncias sobre los problemas de salud que, según los vecinos, generan las fumigaciones. La gota que colmó la paciencia de los habitantes del Barrio Urquiza, en el extremo norte de San Jorge, fue el cuadro de broncoespasmo que presentó una nena de dos años en octubre de 2008 luego de que rociaran glifosato en un campo lindero a su hogar. Los exámenes médicos señalaron que sus problemas respiratorios se debían a las sustancias usadas en las aspersiones. Los vecinos se autoconvocaron y hubo dos sucesos que alteraron el panorama: la presentación de un recuso de amparo ante la Justicia, que prohibió las fumigaciones en el barrio; y la creación de un ente de Medio Ambiente municipal.

Reforma en espera. Esto sirvió para motorizar una reforma a la Ley de Fitosanitarios en la Cámara de Diputados provincial. Se busca incorporar una franja de seguridad entre el ejido urbano y los campos. El debate se empantanó: en la Comisión de Medio Ambiente, el dictamen estableció 300 metros, (los vecinos pedían 500) y en Agricultura se bajó a 100. Uno de los impulsores de la reforma, el diputado Antonio Riestra, de Solidaridad e Igualdad remarca que “hace cinco años que insisto con esto. Se perdió la esencia y los 100 metros es lo mismo que nada”. El bloque del FPV también es crítico. “La mayoría no se animó a modificar la ley, estaban con los intereses económicos de los sectores agroquímicos”, sostuvo el legislador K Enrique Marín. Todo indica que habrá que esperar a mayo del 2010, salvo que en extraordinarias el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, proponga debatir la ley.

Negocios y salud. “Se basan en ingenieros agrónomos, cuando uno se siente mal no va al agrónomo; yo no niego su capacidad, pero en temas de salud me quedo con la opinión de médicos y biólogos”, asegura Esteban Roglich, concejal de San Jorge.

Quien más comercializa los productos es el grupo de siembra directa, Aapresid. Su presidente honorario es Víctor Trucco, oriundo de San Jorge. A mitad de año habló ante los vecinos en un encuentro sobre el tema. Allí afirmó que “debemos hallar la forma de coexistir para poder sostener esta producción que es la que da empleo, riqueza al pueblo y también mejorar la calidad de vida de todos”.

Para Riestra, “no se puede librar al mercado o a las prácticas agrícolas una responsabilidad estatal. Si esto es un problema de salud, no hay discusión, es una responsabilidad de la provincia legislar sobre ello”. Roglich apunta al glifosato, que “cada año incluye más toxicidad en la cantidad de coadyuvantes, como el endosulfán. Además, antes de fumigar, los productores entregan la receta agronómica a las autoridades. Yo quisiera ver si la receta tiene los mismos elementos que se introducen en los mosquitos”.

Hace un año, el municipio activó una Secretaría de Medio Ambiente. “Había control, se pedían las recetas y estábamos cubiertos”, asegura Mariela Marionsini, titular del área, sobre el orden previo a la secretaría. “Ahora es más exhaustivo. Si no hay receta, se los multa”.

Marionsini justifica que el municipio haya apelado el recurso, algo que también hizo la provincia, a la par de los propietarios de dos campos afectados por la medida, alegando que había registro de las recetas.

La cuestión de los silos. Al mismo tiempo se debate el tema de cómo se almacenan los granos. Para los más críticos, Santa Fe no tiene una legislación acorde. Carlos Manessi, de la campaña Paren de fumigar, dice que, “los silos de cereales son dañinos. Cuando se ventea el cereal que está en el silo, cosa que se hace todos los días para que no se humedezca, vuela una cascarilla que lleva todo el veneno que traen del campo, y esto produce problemas de salud en la ciudad”. Justamente, los silos están dentro de los ejidos urbanos.
Según Roglich, “los intereses económicos parecen ser más importantes. Esto no se arregla con un alambre de por medio”. Para él, también hay que controlar cómo se rocía: “A nivel aéreo, aún fumigando por encima de los 500 metros que marca la ley, ellos dicen que vuela sólo dos metros, y es falso, porque con vientos favorables pueden llegar micropartículas a tres kilómetros”. En igual sentido opina Carlos Martín, subsecretario de Medio Ambiente, para quien también es clave la urbanización. Es que el ejido se confunde con los campos, provocando el contexto actual. “Hay que hacer un ordenamiento territorial ya”, estima.
El tema se quiso legislar con una ley, la 12.824, que fue vetada por el gobernador Hermes Binner. La norma establecía un plazo estimativo por el cual las cerealeras trasladarían los silos fuera de las ciudades, al menos a un kilómetro. Muchos ven la mano de las grandes empresas del sector en que no haya una ley sobre esto. Desde el gobierno provincial se defienden diciendo que la ley avanzaba sobre potestades de los municipios, y afirman que la vigente resolución 177 de la Secretaría de Medio Ambiente regula la cuestión, garantizando condiciones de seguridad e higiene dentro de las ciudades. Para los críticos, esto es dejar al libre albedrío a los productores, a quienes se les hace completar una declaración jurada. Si bien hay controles del estado provincial, todo sería menos confuso con una ley como la que se vetó.

Centro de Protección a la Naturaleza

Coordinación de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
www.cepronat-santafe.com.ar

lunes, 21 de diciembre de 2009

URGENTE: Corte de ruta en Andalgalá

de diciembre del 2009
Catamarca, Argentina

URGENTE: Corte de ruta en Andalgalá

Un centenar de Vecinos por la Vida, de Andalgalá, Catamarca, decidieron cortar el movimiento de suministros desde y hacia AGUA RICA y La Alumbrera. La medida se tomó constituyéndose en asamblea permanente en defensa de la tierra ante los sucesivos avances mineros que terminarán de arrasar la región.


Agua Rica se trata de un mega emprendimiento minero tres veces superior en magnitud al de La Alumbrera que, según se prevé, iniciaría la explotación sistemática a comienzos del verano próximo. La Alumbrera, en cambio, ya viene contaminando y destruyendo territorios en inmediaciones de las poblaciones de los Valles Calchaquíes, Andalgalá, Belén y Santa María, entre otras. Drenajes ácidos de su dique de colas y el mineroducto Andalgalá - Tucumán, sintetizan la contaminación irreparable que sufren.


Vecinos por la Vida es el colectivo de autoconvocados de Andalgalá (integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanbas (UAC) que decidió cortar el paso de los vehículos mega mineros, repitiendo acciones realizadas durante el año. La resistencia de los pueblos es un hecho en los Valles Calchaquíes al rebelarse de manera conjunta las comunidades originarias diaguitas-quilmeñas-calchaquíes y los habitantes de las poblaciones señaladas.
Los camiones mineros intentaron sortear los piquetes de los autoconvocados, razón por la que los partes de prensa de los autoconvocados andalgalenses reclaman que el resto de las poblaciones de los valles calchaquíes frenen el movimiento de estos gigantescos transportes a medida que intenten evitar los cortes de ruta, preocupados únicamente por impedir el paso de los vehículos mineros.


"Si Agua Rica se lleva a acabo, el pueblo de Andalgalá terminará en pleno éxodo cuando no directamente expulsado del medio. Los yacimientos metalíferos de Agua Rica se extienden hasta las propias viviendas de ese pueblo catamarqueño," así se expresa el movimiento de pobladores acompañando un texto que finaliza: " ANDALGALA NO SE VENDE, SI A LA VIDA."


Para mayor información:
Juana Ester Cabrera: 03835-15525746
Sergio Martínez: 03835-15528071
Susana Olivera: 0383157693024

Fuente: www.noalamina.org.ar
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15 de diciembre del 2009

COMUNICADO DE PRENSA:

Los "Vecinos por la Vida de Andalgalá", ante los últimos hechos de nuestros funcionarios que vendieron la ciudad de Andalgalá a la Empresa "Billintong Argentina BV" mediante Expte. Nº 770B2005 caratulado "Pilsiao 16" para la Prospección y Exploración, etapas previas para la Explotación, nos vimos en la urgencia de salir a defender nuestra tierra, en asamblea permanente en el camino comunero que va a los Distritos Chaquiago y Potrero y luego a Mina Agua Rica, no permitiremos que esta empresa nos destruya y contamine, porque LOS NEVADOS DEL ACONQUIJA FUERON DECLARADOS SANTUARIO DE LA NATURALEZA POR NUESTRA PROPIA CARTA ORGÁNICA, EN CONSECUENCIA NO SE PUEDEN TOCAR .

RECHAZAMOS, REPUDIAMOS Y RESISTIREMOS ESTOS ACTOS DE ENTREGA.

El tema va más allá de la contaminación, vienen por todos nuestros recursos naturales, incluidos nosotros, porque estamos siendo expulsados de nuestro pueblo.
El Departamento de Andalgalá NOS PERTENECE, como así también todos los Distritos. Acá elegimos vivir, acá criamos a nuestros hijos, amamos esta tierra, esta ciudad fue construida por nuestros abuelos y la seguimos construyendo, por eso es nuestra, no le pertenece a una empresa minera, ni al gobierno, esta tierra es de nosotros.


FUERA BILLINTON ARGENTINA BV
FUERA XTRATA (Alumbrera)
FUERA YAMANA GOLD (Agua Rica)

SI A LA VIDA
SI AL AGUA PURA
SI A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
SI A NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL




Marcos Aldo Flores (03835) 1552-0016
Juana Esther Cabrera Cel. (03835) 1552-5746
Sergio Martínez (03835) 1552 - 8071


benditatierramia@gmail.com
sergiomartinez103@hotmail.com
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14 de diciembre del 2009
Comunicado de prensa

Por la defensa de la Ley de Córdoba


El viernes 11 al mediodía miembros de la ong Interprovincial Conciencia Solidaria de Córdoba,Buenos Aires y Tucumán realizaron una tarea de difusión ante las puertas de tribunales de la ciudad de Córdoba.

Ante el planteo de inconstitucionalidad a la ley 9526 de protección contra la minería metalífera a cielo abierto y la explotación de uranio en cualquiera de sus formas, elevado por La Cemicor y profesional de la Cnea nos movilizamos a tribunales de la ciudad de Córdoba. A fin de difundir la problemática se repartieron volantes denunciando la maniobra de los mineros que acechan los yacimientos protegidos por la ley provincial.

Dos representantes de la ciudad de Córdoba de la ong Conciencia Solidaria fueron invitados a pasar a Tribunales y fueron recibidos la Sra.Torres Aliaga de la Secretaria Electoral y Leonardo Altamirano, representante de prensa del tribunal Superior de Justicia. Con mucha amabilidad Altamirano aclaró la instancia en que se encuentra el planteo de la Cámara de empresarios mineros e integrantes de Cnea Córdoba.
Altamirano nos aclaró que la Cámara recién está viendo si se le da cabida para analizar esta presentación. Es decir que el TSJ está analizando si se rechaza o acepta el ingreso del planteo de la Cemicor.

Diario La Voz,¿ Impresisiones o equívocos intencionados?

La semana pasada en una nota publicada en el diario La Voz del interior, el periodista Sergio Carreras afirmó:

"Última etapa en el Superior. Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el planteo contra Ley Antiminera ya ingresó en su última etapa y se está redactando la sentencia. "El tema está en la sala electoral por competencia originaria y, por ser un planteo de inconstitucionalidad, deberán intervenir los siete miembros".

¿A dónde apunta Carreras? Sin duda adolesce de una correcta descripción sobre las instancias del planteo minero ante el TSJ. También se equivoca el periodista al llamar ley antiminera a la ley 9.526 que no es de prohibición absoluta de la actividad sino que regula sobre determinadas modalidades mineras. Estos equívocos nos generan graves sospechas sobre la intencionalidad de la nota publicada y a quien intenta beneficiar.

Por otro lado, a pedido del propio diario la voz del Interior, la ong Conciencia Solidaira elevó una nota referida a la ley 9.526 que aún no fue publicada.

Esperamos que el diario de publicación a esta nota y la enviada por el presidente de Funam, Dr. Raúl Montenegro.

Cristina Martín
Coordinador
ConcienciaSolidaria, Ong Interprovincial
www.concienciasolidaria.com.ar

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17 de diciembre del 2009


LEY 9526, La Gran Tirada no siempre es La Gran Verdad

En oportunidades, recién al verse comprometido con el servicio de informar, un individuo puede llegar a comprender la responsabilidad que ello significa. A lo largo de los años, paulatina y gradualmente, la vida ofreció a mi ser ciertas y determinadas tareas. Todas ellas de incidencia y participación directa en los campos filosófico, antropológico y sociológico. La actividad periodística fue surgiendo como una inevitable consecuencia de ello. La disponibilidad para asistir la actual situación planetaria fue, es, y será siendo, en la medida que mi propia consciencia interna lo impulse, lo que respalde nuestro desempeño radial y gráfico, así como otros perfiles de la defensa del delicado equilibrio planetario. Desde ese lugar, encontrarnos con aspectos de la información manipulados o saboteados, o, simplemente, indebidamente chequeados, nos estimula a permanecer más atentos a la hora de realizar aportes a oyentes o lectores.

El domingo 6 de diciembre de 2009, en primera plana, como en las dos páginas subsiguientes, La Voz del Interior, prestigioso diario cordobés, por medio de uno de sus periodistas estrella, Sergio Carreras, informaba que el Tribunal Superior de Justicia estaba redactando la sentencia respecto a un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 9526, presentado ante ese Tribunal por CEMINCOR (Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba) y la APCNEA (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica). Dicha Ley establece la prohibición en territorio cordobés de la explotación de megaminería metalífera a cielo abierto con métodos de lixiviación y la explotación de uraNiO bajo cualquiera de sus formas. La norma fue presentada por el Ejecutivo cordobés, bajo el mandato del aún gobernador Juan Schiaretti a la Legislatura Unicameral, siendo aprobada por mayoría casi absoluta. Habiendo obrado fuertemente en aspectos informativos, que los legisladores necesitaban conscientizar, organizaciones y asambleas dedicadas a la protección del ambiente y los patrones socio culturales, tales como las del lema Despierta! -Ongamira, Traslasierra, Capilla del Monte, etc - y la ONG Conciencia Solidaria.

La reacción ante lo publicado por La Voz fue inmediata por parte de las citadas organizaciones. En los días subsiguientes representantes de las mismas se hicieron presentes en el Tribunal Superior de Justicia. Si lo publicado era cierto, no había tiempo que perder, buscando llegar hasta los responsables del Tribunal con la clara intención de aportar las pruebas y conocimientos necesarios para quienes debían determinar un fallo histórico. Afortunadamente el prestigioso diario nos había advertido; pero, las informaciones que el Jefe de Prensa, y la Cámara Electoral del Tribunal Superior de Justicia ofrecieron, nos dejaron gratamente desconcertados a quienes habíamos acudido. El diario había publicado una información errónea. El pedido de inconstitucionalidad mencionado no estaba ya para recibir sentencia por parte de los siete miembros del TSJ. El Tribunal estaba decidiendo la condición de aceptabilidad del mismo. Dicho de otro modo, viendo si se daría curso al incongruente pedido. La diferencia entre lo publicado por La Voz y lo que realmente sucedía en Tribunales era abismal. Se supone que, lo mismo que realizamos quienes fuimos al Tribunal en búsqueda de información fidedigna, fue hecho por el periodista Carreras a la hora de escribir su nota dominguera. El Jefe de Prensa del TSJ declaró a quien escribe la presenta nota que la misma información que nos estaba dando a nosotros la había entregado al periodista de La Voz. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Aun no podemos desentrañarlo, ya que Sergio Carreras no nos ha contestado los mails donde se le solicitaban aclaraciones acerca de la mala información publicada. ¿Se puede publicar cualquier supuesta información que cambie el sentido estricto de la verdad sin que medie alguna caución del tipo que fuera? Al menos, aunque no remedie en absoluto las consecuencias que muchas noticias falsas generan, una fe de erratas digna nos permitiría borrar la impresión de que cierta intencionalidad estuvo ausente en quienes, por sobre encima de cualquier otra cosa, deben ser los ojos y oídos de una sociedad que deposita en ellos la confianza de ser informada. Lamentablemente, esa frase hecha -cada vez más popular y cierta- de que la información sirve hoy para ocultar la información, es cada vez más precisa. A las pruebas nos remitimos.

Mientras tanto, las organizaciones en defensa de la vida seguirán de cerca el proceso que deberá desenvolver el Tribunal; para salvaguardar la preciosa Ley 9526 que asegura la continuidad de la minería tradicional cordobesa y exime a Córdoba del peligro irreparable de la megaminería metalífera y uranífera.

Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial

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16 de diciembre del 2009

En coherencia moral con la Ley 9526, rechazo de Fondos de Bajo La Alumbrera por parte de la Universidad Nacional de Córdoba.

En un fallo moralmente coherente con el espíritu de la Ley 9526 que prohíbe en la provincia de Córdoba la explotación megaminera metalífera a cielo abierto y la explotación de uranio, la Universidad de Córdoba rechazó los fondos provenientes de Minera Bajo La Alumbrera; empresa que está aniquilando los patrones socio-ambientales y económicos de la provincia de Catamarca. Entidades abocadas al cuidado de la vida planetaria en términos eco-ambientales, se hicieron presentes colmando los espacios perimetrales del recinto donde quienes debían definir la recepción de estos fondos se hallaban reunidos. Las asambleas del lema Despierta! con representantes de Ongamira, Capilla del Monte, Traslasierra, junto con miembros de la ONG Conciencia Solidaria, manifestaron con su presencia y algunos comentarios aportados espontáneamente, el motivo que los convocaba. También se hizo presente el Presidente del FUNAM, Raúl Montenegro, quién reconoció en esta histórica decisión el adecuado rumbo a seguir en otros ámbitos y competencias. La votación se definió del siguiente modo. Seis a favor de la captación de fondos; una abstención; y 29 en contra de la captación de fondos provenientes de la minera de referencia. De este modo la decisión de la UNC pasará a operar como un referente de alto valor en la lucha contra las multinacionales megamineras.

Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial
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17 de diciembre del 2009

Incendio intencional y sospechoso suicidio en Campana Mahuida.
La megaminería tóxica se cobra las primeras víctimas en la provincia de Neuquén.

Desde el Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén denunciamos los trágicos hechos acontecidos en los últimos días en Campana Mahuida, localidad ubicada 285 kilómetros al noroeste de Neuquén Capital.

El viernes 11 de diciembre en horas de la tarde se produjo un incendio en tres galpones del campo propiedad de María Rosa Destefanis y Adriana Claudia Carlini.

Las primeras pericias policiales determinaron que el incendio fue provocado intencionalmente.

Las afectadas son militantes activas de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACaM) que se opone a la mina de cobre a cielo abierto en el cerro Tres Puntas (1).

El proyecto de extracción minera es impulsado por el Gobierno Provincial y la Corporación Minera de Neuquén (CorMiNe), que ha adjudicado a la empresa MCC -de capitales chinos- las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, donde se encuentra el yacimiento de cobre.

El principal sospechoso del atentado es el señor Santiago Almendra -trabajador a cargo de tareas de mantenimiento en el campo, y ex empleado de CorMiNe- que fuera visto en las inmediaciones de los galpones el día del incendio. El sujeto no llegó a declarar sobre los hechos ya que apareció ahorcado el lunes 14 de diciembre por la mañana.

El fiscal a cargo de la investigación es Marcelo Cofre, de la Fiscalía de la Ciudad de Zapala.

Como figura en la denuncia radicada en la Comisaría 26 de Loncopué, el incendio provocó cuantiosos daños materiales (en el orden de los cien mil pesos) a las propietarias, además de alimentar el miedo y la sensación de desprotección que crece en la comunidad.

Al momento de redactar este comunicado nos encontramos a la espera de los resultados de la autopsia que determinará las causas de la muerte de Santiago Almendra, así como el resultado de las pericias policiales relativas a las causales del incendio.

En circunstancias que exigimos se esclarezcan de inmediato, el principal sospechoso aparece muerto, lo que siembra muchas incógnitas sobre la responsabilidad material e intelectual del atentado. Cabe destacar que Almendra tenía un lazo afectivo de muchos años con las dueñas del campo, además de ser de público conocimiento sus problemas de violencia y alcoholismo, así como su postura a favor de la minería a cielo abierto.

Las amenazas son frecuentes para los y las asambleístas del No a la mina. Ya son varias las denuncias por agresiones físicas contra vecinos y vecinas militantes en las calles de Loncopué, atropellos en los autos que tienen las calcomanías del No a la mina, persecuciones en la ruta a las activistas de parte de camionetas sospechosas.
Estos son algunos de los manejos mafiosos que caracterizan el accionar del lobby pro-minero en Neuquén, pero también en todas las latitudes donde crece la resistencia a la megaminería a cielo abierto. Desde las sombras están sembrando el miedo para doblegar la voluntad de quienes se oponen a los proyectos de muerte, saqueo y contaminación de la megaminería tóxica.

EXIJIMOS:
- Esclarecimiento de los hechos: profesionalidad, transparencia y celeridad en la investigación judicial.
- Juicio y castigo a los responsables.
- El cese en las agresiones y persecuciones a la ciudadanía comprometida en la defensa del medio ambiente.
- La generación de fuentes de trabajo genuino sin destruir las posibilidades de desarrollo presente y futuro, en armonía con el ambiente.
- Una ley que prohíba la mega minería tóxica en la provincia


CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN,
¡RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN!
NO A LA MEGAMINERÍA TÓXICA
SI A LA VIDA
¡NO PASARÁN!

Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén
www.foropermanentep orelmedioambient e.blogspot. com
foperma@gmail. com

Contactos:
- Viviana Vaca (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué): Celular 02942 – 15662502
- José María D`Orfeo: 02942 15471368
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16 de diciembre del 2009
Saqueo en el Paraná
Agua robada

Según denunciaron políticos y organizaciones ecologistas, buques extranjeros sacaron agua del río Paraná para venderla en el mercado internacional. Expertos advierten sobre la falta de cuidado del agua en nuestro país.

El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor foco de conflicto geopolítico del siglo XXI. En nuestro país, con dirigentes despreocupadas por los recursos naturales, no existen leyes nacionales que cuiden este insumo vital y sólo hay un resguardo jurídico a nivel provincial en Santa Fe.
De acuerdo a una denuncia realizada por el senador Ricardo Kaufmann de San Javier (provincia de Santa Fe) y la ONG ecologista SOS Río Paraná, buques extranjeros sacaron grandes cantidades de agua del río Paraná para luego comercializarla a países de Medio Oriente, Africa y Europa.
Según afirmaron los denunciantes el modus operandi fue el siguiente: el agua del litoral argentino fue llevada en el lastre de los barcos. El lastrado es una técnica que consiste en la toma directa de agua del entorno en el que se encuentra el buque para la inundación total o parcial de sus depósitos con el objetivo de mantenerlo equilibrado. Según los denunciantes, este operativo se lleva a cabo luego de la descarga de mercadería en puerto argentino. La carga de agua dulce fue puesta a la venta en países donde luego la potabilizaron.
Según dijeron, la sustracción se realizó en ese río porque está menos contaminado que el Río de la Plata. Según trascendió, una empresa con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires es la encargada de comercializar al exterior agua dulce, cruda y sin tratamiento, originada en los ríos de la llanura argentina.
Las cantidades oscilan entre las 60.000 y 70.000 toneladas por envío y su utilización es para potabilización, consumo o riego. Este turbio negocio implicaría una rentabilidad altísima, ya que obtienen un recurso barato e insustituible que presenta una escasez manifiesta en todo el planeta.
Según afirman fuentes periodísticas, en Medio Oriente se pagan hasta 2 millones de dólares por las 70 mil toneladas de agua de río que puede llevar un buque en sus bodegas. Un promedio de 28 dólares por cada tonelada de agua cruda apta para potabilizar.
Consultada por Hoy María Cristina Claps, subdirectora del Intitulo de Limología de La Plata (ILTLA), afirmó que “el Gobierno debe tomar mayores recaudos para el control del agua, ya que no es un recurso infinito. En muchos casos no es renovable y resulta muy difícil de recuperar debido a la contaminación. Cada uno en su hogar debe estar enterado de que el litro de agua que sale por su canilla vuelve al sistema y el hombre nunca devuelve el agua tal cual estaba. Hay que medir la cantidad de desechos contaminantes que tiramos cotidianamente como aceites y detergentes, entre otros”.
La pionera
Por el momento no hay ninguna ley nacional que evite el tráfico de agua dulce, y según los denunciantes estos barcos extranjeros cargan el preciado líquido a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval Argentina.
A nivel provincial la cosa es diferente, a partir de la iniciativa del senador Kaufmann para regular el envío al extranjero de agua dulce o potable desde la provincia.
El 12 de noviembre último, la legislatura santafesina sancionó la ley que prohíbe la comercialización de agua dulce a granel, potabilizada o no, cuyo fin sea su exportación.
Santa Fe es la primera provincia Argentina en legislar sobre esta materia. Esta medida implica la protección sobre los recursos hídricos como bienes sobre los que la provincia debe asegurar su custodia.
Sorprende que en un país azotado por situaciones de emergencia hídrica en vastas regiones, debido a la sequía y la desertificación de los suelos, no se aborden políticas firmes para la protección de un elemento fundamental para la vida y un recurso estratégico a nivel planetario. A su vez este tema tiene una profunda importancia en la provincia de Santa Fe, donde el 40 por ciento de su superficie tiene napas con agua no aptas para el consumo humano.
Directivos de la empresa acusada dijeron que la dirección de Recursos Hídricos de la Nación les cobra un canon por la cantidad de toneladas operadas, con un arancel variable que implicaría el 10 por ciento del valor del producto. La compañía ya habría operado en este negocio entre 1983 y 1987, pero lo desactivó debido al encarecimiento de los costos.
Patrimonio local
Según se estima, la Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, pero esta abundante cantidad de agua está mal distribuida, ya que dos tercios del territorio es árido o semi árido.
Claps afirmó que “el recurso no es infinito, el hombre consume mucha agua y su recuperación también depende del clima. Su cuidado no debe ser sólo a nivel mundial, sino adentro del país. En la Argentina hay sectores semidesérticos, como la Patagonia extrandina, Mendoza y Neuquén, en esas regiones hay más conciencia y cuidado del agua a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde hay más abundancia del recurso y despilfarro. Las autoridades deberían alertar más sobre esta cuestión”.
Con respecto a la presencia en aguas argentinas de buques foráneos, la especialista en ecología sobre ambientes acuáticos no desestimó las denuncias, pero dijo que “el río Paraná es uno de los más importantes del mundo, su caudal es tan grande que no creo que se modifique su identidad. Hay que tener mayor cuidado con las napas subterráneas y con los glaciares. Estos se pueden agotar más rápidamente debido a las condiciones climáticas (en el caso de los glaciares) y por el alto consumo del hombre (en cuanto a las napas subterráneas)” .
Constitución
Teniendo en cuenta la sanción de ley en Santa Fe para la protección de los recursos hídricos de la zona, es importante recordar el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual dice: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social, y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional.
La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Fuente: www.diariohoy.net

lunes, 7 de diciembre de 2009

Reclamo polémico: ofensiva contra la Ley Antiminera

Reclamo polémico: ofensiva contra la Ley Antiminera. La voz del interior 6.12.09
Decisión contundente. El año pasado se dictó una norma que prohíbe la minería metalífera y nuclear / Los mineros creen que en el corto plazo también se puede trabar la actividad de las canteras / Hubo una demanda; debe resolver el Tribunal Superior.
Sergio Carreras
De nuestra Redacción
scarreras@lavozdelinterior.com.ar
Hace poco más de un año, Córdoba dictó una ley que prohibió la minería metalífera y nuclear en todo su territorio. Muchos respiraron aliviados. Respiró el gobierno de Juan Schiaretti, que se quitó de encima un ruidoso problema que amenazaba acompañarlo toda su gestión, y respiraron los ambientalistas y quienes temían que las serranías acogieran una colosal mina a cielo abierto como las que se explotan en la cordillera.

Pero lo que fue presentado como una solución, ahora amenaza con convertirse en un grave problema: los mineros cordobeses y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) han unido esfuerzos para que aquella ley desaparezca. Ambas entidades entienden que se trata de una ley retrógrada, que perjudica el desempeño profesional y económico, que obstaculiza la investigación científica y que provocará un retroceso en el desarrollo de la provincia.

Sin hacer ruido, el pasado 4 de mayo la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Cnea (Apcnean), presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. En esa acción preventiva, sostienen que el actual marco legal, además de dejarlos sumidos en la incertidumbre con respecto a su futuro, va contra el Código de Minería y la Constitución Nacional. En resumen, señalan que la Provincia no puede dictar esa prohibición porque se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso de la Nación.

Efectos localizados. Cuando el Gobierno cordobés dictó su ley prohibicionista contra la gran minería metalífera a cielo abierto, llamó la atención que estaba prohibiendo algo que no existía, que nunca existió y que probablemente no existirá jamás en la provincia. En un territorio donde no se ha comprobado –por ejemplo– la existencia ni de una sola reserva significativa de oro, hablar de que se usará cianuro a gran escala para separar minerales preciosos, sigue siendo algo tan ajeno a Córdoba como el mar y las auroras boreales.

La prohibición cordobesa se adoptó en un contexto nacional en el que resonaban fuerte los reclamos de las poblaciones de provincias precordilleranas contra los emprendimientos de compañías mineras internacionales. A eso se sumó la protesta de organizaciones ambientalistas cordobesas que advertían sobre la posible explotación de oro en las cercanías de Ongamira, aunque la Secretaría de Minería provincial informaba no había aprobado proyecto alguno para esa región.

La minería tradicional de Córdoba, hoy dedicada a extraer rocas de aplicación y al triturado para usar en la industria de la construcción, siempre pareció quedar afuera del ímpetu prohibicionista. Pero los empresarios provinciales comenzaron a ver su futuro con incertidumbre cuando algunos grupos políticos empezaron a mencionar que toda la minería, no solamente la metalífera, es perjudicial para el medio ambiente.

El presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, explicó que hicieron el planteo contra la ley ante el Tribunal Superior porque "hoy son ellos (los mineros metalíferos), pero mañana podemos ser nosotros". Sentado en el despacho de su cantera en la ciudad de La Calera, Apfelbaum sostuvo que la ley "es una prohibición demagógica. En promedio, cada persona usa a lo largo de su vida 1.810 toneladas de mineral. Prohibir la minería es no reconocer el valor de la actividad".

Desde la asociación de profesionales de la Cnea, el geólogo Juan Carlos Quer criticó que la Ley Antiminera haya prohibido toda actividad relacionada con minerales nucleares, especialmente el uranio, siendo que Córdoba es una provincia claramente nuclear. "Tenemos la central nuclear de Embalse, la única planta de producción de cobalto 60, la planta de producción de dióxido de uranio, la sede de la regional centro de la Gerencia de Exploración de Materias Primas Nucleares, el ex yacimiento de uranio Los Gigantes en etapa de cierre definitivo, el reactor de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y equipamientos médicos con materiales nucleares. Esta ley impide que sigamos trabajando".

El secretario general de la seccional Córdoba de Apcnean, Carlos Alberto Granero, sostuvo que la ley cordobesa "arruina el campo laboral de numerosos profesionales. Además el uso de sustancias peligrosas, como el ácido sulfúrico, sólo se lo prohíbe a la minería, pero hay muchas otras actividades que las emplean, que son menos fáciles de controlar y sobre las que la ley no dice nada".

Última etapa en el Superior. Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el planteo contra Ley Antiminera ya ingresó en su última etapa y se está redactando la sentencia. "El tema está en la sala electoral por competencia originaria y, por ser un planteo de inconstitucionalidad, deberán intervenir los siete miembros".

Antes, el Tribunal corrió vista a la Fiscalía General, que el 15 de mayo emitió un dictamen en el que tachó el planteo de inadmisible formalmente, porque debería haber sido presentado algunos meses antes. Esto fue apelado por los mineros, que esperan que al final el Tribunal admita su demanda y termine pronunciándose sobre si ley seguirá vigente o no. Desde el cuerpo judicial no adelantan fechas de pronunciamiento ni dejan trascender hacia qué lado de la balanza se inclinará la decisión.

El abogado de los demandantes, Rafael Vaggione, opinó que si la ley continúa en vigencia "Córdoba va a ayudar a que Argentina quede fuera del sistema nuclear mundial. Esta prohibición es mala para Córdoba y para el país. Que además, en este momento, la Universidad Nacional piense que es posible rechazar los fondos provenientes de la minería, hace esto más y reaccionario".

El secretario de Minería Aldo Bonalumi no habló con este diario, pero envió un breve comunicado. "De ninguna manera –señaló– se trata de una ley que impida la actividad minera de Córdoba (...) Con los productores mineros se está transitando por un momento histórico en las relaciones interinstitucionales, logrando resultados extraordinarios".

Bonalumi es apreciado por buena parte de las Pyme mineras cordobesas. Muchos de estos mineros fueron sus alumnos en la cátedra de Petrografía en la UNC. "Esta ley es una enorme piedra en el zapato para él, pero no le quedó otra que bancársela", definió el presidente de una de una importante cantera.

Desde las organizaciones ambientalistas, que no conocían la existencia del pedido contra la ley, manifestaron su voluntad de trabajar para que "no se toque ni un centímetro del suelo de las sierras cordobesas". Rosario Pezza, de la agrupación Conciencia Solidaria, anticipó que seguirán "trabajando para que esto no suceda, para que no volteen la ley".

Si la ley cayera, nadie prevé que Córdoba sea escenario de inversiones mineras metalíferas como las que se ven en Catamarca o San Juan. Pero sí se cree que podría avanzar la exploración del uranio y la investigación científica, ya que Argentina se encuentra abocada a la construcción de nuevas centrales nucleares, tal como lo está haciendo el resto de los países del mundo que tienen manejo de la tecnología nuclear.

domingo, 6 de diciembre de 2009

La revista Viva de Clarín publicó sobre Minería

2 de Diciembre,



La revista Viva de Clarín publicó sobre Minería



“¿Secreto en la montaña?”



El día domingo 29 de Noviembre la revista Viva del diario Clarín publicó una investigación devenida según versa de un “viaje a la cordillera sanjuanina, donde la mina de Veladero es el epicentro de un áspero debate. ¿Se puede cotizar en oro la destrucción de los Andes?”



Desde Conciencia Solidaria manifestamos nuestra alegría por la posibilidad que ofrece dicho escrito siendo tan amplia la tirada de este diario. El tema en cuestión debería ser central en la prensa diaria y en la conciencia de todos los ciudadanos, en pos de encontrarle una salida evolutiva. La prohibición a nivel nacional de la mega minería contaminante y mortal.



La nota menciona el clip realizado gracias a la donación de actores como Julieta Díaz, Gastón Pauls y Raúl Taibo, quienes entre otros, junto al Director Pablo D´Alo Abba hicieron posible que llegue más lejos nuestro mensaje, incluso disparando la realización en cadena de clips similares en otros países por sus actores locales que apoyan la causa que esgrime que el agua y la vida no se negocian.



Resaltamos también que el tema del Veto a la ley Glaciares fue puesto en cuestión como relacionado directamente a relaciones entre la Barrick y el Gobierno.



Citamos algunos fragmentos:



“…Desde tiempos inmemoriales se sabe que hay oro en lo alto de estas tierras que hoy son parte de la provincia de San Juan. Los incas habrían sido los primeros en venerarlo…

…Desde 2004, una empresa canadiense, Barrick Gold, explota industrialmente en Veladero el precioso mineral, que enloquece a la humanidad desde los tiempos de las civilizaciones más tempranas y que ahora cotiza encima de los mil cien dólares la onza, un precio récord.

Una operación industrial de esta magnitud hubiera sido impensable hace sólo unos años en este sitio rodeado de cumbres nevadas, donde están las nacientes de los ríos…

Pero la imponencia del paisaje no impide que el hombre, aun con las dificultades que causa el maldito derroche, se sienta minúsculo frente a él. Para sacar el oro y la plata hay que desollar los cerros, lo que es posible sólo con fuertes explosiones, que se hacen una detrás de la otra, con milésimas de segundo de diferencia, en una acción en cadena. El cerro, por lo tanto, ya no es el cerro que solía ser. Parece un anfiteatro mayúsculo con gradas de colores. Son los colores de la montaña que ha sido descascarada.”

…Parado frente a esas impresionantes gradas que, en realidad, son las canteras, un ingeniero explica que, cuando la mina empezó, bastaba que hubiera apenas 0,35 gramos de oro en cada tonelada de piedra para que la operación comercial de la Barrick fuera rentable.”



Rentabilidad vs Vida. Maximizar ganancias a corto plazo vs. los límites que está imponiendo la naturaleza y la Conciencia Planetaria.



“Parece una relación desproporcionada entre el metal y la roca estéril, pero es así. Ya no existen las minas con vetas definidas, ésas que van rascando hombres con pico y pala. Ni esos yacimientos donde el oro fluye en los ríos, en forma de pepitas, como en las películas del Far West norteamericano. El oro y la plata están diseminados en la montaña como si hubieran sido esparcidos al estilo polvitos mágicos por misteriosas hadas nocturnas, pero el relato de su extracción remite a una imagen mucho menos romántica.”



El hombre consumista ya agotó todas las entrañas de nuestro Planeta Tierra, sin embargo va por más, a cualquier precio que le implique, eso sí, una alta tasa de ganancia, a unos, y a otros, una satisfacción mundana alienada y desprovista de mayor profundidad.





En medio del debate entre la versión de los empresarios mineros – por ejemplo la del doctor Manuel César Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), quien dice mintiendo que el sector es “la actividad que menos accidentes registra y mejores salarios paga”, por un lado, y por otro la versión de ambientalistas sobre el incumplimiento de la Ley General del Ambiente en la no realización de consultas populares para dar curso a semejantes emprendimientos destructivos, la periodista arroja luz en la nota, cuando nos cuenta que “El silencio con el que se instaló la Barrick tuvo, por ende, el precio de la sospecha. De hecho, el viaje que hicimos a Veladero (no se puede entrar a la mina sin la empresa) estuvo inscripto en el marco de una agresiva campaña de relaciones públicas para enfrentar los temas que más dudas generaban…”… “El esfuerzo por conquistar nuestros corazones era tan grande que por momentos no podíamos evitar sentirnos en Barricklandia…Tal vez, tantas relaciones públicas se deban a que Veladero es la antesala de un proyecto aún mayor: Pascua Lama, otra mina de oro y plata (aunque mucho más grande). El nuevo yacimiento binacional-ocupa tierras argentinas y chilenas, y Barrick está a cargo- demandará una inversión previa de dos mil millones de dólares, por sus proporciones gigantescas… Esta vez, confiesan los ejecutivos de Barrick, la batalla de la opinión pública no puede fracasar. Por algo están abriendo una oficina en Buenos Aires, cosa que no creyeron preciso hacer con Veladero. En cambio, la capital sanjuanina está plagada de carteles de la empresa, que subrayan su lema: “minería responsable... La Barrick está presente hasta en los jardines de infantes. No hay cómo desconocer la presencia de la compañía en la provincia.”



La nota recoge el fenómeno de la compra de voluntades, la represión a la libertad de opinión sobre el tema en los medios, la transformación por parte del gobierno en el sello negativizante colocado a los “ambientalistas” como en aquellas épocas de la dictadura fue el de “subersivos” y la fragmentación del pueblo entre los que creen o no el discurso “responsable y sustentable” de las mineras.



Notiweb, Conciencia Solidaria.





1 de diciembre de 2009



La Asamblea Socioambiental del NOA presentó un petitorio al Honorable Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Tucumán en la sesión extraordinaria, daños socio ambientales generados por Minera La Alumbrera en la región.



“Una jornada histórica en el consejo superior de la UNT, una conquista de asanoa, en la que expusimos más de doce integrantes de la zona afectada de MA relatando los daños, las vejaciones económicas, ecológicas, políticas y culturales y reclamando la desvinculación de la Unt de esa perversa UTE!” nos comenta Horacio Machado Araoz desde ASANOA.



… “ Minera La Alumbrera –YMAD- UTE viene generalizando numerosos problemas en la región desde su inicio de Proyecto. Entre otros afectando patrimonios arqueológicos, naturales, cuencas y microcuencas hídricas, ejerciendo creciente presión sobre El Bracho por la provisión de energía, afectando a Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fé y Córdoba por constituir corredores de servicio y vertedero de aguas residuales; incumpliendo promesas de trabajo; Implicándose en el campo de la educación, de la salud, de la producción local y de actividades artísticas y recreativas invocando su Responsabilidad Empresaria.



Mientras tanto se suceden las roturas del mineraloducto tanto en Catamarca como Tucumán; el gran consumo de agua pura del acuífero del Campo del Arenal se torna obsceno frente a la profundización de la crisis hídrica que acusan los territorios.



Al día de la fecha Minera La Alumbrera –YMAD- UTE se encuentra procesada por presunta contaminación con residuos peligrosos. Estos problemas son identificados y denunciados oportunamente por personas autoconvocados, perteneciente a diferentes organizaciones, quienes inician con grandes obstáculos acciones administrativas, legales y de movilización ante diversos organismos de Estado y funcionarios de gobierno, habiendo tomado participación incluso la Iglesia Católica de Catamarca; y encontrando una actitud generalizada de indiferencia por parte de las autoridades incluso del ámbito de la Justicia.



Se advierte que la compleja problemática que genera Minera La Alumbrera –YMAD- UTE es regional y de carácter socio ambiental; puesto que constituye un programa político económico nacional y de la provincia de Catamarca, con participación activa de la UNT en tanto socia del proyecto corporativo minero de prioridad trasnacional; desarrollando estrategias tanto de desacreditación de las voces críticas como de criminalización de la protesta, debido a haber legislado fiscal y jurídicamente a favor de las empresas mineras.



Con esta acción y en virtud del ejercicio de nuestro derecho a un ambiente sano y en el deber de preservarlo, amparándonos en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, venimos a contradecir la versión emitida por los representantes actuales de la UNT en el YMAD cuando aseveran que minera La Alumbrera no contamina con sus efluentes en el Canal DP2.

Venimos a manifestar al gobierno de la UNT que ya es tiempo que establezca espacios de estudios críticos y difusión pública de los resultados negativos puesto que hasta el día de la fecha los medios de comunicación sólo han atendido políticas propagandísticas de minera La Alumbrera.



Venimos a solicitar que se comprometa a las unidades académicas que tienen responsabilidad sobre la Salud Pública, tanto física como mental, a implementar programas de investigación sobre la vinculación de la contaminación de La Alumbrera con la salud de las poblaciones aledañas a todas las instalaciones involucradas con la explotación, planta de secado, transporte y vertidos de efluentes. Programas estos destinados especialmente a remediar la salud de los afectados.



Que promueva un espacio participativo para evaluar la posibilidad de rescindir el contrato de Unión Transitoria de Empresa que vincula a la Universidad Nacional de Tucumán con la empresa minera La Alumbrera.



Solicitamos a la UNT, sea cual fuere la gestión de gobierno de turno, que arbitre los medios técnicos-científicos con participación de integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA, como así de otros colectivos sociales, a los fines de evaluar fehacientemente el nivel del fracaso político económico socio ambiental de la explotación de Minera La Alumbrera – YMAD-UTE.

Suspenda el apoyo científico técnico a YMAD hasta tanto no se corrija el paquete de leyes y códigos mineros de la Nación Argentina y de las provincias que lo adhieren, y reemplazado por una legislación que restituya soberanía sobre nuestros bienes comunes de filiación “minera”.



No avanzar con ningún nuevo proyecto de exploración –explotación en el Distrito Agua de Dionisio, perteneciente a la UNT, hasta que no se evalúe el estado ambiental de los territorios afectados por La alumbrera; hasta tanto se determinen los impactos generados a nivel político social económico a nivel regional.



Resguardar todo dinero aún no gastado por la UNT en tanto “fondos propios” por ser socia de minera La Alumbrera, para mitigar los daños presentes y futuros generados por la explotación.



Suspender todo convenio de cooperación y de intercambio científico de la UNT con La Alumbrera, como por ejemplo el convenio firmado a través de las Universidades del Norte Grande para que ésta colabore en proyectos de forestación.



Pedimos encarecidamente que el gobierno de la UNT tome conocimiento, dé tratamiento y se pronuncie en relación al Informe crítico sobre el Informe de Impacto Ambiental de minera Agua Rica, generado por la misma UNT, a través de la unidad de negocios, a solicitud del gobierno de Andalgalá, Catamarca.



Pedimos encarecidamente que el gobierno de la UNT tome conocimiento, dé tratamiento y se pronuncie en relación al Plan Nuclear Argentino En caso de no ser escuchados nos cabe el derecho de solicitar ASAMBLEA UNIVERSITARIA para dirimir estas cuestiones. En el compromiso creciente porque se proteja nuestro sistema del Aconquija de la minería a gran escala, a cielo abierto, con lixiviación química. Por la continuidad de la vida en un ecosistema en salud



Firma: ASANOA

29 de noviembre de 2009





Viernes 3 de Diciembre,



Marcha de siete años por el NO A LA MINA



Celebran el inicio de las movilizaciones por la vida en Chubut. Mañana 4 de diciembre desde las 18 hs. los vecinos de Esquel y de la Comarca noroeste de Chubut, se movilizarán nuevamente como lo hacen desde el año 2002. Habrá bandas de música y posterior marcha. En estos siete años, el rechazo a la megaminería contaminante se extiende a toda la provincia y suma fuertes protestas en otras doce provincias argentinas.

Más allá de la región cordillerana, organizaciones de todo tipo, vecinos y comunidades originarias de todo Chubut también están movilizadas ante los anuncios del gobierno de la provincia que impulsa la actividad minera a cielo abierto y el uso de tóxicos que en la actualidad está prohibida por la ley 5001.

El gobierno de Mario Das Neves trabaja para habilitar la explotación minera a gran escala y ha expresado una frase que suena a condena: "la minería es la única salida para la meseta".

La defensa de los bienes comunes como el agua y el suelo, las consecuencias ambientales y sociales, el saqueo de las actividades productivas y la lucha por el trabajo digno, están presentes frente a una actividad extractiva que tiene la complicidad de los gobiernos locales, provinciales y nacional.

La primeras marchas

El 24 de noviembre año 2002 y el siguiente 4 de diciembre los esquelenses junto a vecinos de la Comarca realizan las primeras marchas por el NO A LA MINA, rechazando la explotación de un yacimiento de oro y plata cercano a esta ciudad del cual era titular la canadiense Meridian Gold Inc., actualmente Yamana Gold.

Ese año marca el inicio de la movilización social contra la megaminería en Chubut, en un proceso de información popular y rechazo instalado hoy en día en toda la provincia.

Actualmente el proyecto minero está paralizado por el rechazo social todavía vigente y terminante que se expresó en la consulta popular del 23 de marzo del 2003, las marchas mensuales y variadas manifestaciones de oposición, así como también por el amparo ambiental ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel

www.noalamina.org sosesquel@yahoo.com.ar Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Contactos:

Chuni Botto 02945-15404936, Humberto Kadomoto 02945-15688927,

Pablo Quintana: 02945-15696341



2 de Diciembre



Santa Cruz recibe 13 millones de pesos por año en regalías mineras. El Polar Mist llevaba 20 millones de dólares cuando se hundió



Hay en el mundo un boom de ventas ante el precio récord que tiene el oro en estos momentos. Mientras la onza pasó la barrera de los 1.200 dólares, la extracción no llega a 300. Las mineras avanzan sobre los países de más bajo coste de explotación y mejores beneficios impositivos, entre ellos la Argentina. Santa Cruz va camino a constituirse en un gran queso gruyere, pits, cráteres, túneles, terrazas, huecos inmensos, degradación de la tierra y malgasto del agua; todo por nada (o muy poco). Solo el barco chileno que se hundió en Magallanes llevaba en sus bodegas el equivalente a 5,5 años de regalías mineras que ingresan a la provincia de Santa Cruz.

El boom del precio del oro tiene un alto impacto en la Argentina, país productor. Tanto, que el metal es uno de los pocos productos que hoy por hoy permiten engrosar las exportaciones del país, señala el periodista Tomás Canosa en un informe publicado por Crítica de Argentina. Las principales compañías auríferas realizarán más exploraciones y estiman que la cotización continuará al alza, señala.

Tienen una razón de peso: la onza cotiza a 1.215,45 dólares en N.Y, mientras el costo para extraerla en países como el nuestro no supera los 300 dólares. En este contexto, las exportaciones del mineral no paran de crecer y durante el tercer trimestre acumularon 333 millones de dólares. Desde Barrick Gold, la minera más grande del mundo y la principal exportadora del país, manifestaron que este panorama “puede servir para continuar posicionando la actividad como relevante en el contexto económico nacional”. Esta compañía se vio favorecida por el Gobierno cuando la presidenta Cristina Fernández vetó la ley para proteger los glaciares.

Las ventas al exterior de oro alcanzaron u$s 738 millones durante este año y crecieron 21% en los últimos 12 meses. Durante el primer trimestre de este año se exportaron u$s 173 millones, en el segundo u$s 232 millones y en el tercero 333 millones de dólares, según publicó el INDEC.



Nuestra realidad



En tanto Santa Cruz es la provincia dorada por excelencia para atraer capitales de inversionistas mineros debido a su permisiva legislación medio-ambiental, a las bajas regalías que deben pagar (solo 1%) y a los beneficios impositivos que les cabe por estar trabajando en la región patagónica y sacar el material por puertos como el de Deseado o Quilla, por ejemplo donde no pagan absolutamente nada.

Algunos problemas energéticos están siendo solucionados por las mineras mediante el interconectado, las probabilidades de generación que entregará la usina de Río Turbio y una posible (aunque lejana) concreción del proyecto dique Los Monos. El otro inconveniente que se les presenta (a futuro, hoy no lo tienen) es la utilización del agua, debido a los problemas que viven en localidades de la zona norte donde el suministro de agua potable es cada vez más difícil, razón por lo cual se hace necesaria la construcción por parte del gobierno de acueductos y reservorios que aseguren la provisión a las poblaciones afectadas para que el eje de la atención deje de ser el alto consumo que tienen las mineras y las petroleras de la zona.

Recordemos que solamente Cerro Vanguardia consume en un día la cantidad de agua que toda la población de Río Gallegos consume en un mes. Por lo tanto un factor fundamental a la hora de calcular los costos de extracción debiera ser la utilización del agua obtenida en este caso de napas subterráneas; sin embargo el pago es mínimo y además las fuentes cercanas a Fomicruz aseguran que se está pagando mucho menos que el agua que realmente utilizan.



En cuanto a la extracción de oro específicamente está plenamente comprobado que en nuestra provincia el costo-beneficio para las poblaciones donde se asientan los emprendimientos mineros es asimétrico. Las “inversiones” que se vuelcan en la zona generalmente están vinculadas exclusivamente a la labor extractiva aunque desde el discurso oficial y desde algunos medios se intente establecer el vocablo “inversiones” con una amplitud que deja entrever el alcance “social” en las comunidades afectadas por la minería.



La práctica y la observación “in situ” han demostrado que esto no es así. Si bien San Julián tiene un evidente movimiento comercial que gira alrededor del yacimiento Cerro Vanguardia, no se ha logrado otra actividad accesoria que le permita al pueblo sobrevivir a la minera (sin la minera) y de hecho hace un año se habló de la falta de rentabilidad de la mina y un posible cierre y la gente comenzó a volcar su opinión desfavorable, especialmente, en relación a lo poco que habían dejado 10 años de explotación ininterrumpida.



Hoy existen al menos seis proyectos mineros a instalarse en Santa Cruz. La Ley de Fomento Minero que data del año 1993 favorece ampliamente a las empresas y hacen de esta provincia un botín dorado, dado que además, las leyes medioambientales no existen o son permisivas y que el estado no toma el rol de controlador, fiscalizador y generador del estudio de impacto ambiental, lo cual queda en manos de las empresas (fábula del zorro en el gallinero).

Si bien se aprobó recientemente la Ley de Zonificación Minera, la propia Diputada por Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán sostuvo que “este encuadre es un punto de partida, falta todavía trabajar fuerte y firmemente para generar normativa que garanticen el cuidado de los recursos naturales no renovables y creen condiciones para una minería sustentable”.



Precio vil



Las condiciones extractivas para las empresas mineras en Santa Cruz son inmejorables. A pesar de que existe una difusa propaganda alrededor de los enormes costos de explotación, los beneficios que les da esta provincia son muy significativos.



El canon establecido para el pago de regalías mineras está establecido entre el 1 y 3% de la producción; Santa Cruz cobra el 1%. Otorga beneficios incomparables por la exportación por puertos como Deseado y Quilla y solo basta decir que la carga de boullón doré que se hundió con el pesquero Polar Mist hace un año (luego recuperada del fondo del estrecho de Magallanes) tenía un valor de 20 millones de dólares (declarados). Estas 9,5 toneladas de material pertenecían a un solo embarque de solo dos mineras: Cerro Vanguardia y Triton.



Santa Cruz percibe en regalías como aporte de todas las mineras que operan en la provincia la suma de 13 millones de pesos por año.



Una simple ecuación matemática nos muestra que solamente con la carga del Polar Minst y en un solo embarque, se transportó el equivalente a cinco años y medios de regalías mineras en la provincia.



Esto se presenta en estos trazos gruesos, solo para mensurar comparativamente lo que se llevan las empresas extractivas de nuestro territorio y lo que en realidad dejan como beneficio para el Estado provincial.



El agua, más que el oro



Un artículo recientemente publicado por la Dirección General de Aguas de Chile organismo encargado de medir y cuantificar tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico en sus fuentes y de otorgar los derechos de aprovechamiento de aguas; es además organismo de gobierno en la formulación de políticas y normas ambientales, participa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus comités operativos de seguimiento. Tiene el rol de policía y vigilancia del agua, se relaciona con las organizaciones de usuarios del agua, realiza permanentemente estudios de disponibilidad y caracterización del recurso; regula y controla el uso del agua en el emprendimiento minero Pascua-Lama, dentro del programa de Recursos Hídricos y Protección de Glaciares en Chile.


Rodrigo Weisner es Director del DGA y desde el año 2008, también tiene a su cargo la investigación y medición de las reservas de agua en estado sólido (glaciares).



Los derechos de aprovechamiento de aguas se otorgan de la misma forma para cualquier persona natural o jurídica, independiente de su actividad económica o de su tamaño: se debe hacer una solicitud formal donde se identifique claramente el tipo de derecho, la cantidad y naturaleza de las aguas. Luego la DGA debe verificar en terreno la exactitud de los datos, permitir que existan oposiciones de terceros y resolver en base a la disponibilidad de agua existente, sin afectar derechos de otras personas ni al medio ambiente.

El Código de Aguas vigente data de 1981, pero sufrió una importante modificación (cuya tramitación duró 13 años en el Congreso) en el año 2005. El agua en Chile es un bien nacional de uso público, y para su uso y goce es necesario contar con un derecho de aprovechamiento de aguas, el que debe tramitarse ante la DGA y se resuelve en base a la disponibilidad del recurso. En términos bastante sencillos, estos derechos pueden ser consuntivos (que extraen el agua desde su fuente, como el riego, la minería, el consumo humano) o no consuntivos (que la usan y luego la devuelven a su cauce, ej. Hidroelectricidad) y la naturaleza del derecho puede ser superficial o subterráneo.



Antes de la reforma al Código, si el agua estaba disponible, era obligación de la DGA entregarla a quien la demandara, aunque se tratara de un río completo. Además quien pidiera el agua no tenía obligación de usarla. Dicha práctica redundó en una gran concentración de los derechos (y también dio pie a la especulación). Actualmente, tras las modificaciones del 2005 la DGA puede, entre otras atribuciones, limitar la cantidad de agua solicitada según la actividad económica a desarrollar (en base a una tabla de equivalencias) y también cobrar una patente por el no uso a quienes tienen derechos de aguas pero no los utilizan. Adicionalmente, se perfeccionó el sistema de los remates de agua, que se producen cuando existen dos o más peticionarios pero el agua solicitada no es suficiente para cubrir la demanda.

La Fiscalización ambiental de proyectos mineros aprobados en el marco del SEIA se realiza dentro de los COF (Comités Operativos de Fiscalización) donde participan diferentes Servicios Públicos. También se realiza otro tipo de fiscalización, exclusiva de la DGA, que está ligada al tema de las extracciones ilegales de agua y las obras no autorizadas (pretiles, pozos, etc.). Esto es realizado por la Unidad de Fiscalización del servicio, la que se vio fortalecida con las modificaciones al Código de Aguas recién señaladas, que cuenta con profesionales de dedicación exclusiva para atender las denuncias que llegan al respecto y que también realizan sus propias investigaciones.

Ante emergencias ambientales las direcciones regionales de la DGA se hacen presentes ya sea por si solas o como parte del comité de fiscalización (de un proyecto sometido al SEIA), dependiendo de la emergencia, de la vía de información etc. Además se coordina con el laboratorio ambiental de la DGA en caso de requerir de toma de muestras de aguas.

En el caso de aplicar sanciones éstas son administradas por la Comisión Nacional del Medioambiente y decididas por las Coremas, los servicios públicos informan para la toma de decisiones.

En el caso de Pascua-Lama, es un proyecto transfronterizo que en el sector chileno no saca aguas para la operación industrial (lo tomaría de Argentina), solo sacaría aguas para los requerimientos de los campamentos y estos son del orden de 40 l/s (litros por segundo), por lo que el porcentaje de agua utilizada es bajísimo.

El plan de monitoreo presentado por Barrick en enero del año 2008 contempla la entrega de informes anuales referentes a parámetros glaciológicos e hídricos del área de influencia del proyecto Pascua- Lama. Entre los antecedentes glaciológicos que serán entregados destacan el inventario de glaciares de la cuenca del Río Huasco, balances de masa y energía de algunos glaciares de la zona, modelo de derretimiento nivoglacial para la cuenca del glaciar Ortigas y el estudio de la dinámica hídrica del permafrost en la zona del proyecto. Además, el informe anual entregado a las autoridades contempla la evaluación de los impactos de la actividad minera en el medio criosférico, determina la DGA de Chile.



¿Y nosotros?



En Argentina aún discutimos sobre si una empresa minera va o no a dejar algún beneficio a la población que impacta. El oro deja ínfimos beneficios a Santa Cruz y el agua no está protegida por el Estado. La tendencia dice que el futuro no es el oro, es el agua; precisamente así lo entienden lo chilenos que no viven en otro continente, solo cruzando la montaña que son comunes a ambos países.



Fuente: Agencia OPI Santa Cruz



27 de noviembre de 2009



Asesinaron a Mariano Abarca Roblero, líder opositor contra la minera canadiense Blackfire en Chiapas.



Mariano Abarca Roblero fue asesinado cobardemente frente a su casa en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, México. Se responsabiliza al gobernador y a la empresa canadiense Blackfire.



Don Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mantuvo una lucha constante contra la trasnacional minera canadiense que en el municipio de Chicomuselo tiene asentado sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras.



Desde el mes de junio Mariano mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la REMA exigiendo la salida del municipio de la canadiense Blackfire. El 10 de julio el Sr. Luis Antonio Flores Villatoro, Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire y originario de Chicomuselo, interpuso una demanda a nombre de la empresa canadiense contra el Sr. Abarca por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.



En el mismo mes Mariano Abarca participó en un plantón frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México donde participaron afectados por las empresas mineras canadienses y en el Foro que se realizó en el Congreso sobre la minería donde denunció las afectaciones que la empresa Blackfire ocasiona en Chiapas. En el 17 de agosto Mariano Abarca fue secuestrado ilegalmente por la policía. En los siguientes días el gobierno del estado intentó negociar con Mariano Abarca su liberación a cambio de abandonar la lucha de resistencia contra la minería o que impidiera el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo para finales del mismo mes. Don Mariano Abarca prefirió quedarse preso a negociar con estos planteamientos. Por fin, el gobierno del estado, ante la presión nacional e internacional y la falta de elementos para consignarlo, decidió liberarlo diez días después de su violenta detención. En el mes de septiembre el Gobernador del Estado acudió a Chicomuselo y constató el rechazo de sus habitantes a la empresa minera canadiense.



En días pasados Mariano Abarca Roblero presentó ante las autoridades correspondientes un “Acta Administrativa por la posible comisión de hechos delictuosos y por el delito de AMENAZAS Y LOS QUE RESULTEN previsto y sancionado por el artículo 227 y 228 del código penal vigente en el Estado de Chiapas, en contra de los CC. CIRO ROBLERO PEREZ y LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO (Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire) y quien o quienes resulten responsables (…)”.



El día de ayer, CIRO ROBLERO PEREZ y NESTOR VELAZQUEZ ORTIZ no se presentaron al citatorio para declarar ante las autoridades correspondientes con el fin de explicar “las circunstancia del delito como el tiempo, lugar, modo de ejecución, etc., a efecto de determinar si se eleva la presente acta a averiguación previa.” Por tanto, el próximo jueves serían presentados a declarar. Hoy, Mariano Abarca Roblero ha sido asesinado.



Por todo lo anterior, responsabilizamos al gobernador Juan Sabines Guerrero por no haber actuado en tiempo y forma para evitar este crimen que mancha más de sangre al estado de Chiapas. El gobierno tenía conocimiento de las actuaciones de la empresa canadiense y los conflictos que ella genera con sus concesiones mineras.



Responsabilizamos a la empresa canadiense Blackfire, a su Director General Artemio Ávila Cervera, a su Gerente de Relaciones Públicas Luis Antonio Flores Villatoro, y al gobierno del Estado, de los acontecimientos de violencia contra los luchadores que defienden el agua, la tierra, el territorio y el medio ambiente.



Por tanto, exigimos: retiro inmediato de las empresas canadienses Blackfire y de las concesiones mineras en Chiapas. Justicia inmediata y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen hasta sus últimas consecuencias. Protección a la familia de Mariano Abarca Roblero.

Protección para el señor Orlando Velazquez, su familia y demás miembros de REMA

¡Fuera Canadá y sus trasnacionales de Chiapas y México!



Por: Otros Mundos, A.C. /Amigos de la Tierra México/ Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/ Notiweb Conciencia solidaria.