viernes, 25 de junio de 2010

Conciencia Solidaria en defensa de la Ley minera 9526

Comunicado de Prensa:

El 24 de junio a las 12,30h la ONG Conciencia Solidaria realizó una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia vinculada a la Ley de minería 9. 526, Ley que prohíbe la explotación de minerales metálicos con la modalidad a cielo abierto con uso de químico tóxicos y extracción de uranio y torio por cualquier método extractivo.

Por intermedio de su Presidenta y la Representante en la Ciudad de Córdoba, la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria, patrocinados por los Dres. Alejandro Zeverín Escribano, Graciela Toresani y Karina Zeverín Alfieri, presentó ante el TSJ- Sala electoral- Tribunal Originario en cuestiones de inconstitucionaldad, una acción fundada en la figura de "Amicus Curiae", en contra de las coorporaciones mineras y a favor de la constitucionalidad de la Ley provincial
Nº 9.526 aprobada en 2008. En el caso concreto de autos presentados por Cemincor ( Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba) y otra, por pedido de Inconstitucionalidad de La Ley que protege el territorio cordobés de la predación de la minería a gran escala y minería nuclear.

Las coorporaciones mineras en este juicio están constituídas entre otros por la " Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba", se los acusa de ser la cara vernácula de multinacionales de explotación minera.

No a la inconstitucionalidad de la Ley 9. 526. Córdoba es una de las 7 provincias de Argentina con Ley Provincial que prohibe la megaminería. Protejamos esas leyes y vayamos por otra prohibitiva a nivel Nacional.

Es constitucional defender el agua y la vida

Pedimos solidaridad a la Prensa en la difusión de este proceso. No dejar solo, en este momento, al pueblo cordobés reviste una alta importancia a la hora de defender el Planeta todo.

lunes, 21 de junio de 2010

Córdoba-En defensa de una ley ambientalista

21 de junio del 2010
En defensa de una ley ambientalista

Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.

La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra en la provincia de Córdoba. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y el 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
Por Dario Aranda

Fuente: Página 12
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21 de junio del 2010

Siete provincias protegidas

En la Argentina existen siete provincias que prohíben diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto. Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja también había prohibido la actividad en julio de 2007, cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del entonces gobernador Angel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Fue el primer caso, y por ahora único, de eliminar una ley que protegía fuentes de agua y limitaba la minería.
El lobby minero intenta también modificar la ley en Mendoza, ya sea por vía judicial o política, con el apoyo del gobierno provincial. Pero se enfrentan a la sostenida movilización de la Asamblea Mendocina por el Agua y la Multisectorial de General Alvear, que no aceptan modificaciones a la norma. También han logrado la atención de algunos sectores vitivinícolas, que tienen el agua como insumo básico.
Chubut es la otra provincia donde la ley corre peligro. El gobernador chubutense y precandidato a la presidencia, Mario Das Neves, es un férreo impulsor de la actividad. Pretende la explotación del yacimiento Navidad (de la empresa Pan American Silver para extraer plata y plomo), pese al rechazo de los habitantes de Esquel, Trelew, Madryn, Gan Gan y Gastre. Además de la Ley 5001, sancionada en 2003, existe legislación indígena vigente (leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales), que protege a los pueblos originarios y sus territorios.
Por Darío Aranda
Fuente: Página 12
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Semana de Mayo en Andalgalá - Conciencia Solidaria
http://www.youtube.com/watch?v=nXj5-VUL6BA

Ante los festejos del bicentenario de la patria, La asamblea el Algarrobo de Andalgalá -Catamarca, invitaron a organizaciones y asambleas de todo el país a participar en un cronograma de acciones y reuniones. Desde Conciencia Solidaria estamos acompañando a la asamblea el Algarrobo desde sus comienzos y sentimos también hacerlo en esta ocasión, así que un grupo numeroso de personas viajamos desde Bs As, Córdoba y Santa Fe para apoyarlos y seguir colaborando en lo que se vea necesario.
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Mendoza, 16 de junio de 2010

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA

La Asamblea Popular por el Agua se hizo presente en el día de la fecha en las puertas de la Legislatura Provincial para instar a los legisladores a rechazar el convenio firmado entre el gobierno mendocino y la empresa transnacional VALE, actual propietaria del emprendimiento Potasio Río Colorado. Las autoridades provinciales y nacionales vienen presionando desde hace varios años para que se ponga en marcha el proyecto, y actualmente, para que se apruebe el acuerdo, que tanto Jaque como Carmona enarbolan como una conquista. La Asamblea Popular por el Agua y muchas otras organizaciones sociales y políticas consideramos a este proyecto megaminero viciado desde el comienzo por las condiciones propias del emprendimiento, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada a pesar del dictamen negativo del Consejo Provincial del Ambiente.

Dentro del conflicto que significa la puesta en marcha de este megaemprendimiento (que pretende extraer sales de potasio sobre el margen del Río Colorado al sur de la provincia de Mendoza) los trabajadores de la Construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con carteles intimidatorios, presionaban esta mañana a los legisladores a aprobar el convenio por el cual el 75% de la mano de obra que contrataría la empresa debe ser mendocina. Estos trabajadores repartían volantes en los cuales defendían el proyecto que bien sabemos que sólo generará una ínfima parte de los puestos de trabajo que promete. Hablamos de tan sólo 500 personas en la etapa de construcción, y sólo 386 en la posterior etapa de explotación, lejos de las cifras que la empresa, funcionarios y dirigentes sindicales se empeñan en difundir.
Ante esta situación, nos congregamos en las puertas de la Legislatura; trabajadores, estudiantes, organizaciones; para manifestarnos de manera pacífica y denunciar las consecuencias que implicaría la ejecución de este proyecto. Por lo cual, desmentimos lo que en un diario local se menciona; “…que éramos una columna de manifestantes y que tres de nuestros compañeros increparon a los sindicalistas, como así también que los mismos se encuentran internados” (Diario El Sol Online – 15/06/2010).
Estuvimos presentes para llevar la voz de la gente común que defiende su ambiente, y reclama calefacción para sus hogares, portando unos afiches y la bandera de la asamblea. En la puerta de la legislatura pedíamos que nos dejaran entrar a participar como oyentes del debate (después de que habían entrado no menos de 10 de los representantes sindicales), cuando la patota sindical nos corrió a golpes. Empujaron a tres de nuestros compañeros casi hasta la esquina de la calle Espejo, repartiendo golpes y patadas, llegando inclusive a abollar el capó de un taxi que estaba parado cuando empujaron a uno de ellos contra el auto para pegarle. Todo esto entre los insultos que no cesaban, y la pasividad de la policía que nos decía que no podía hacer nada “porque es una cuestión privada”. La guardia de la legislatura, testigo de lo ocurrido, dejó que continuara como si se tratara de una pelea de patotas, siendo que la patota era sólo una, y los demás eran meros docentes y trabajadores que se juegan por defender nuestros bienes comunes, como el agua y el gas. Y no es menor mencionar el gas, siendo que la empresa VALE con este proyecto de sales de potasio consumirá 1 millón de m3 de gas por día, es decir, el equivalente al consumo residencial de gas de TODA la provincia de Mendoza.

Denunciamos y repudiamos el accionar de las fuerzas policiales (que no intervinieron para brindar “seguridad a la ciudadanía”) y hacemos responsables de estos hechos, golpizas e intimidaciones, al Gobierno provincial y al Secretario de la UOCRA, Sr. Néstor Romero.
Denunciamos y repudiamos a los gobiernos provincial y nacional, que actúan en perjuicio de los intereses de la población (acceso a calefacción y vida digna, protección de un ambiente sano); los mismos no son una prioridad, y frente al desabastecimiento y la falta de garrafas la solución es promover este proyecto cuya factibilidad desconocemos, teniendo en cuenta que las reservas de gas alcanzarán para suplir el consumo nacional por tan sólo 8 años. Pensemos qué será de Mendoza de aquí a 40 años (que es el tiempo que tiene pensado extraer la empresa), cuando la escasez sea mayor y mayor sea la demanda, y Potasio siga necesitando las mismas cantidades exorbitantes de energía. El recorte se hará donde históricamente se viene dando: en las casas y los bolsillos de los mendocinos. Esta situación estábamos denunciando, y golpes fue lo que recibimos.
Denunciamos y repudiamos el Proyecto Potasio Río Colorado (de la transnacional VALE), porque su explotación sólo significa saqueo y contaminación, profundiza el modelo de monocultivos de caña y soja (principalmente en Brasil) que usa agrotóxicos, expulsa a campesinos y pueblos originarios de los territorios, atenta contra la VIDA, la BIODIVERSIDAD y la SOBERANIA ALIMENTARIA de los pueblos.
Nuestra asamblea, como el resto de las asambleas, las organizaciones populares de Mendoza, de nuestra América no se amedrentan por las patoteadas de los gremios corruptos ni de los políticos, que como los de turno, se empeñan en cumplir los intereses de las megamineras.
Seguiremos con más fuerza que nunca en la lucha por una sociedad justa, una vida digna y un ambiente que haga posible nuestra vida como la de los que vendrán.

¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO QUE DEFIENDE LOS BIENES COMUNES! ¡GAS PARA LAS FAMILIAS MENDOCINAS, NO PARA POTASIO RÍO COLORADO Y LAS MEGAMINERAS QUE SAQUEAN Y CONTAMINAN!

Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA - AMPAP -
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS - UAC -

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Santa Fé, No a la Planta de Agroquímicos

Invitamos a todos ustedes a visitar el Blog del cual debajo adjuntamos el link
Agradeceríamos la difusión ya que eso serviría en nuestra tarea de oponernos a la instalacion de una planta formuladora de venenos para el campo aquí en Casilda.

www.noalaplantadeagroquimicos.blogspot.com

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Estreno

Documental de Julio Tejeda,

“LOS AMARILLOS”

JUEVES 1 DE JULIO - 21:00 HS
ESPACIO CULTURAL CARLOS GARDEL

OLLEROS 3640
CHACARITA
EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, SITIO DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; AGRICULTORES, GANADEROS Y VECINOS DE LAS CIUDADES DE JUELLA, YACORAITE Y TILCARA INTENTAN FRENAR LA INSTALACIÓN DE UNA MINA DE URANIO EN LOS CERROS AMARILLOS.
LEYES SANCIONADAS EN LOS AÑOS ’90 Y UNA POLÍTICA DE ESTADO ACTUAL DE IMPULSO MINERO, PERMITEN LA MEGA-MINERÍA Y EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
“URANIOS DEL SUR”, SUBSIDIARIA ARGENTINA DE LA EMPRESA SUIZO-CANADIENSE “URANIO AG”, ES QUIEN PRETENDE EXTRAER ESTE MINERAL DE LOS CERROS NORTEÑOS ATENTANDO, NO SOLO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, SINO TAMBIÉN CONTRA LA CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

www.losamarillosdelaquebrada.blogspot.com

domingo, 13 de junio de 2010

LA LEY DE FILMUS DESPROTEGE EL AMBIENTE PERIGLACIAL

7 de junio del 2010

LA LEY DE FILMUS DESPROTEGE EL AMBIENTE PERIGLACIAL

Desde el veto presidencial de la Ley de Presupuestos Mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar de la Profesora Marta Maffei (DMC.), surgió un gran debate nacional entre dos proyectos de ley. Por un lado el del Diputado Bonasso, que es la ley de Maffei clonada, y por otro el del Senador Filmus. No olvidemos que este veto fue y es conocido como el Veto de la Barrick.

Consideramos que el proyecto de Ley del Senador Filmus es una trampa legal para entregarle a la minería un bien público como es el agua. Algo que hay que reconocerle al Senador, es que actúa muy inteligentemente llevando su proyecto hacia todos lados, intentando legitimar su idea a cualquier precio. Forzando al Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) a tratar a este proyecto como un paliativo ante el cambio climático, mientras en realidad este organismo dicta para este proyecto, una definición de periglaciar omitiendo los procesos de descongelamiento que en este ámbito actúan. No faltan en las presentaciones del Senador, las menciones a las ONGs que lo apoyaron, siendo lo real que en un primer momento lo criticaron y después por los motivos que cada uno desee entender, lo apoyaron. Mientras estábamos en Andalgalá, una de las asambleístas de la Asamblea el Algarrobo, llevó la noticia que un asesor del Senador se puso en contacto con ellos para pedirles que redacten una invitación formal al Senador Filmus para poder ir a dicha asamblea. ¿Qué motivo tendría este pedido lleno de formalidades si no el de intentar legitimarse en base un pueblo que está gritando un profundo NO A LA MINA, NO A AGUA RICA, SI AL AGUA PURA, SI A LA VIDA?

¿Por qué consideramos que este proyecto es engañoso? Quizás esta pregunta encontraría su respuesta, al formularnos otras preguntas: ¿Por qué se le colocó el mismo nombre que una ley que fue vetada? ¿Por qué tanta similitudes llenas de recovecos en su articulado que hacen que por momentos sean tan diferentes a la hora de proteger el espacio?

Cuando leemos acerca de glaciares la imagen que se nos presenta es muy clara. Si hoy se hiciera una encuesta, la gran mayoría definiría a un glaciar por la imagen del Perito Moreno, el Campo de Hielo Austral o la Antártida; ahora, ¿Cuál sería la imagen de un ámbito periglaciar?

Veamos una definición de las más simples y básicas, la que da el sitio Web Wikipedia, ”Periglaciar es la parte de la superficie de la Tierra donde las temperaturas durante la mayoría del año son frías, por lo tanto en donde la congelación de las aguas superficiales es muy frecuente, pero también existe una época de temperaturas más templadas, que duran cuatro meses, permiten la fusión de las aguas superficiales. En estas zonas la erosión del suelo no depende solamente del hielo sino también del agua. Es un proceso importante dentro del ciclo geográfico”. Así también otra fuente como Arthur Strahler dice “El dominio morfoclimático periglaciar se localiza en las márgenes del dominio glaciar y comprende todas las áreas de clima frío en las que la temperatura crítica de 0ºC provoca frecuentes ciclos de hielo-deshielo”.

El IANIGLIA puede opinar que el wikipedia se equivoca, esto es una cosa; ahora desautorizar a Strahler (Geomorfólogo y Catedrático de la Universidad de Columbia; autor, entre otras publicaciones, del libro Geografía Física), les sale caro!!!. Como se lo definió en el proyecto de Filmus, Glaciares de escombros (según Filmus e IANIGLA entiéndase por Periglaciar): aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Desde la ONG Conciencia Solidaria entendemos que esta definición es engañosa, tramposa y deja al descubierto un área de gran importancia que es la formadora de las nacientes y ríos no solo de los pueblos cordilleranos sino también de la República Argentina. El proyecto de Filmus nunca nombra el área periglaciar.

Filmus y el IANIGLA al categorizar cometen acto de omisión. Algo que el Senador comprende muy bien, es que este tema es fácil de ocultar por el desconocimiento que existe en lo que a periglaciar se refiere. Si consideran que la definición que colocan en el proyecto de ley es certera, los invitamos a redefinir el ambiente periglaciar en Congresos, Simposios y/o Seminarios de Geomorfología a nivel Nacional e Internacional.

Una de las armas más vehementes que el Senador presenta en su proyecto de ley de protección de glaciares y ambientes periglaciares es su interés ante el Cambio Climático Global. Que el Senador Filmus no nos trate de hacer creer que esta ley es un impulso paliativo ante esta problemática tan acuciante. Si el tema del cambio climático realmente es de interés del Senador, debería tomar medidas e impulsar proyectos que actualmente se encuentran cajoneados, como así también, pedir a nuestra Presidenta presencia en conferencias y reuniones internacionales sobre esta materia. Que la silla de la Argentina no quede vacía en los foros de Cambio Climático Global. Si a esta preocupación atendemos señalemos la usina de Río Turbio. La apertura de esta usina favorecerá sí, al Cambio Climático Global. Utilizar este argumento desde este proyecto de ley es hacer demagogia.

Otra defensa del Senador es colocar a los glaciares como bien público o sea que nadie pueda ser el dueño de este bien. Coincidimos plenamente en esta colocación así lo entendemos. Sin embargo vemos que la Barrick Gold, hoy está operando sobre tres glaciares que fueron omitidos en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Pascua-Lama. Si existiera real preocupación desde el Senador, debería apoyar el paro de total de actividades en el sector hasta que no se realice un IIA consciente, no un dibujo de la realidad. No nos olvidemos que la Presidenta se fotografío con Peter Munk, presidente de la Barrick Gold, y poco después comenzó a hablar de pueblos sacrificables así como hizo Munk en una conferencia sobre minería en New York. Por otro lado el senador Filmus, que está motivado a ser invitado a la ciudad de Andalgalá, se olvida que la Minera Agua Rica (MAR) construyó gran parte de sus instalaciones dentro del ámbito periglaciar, ámbito que su proyecto omite. Agravado aún más por tener sus instalaciones sobre la naciente de ríos que también son públicos.
Otra grave falencia en el proyecto del Senador Filmus es que no se estipulan plazos definidos para la construcción del inventario de glaciares de la República Argentina. No hablamos de las actualizaciones periódicas con un plazo no mayor al de cinco años, ni de los 60 días para la entrega de los cronogramas de actividades por parte del IANIGLA, hablamos del plazo para la conclusión del análisis de inventariado. No sería prudente que este inventario demore años en salir. Más allá de esto consideramos que los glaciares deberían ser monitorizados constantemente y no que deban esperar plazos burocráticos para que sus investigaciones sean actualizadas. Para complementar este párrafo sumamos lo que Javier Rodríguez Pardo y Enrique Matías Viale escribieron muy claramente, “El proyecto con media sanción parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la corporación canadiense Barrick Gold. No resulta casual la confusa redacción del nuevo artículo 15° que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley supuestamente prohíbe. El proyecto con media sanción del Senado establece en este artículo que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Algo que se le critica al proyecto de Maffei-Bonasso es que solo protege en áreas circundantes a altas cumbres y se hacen comentarios como que no lo protege al Glaciar Perito Moreno que tiene una cota que no corresponde como alta montaña. Pues bien, nos parece que no están leyendo el proyecto. Cuando se nombra esta descripción, es en base al ambiente periglaciar que tanto le interesa a la minería por el inmenso volumen de agua que estas áreas consiguen acumular, o sea, el Glaciar Perito Moreno no es ámbito periglaciar, es glaciar.

En el Art. 6º Filmus afirma, Se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2. Donde a pesar de realizar una nueva categorización de actividades prohibitivas enfatiza en volver al Art. 2 donde no se habla de periglaciar. Esto le abre la puerta a cualquier tipo de actividad contaminante, como la megaminería, dentro del área periglaciar que es la formadora de las cuencas hidrográficas que son tan importantes para las provincias cordilleranas como para el resto de la vida y economía de la República Argentina.

Tanto el Senador Filmus como el IANIGLA asumieron en un debate organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación que querían una Ley que Proteja el 100% del área glaciar y periglaciar, ahora hay algo que no entendemos, ¿Por qué redactaron una definición que excluye gran parte del ámbito periglaciar? Así también, afirmaron que esta es una ley para la protección de glaciares que son importantísimos para el desarrollo de la vida en la región cuyana y que es una pena que se entienda este proyecto de ley como una ley minera. A esto decimos, más allá que los Gioja, desde la gobernación de la Provincia de San Juan, las comisiones de Minería de Senadores y Diputados y sus empresas mineras, avalen el proyecto del Senador Filmus, también lo hacen paginas Web como Mining Press (Prensa Minera en Castellano) donde describen al proyecto del Senador como un proyecto de conservación de los Glaciares sin frenar la actividad minera.

Por otro lado vemos las declaraciones de Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, para el diario de Cuyo "No hay sector productivo que no quiera tener una ley que regule y respete a los glaciares y en la minería queremos una ley que no nos quite previsibilidad en avanzar en proyectos millonarios. Debemos exigirnos como sector el formar parte, tener una silla en la mesa de los debates. Debemos exigir que nos inviten a los debates. Debemos tener una ley de glaciares lógica, sin perjuicio previo de fijar el presupuesto de que la actividad contamina”. Ante esto, el Diputado Tomas - Presidente de la Comisión de Diputados de Minería- le responde, “Me alegra porque lo he invitado muchas veces".

Ante estas declaraciones que llegan desde el sector minero que avalan y votan el proyecto del Senador Filmus, nos preguntamos ¿Cómo tenemos que entender dicho proyecto de ley? ¿Cómo consigue proteger los glaciares mientras avala una actividad como la minería en sus cercanías?

No debemos olvidar que la megaminería a cielo abierto realiza una gran cantidad de explosiones durante todo su periodo de concesión. Genera grandes cantidades de polvo que según la dirección de viento se acumularía en el área glaciar. ¿Las mineras conseguirán controlar la dirección de los vientos en la Cordillera? ¿Cómo sobrevivirán las ciudades de Mendoza, San Juan, La Rioja o cualquier otra del resto del país si en el ámbito Glaciar y Periglaciar Cordillerano que nos proveen del AGUA PURA necesaria para la vida, se permiten emprendimientos mineros que lixivian rocas con cianuro y/o celdas, altamente contaminantes? ¿Las mineras conseguirán impermeabilizar y/o evitar la infiltración de las aguas altamente contaminadas con metales pesados y químicos letales acumuladas en los diques de cola en un ambiente cordillerano completamente fracturado? ¿Qué va a pasar con la vida y actividades económicas como la vitivinicultura, o cualquier otra actividad si contaminan las nacientes de los ríos? ¿Cómo la Argentina sostendrá su economía agro exportadora y sus derivados manufacturados de alto valor agregado en los próximos 20, 30 o 50 años?

La destrucción del paisaje y la contaminación ambiental de alto grado no coincide con planteos de sociedades que invierten en el turismo. Turismo que le da gran cantidad de divisas a la Argentina. Turismo y Minería no son actividades que van de la mano.

Entendemos claramente las palabras de Mayoral, son proyectos con inversiones millonarias, así como lo son muchas de las actividades que arriba detallamos. Pero, no entendemos el beneficio que le genera la megaminería al pueblo Argentino debido a que nos contamina el agua, destruye nuestra biota, nos enferma, nos enfrenta, y el rédito económico es del 3%, a ser declarado con un plazo máximo de 6 meses en una declaración jurada redactada en los puertos de destino. Sabemos que no tenemos que ser mal pensados pero ¿esto no favorece el contrabando? No hablemos de las devoluciones del IVA o los gastos de transporte. Algo que nos interesaría saber es ¿cuáles son los verdaderos intereses de nuestra Presidenta, Mayoral, Filmus, de los Gioja, Tomas? ¿Qué los mueve a generar un proyecto de ley que se dice protector de glaciares u ambientes periglaciares que nos destruye y saquea?

Será que el Senador Filmus, los Gioja, la Presidenta, Mayoral, Tomas, las Empresas de Proveeduría Minera y hasta las Grandes Corporaciones Mineras, hicieron algún tipo estudio a futuro serio sobre las consecuencias de la Actividad EXTRACTIVA Minera. Creemos que NO. Hay dos constantes que nos se están teniendo en cuenta, una es el impacto sobre el territorio y su medio ambiente, y la otra la sociedad.

A pesar que el Senador Filmus y el IANIGLA digan que esta es una ley de protección a los ambientes Glaciares y Periglaciares y atiende temas como el Cambio Climático Global, entendemos que este proyecto de ley es un intento más para legitimar la actividad minera dentro del ámbito periglaciar cordillerano.

Esperamos tengan a bien considerar estas observaciones.

Atte,

Conciencia Solidaria ONG Interprovincial.
www.concienciasolidaria.com.ar

7 de junio del 2010

La minera dueña de la justicia en Catamarca


Realizaron una conferencia de prensa denunciado persecución política en Andalgalá. Con la presencia de Rolando Flores (Autoconvocados por la Vida de Andalgalá - Asamblea el Algarrobo), los diputados nacionales del interbloque Movimiento Proyecto Sur Pino Solanas, Victoria Donda (presidenta de la comisión de DDHH), Jorge Cardelli, Liliana Parada y Cecilia Merchán; Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, SERPAJ); Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora); Maristella Svampa (Voces de Alerta) y Javier Rodríguez Pardo (miembro de MACH y de la RENACE), se realizó en la sala Jose Luis Cabezas de la Cámara baja una conferencia de prensa donde se denunció la persecución política que reciben los integrantes de la Asamblea el Algarrobo en Andalgalá, Pcia de Catamarca. Luego de que la diputada Victoria Donda iniciara la conferencia de prensa, fue el turno de Rolando Flores, quien afirmó que “el poder del dinero de las grande multinacionales mineras vuelve a atacar al pueblo de Catamarca a través de la llamada justicia que tenemos en aquellos lugares, no solamente se compra al poder político o a la policía sino también a los que deberían administrar la justicia”.

Señaló luego que “el mismo juez que ordeno la represión el 24 de marzo en Andalgalá, hoy le dicto el pedido de captura a un compañero, un juez que fue funcionario de una de las empresas socia de la minera la alumbrera y que es uno de los grandes deudores del banco Provincia de Catamarca que fue a la quiebra por este tipo de deudas levanta el dedo acusador contra un compañero que defiende los intereses de nuestro pueblo”.

Posteriormente el diputado Fernando Pino Solanas manifestó que “si uno pone la lupa en Andalgalá ve la radiografía del dominio político de una corporación que factura al año declarados tres o cuatro veces el presupuesto de la provincia, pero como no declara los más de sesenta metales incluso más valiosos que el oro, es dueña de la provincia (…) Esto es un problema político serio, la corporación minera es dueña de la provincia, de la justicia, de los medios de comunicación de las patotas, de la universidad, maneja toda la provincia”.

Pino Solanas sentenció luego que “lo que pasa en Andalgalá no es diferente a lo que pasa en San Juan En un lado un pope justicialista, en el otro uno radical, los dos abulonados al poder, a la asociación de las corporaciones”.

Luego fue el turno de los otros integrantes de la mesa unas de las palabras más sentidas fueron las de Nora Cortiñas, que señaló: “Las Madres vamos a seguir acompañándolos en esta lucha, donde hoy estarían nuestros hijos y nuestras hijas o sino no estaríamos así”.

Por último, la diputada nacional Victoria Donda ratificó el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos de la HCDN para “estar a lado del pueblo de Andalgalá ante semejantes atropellos de una justicia cómplice”.

Fuente: No a la mina

8 de junio del 2010


Justicia decidirá constitucionalidad de "ley antiminera"

El Tribunal Superior de Córdoba admitió el pedido de inconstitucionalidad presentado por empresarios y profesionales. La polémica sobre la minería se reavivó en esta provincia luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitiera estudiar si es inconstitucional o no la ley provincial que prohíbe las explotaciones metalíferas y nucleares en la provincia.

De esta manera, la Provincia de Córdoba, autora de la ley, y la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Apcnea), quienes presentaron la demanda el 4 de mayo de 2009, deberán aportar las pruebas a favor y en contra.
Una vez finalizado este trámite, los vocales del Tribunal estudiarán el tema, emitirán su opinión y, finalmente, se elaborará una resolución a favor o en contra del pedido de inconstitucionalidad.
Cabe aclarar que el TSJ todavía no resolvió sobre el fondo del tema. En la red social Facebook está circulando un mail equivocado con esta leyenda: "Adiós Sierras Cordobesas! se aprobó la minería a cielo abierto! A todas las personas de Argentina, de concretarse este asunto, se demolerían montañas enteras con explosivos, se contaminaría el agua con los productos utilizados para la extracción de uranio...".
José Pérez Corti, relator de la Sala Electoral del TSJ, explicó el alcance de la medida resuelta a mediados de mayo: "El TSJ ha interpretado que la vía utilizada es pertinente para iniciar el juicio. No significa que el TSJ se haya pronunciado sobre el contenido del planteo. Recién ahora se está tramitando para indagar sobre el fondo".
La ley. En setiembre de 2008, la Legislatura provincial aprobó la ley 9.526 presentada por el gobernador, Juan Schiaretti, que prohíbe:
La actividad minera metalífera "en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales".
La actividad minera nuclear de uranio y el torio en todas sus etapas y que rige para las minas actualmente concedidas.
El uso de cianuro , cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa incluida en diferentes leyes nacionales.
El abogado que representa al sector minero, Rafael Vaggione, explicó que la ley es inconstitucional porque no se puede legislar por encima del Código de Minería (norma nacional) y porque pone en riesgo las fuentes de trabajo de obreros y profesionales del rubro. El derecho a trabajar está contemplado en la Constitución Nacional.
Por su parte, Roberto Baillie, miembro de la ONG ambientalista Traslasierra Despierta, aseguró que se trabajó con técnicos y abogados para que la norma estuviera encuadrada en la jurisdicción minera.
"No hay ningún choque con otra normativa. El tema legal se consultó a todos los niveles y fue revisado y aprobado por la Comisión de Asuntos Legales de la Legislatura", agregó.
Baillie indicó que tampoco afecta el derecho a trabajar del personal de las minas ahora en funcionamiento, porque son todas canteras en las que no se extraen minerales metalíferos ni nucleares.
Para el ambientalista, el interés detrás de la posible derogación de la norma es la explotación del uranio, acorde con la política energética nuclear de la Nación.
Oro y uranio. En Córdoba no existen, y es probable que nunca existan, minas de oro, plata o cobre como las que hay en la zona cordillerana, porque estos elementos no están presentes en grandes proporciones en las sierras.
La normativa se dictó en un momento en que las críticas a megaemprendimientos como Alumbrera o Pascua Lama estaban en la agenda del debate ambiental. En ese momento, varias ONG ambientalistas reclamaban a la Provincia por posibles explotaciones de oro cerca de Ongamira.
Con el uranio, la situación parece ser distinta. Se calcula que hay unas 50 mil toneladas de este elemento en las sierras cordobesas. Es el combustible de las dos centrales nucleares que ahora están funcionando en Argentina y de las dos más que espera poner en marcha.
Los profesionales del área nuclear entienden que la prohibición va en contra del perfil nuclear que tiene Córdoba, con una central atómica, una planta de producción de dióxido de uranio (Dioxitek) y otras instalaciones de investigación.
Fuente: No a la mina
11 de junio del 2010
Los argumentos vergonzantes del Gobernador Binner


El domingo 6 de junio, el suplemento Rosario 12 del matutino Página 12, publicó la nota Hay que usarlo como dice la norma, de José Maggi, con algunas respuestas del Gobernador Hermes Binner sobre el uso de los agroquímicos en la Provincia.
Pareciera ser que es la manera que tiene el gobernador de responderle a las organizaciones de la sociedad civil que desde hace un mes le están pidiendo una audiencia para entregarle un petitorio con el respaldo de 12.000 firmas (sí, doce mil firmas). El objetivo es que se extienda al resto del territorio provincial el fallo de la Sala 2da. de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, de diciembre de 2009, que confirmó la suspensión de las fumigaciones por seis meses a una distancia del límite de los ejidos urbanos de 800 mts. para aspersiones terrestres y 1500 mts. para aspersiones aéreas en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge.
Y el gobernador Binner no acepta recibirlos.

Dice el gobernador en la nota (entre comillas):

• "…tenemos buenas leyes y muchas dificultades para hacerlas cumplir…”
Una ley que no se cumple o no es una buena ley, o no tiene los mecanismos de fiscalización y control necesarios para hacerla cumplir. Y esos mecanismos dependen del ejecutivo, en este caso, del Gobernador Binner. Es decir o no tenemos buenas leyes que regulen el uso de los agroquímicos, o el gobernador no está cumpliendo con los deberes inherentes a su cargo.

• “…el tema que nos preocupa es la contaminación del aire, la tierra y el agua. Se cree que el ambiente puede digerir todo lo que el hombre le arroja y no es así, por eso hay que buscar racionalidad. Por eso tiene que actuar con mucha fuerza los institutos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que son los que deben dar reglas claras y la información que necesita el hombre campo"
Este párrafo muestra dos cosas: que el impacto de los agroquímicos en la salud de la población no es un tema que le preocupa al gobernador Binner; y que él considera que la Provincia no tiene incumbencias en la regulación del uso de los agroquímicos, ya que los que tienen “que actuar con mucha fuerza son los institutos como el INTA” (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

• "…venimos de tiempos en que se usaban los organoclorados y nos enteramos que se podía vender pero no usar, luego vinieron los organofosforados que se degrada en el ambiente.”
Aquí el gobernador pareciera ser que está absolutamente desinformado, o falta a la verdad: muchos informes muestran que los organoclorados y los organofosforados se siguen usando, entre otros motivos porque el ejecutivo no ejerce los controles que son de su incumbencia exclusiva en el territorio provincial.

• “Y luego tenemos el que se asocia directamente con la soja transgénica y la siembra directa que es el glifosato, que está absolutamente en estudio, y que en general no hay manifestaciones demostrables en contra de la salud del hombre si se usa en la forma que plantea en la ley, tanto en la fumigación aérea como en la terrestre".
Es cierto, el glifosato, como mayoría de los agroquímicos, están “absolutamente en estudio”; lo que significa que no se conocen todos los daños que pueden producir. Y es por eso mismo que se deben alejar todas las fumigaciones de los lugares donde vive la gente.

• "la mayor responsabilidad es de los que aplican estos elementos”
Es decir, le está echado la culpa, eventualmente, al peón del campo que hace las aplicaciones.

• “…ese trípode (soja transgénica, siembra directa y glifosato) bien utilizado es uno de los fundamentos extraordinarios para la preservación del medio ambiente. Por un lado, porque se han disminuído notablemente los laboreos en el campo, con lo cual se gastan menos combustibles fósiles,…”
Esto ya es directamente suscribir de manera acrítica el discurso falseador de la realidad de las empresas que comercializan los insumos que participan de la cadena de la soja. En las casi 20 millones de hectáreas de soja transgénica que hay en el país, no hay biodiversidad, desapareció el ecosistema, no hay vida, todo es muerte; salvo, claro, la soja transgénica y las malezas que van siendo cada vez más resistentes. No hay microflora ni microfauna, no hay gusanos ni insectos, no hay mamíferos, aves ni peces. Desapareció todo vestigio de vida ecosistémica.

• “…y por otro lado utilizados en la forma que hoy los estudios científicos lo indican , han aumentado enormemente la productividad y la riqueza de nuestro país".
No; no aumentó la riqueza del país; el país perdió o está perdiendo la productividad sostenible de sus ecosistemas más productivos en forma acelerada. Los que se enriquecieron fueron los dueños de los campos, las empresas comercializadoras de los insumos del paquete tecnológico transgénico para agroquímicos, y las comercializadoras de los granos. El resto de la población, que antes vivía de alguna manera ligado a la actividad agropecuaria diversificada, se sumergió en la miseria. Porque por cada 500 hectáreas de soja transgénica, hay un puesto de trabajo, y eso no es generar riqueza, ni en la Provincia de Santa Fé ni en ningún lugar del mundo en toda su historia. Nunca, ningún país, ninguna región, ninguna provincia en toda la historia se hizo rica produciendo un commodity. Además de los riesgos que trae depender de monopsonios, como quedó demostrado con la amenaza de China de limitar las importaciones de aceite de origen argentino.

• Pregunta el periodista: ¿Qué le responde a quienes le está pidiendo que adopte el fallo de San Jorge con las distancias de 800 metros en caso de aplicaciones terrestres y 1500 metros en las aéreas? “Hay que respetar lo que dice la ley (N. del R: es bastante menor). Y además hay que ver los días en que hay viento, porque estos espacios se amplían enormemente cuando hay viento.”
En boca de un gobernador, es una respuesta que seguirá enriqueciendo en dinero en forma directa a los dueños de los campos que están más cerca de los ejidos municipales.
No tiene nada que ver con el cambio o no del sistema de producción transgénica. Las organizaciones ambientalistas demostraron, para un departamento, que la ampliación a todas las localidades de las mismas distancias de restricción de fumigación, implicaría la afectación del 4% de la superficie sembrada; que no por eso se dejaría de explotar, sino que podría destinarse a la producción diversificada, que asegure la soberanía alimentaria de esas mismas localidades.
El gobernador Binner es la cabeza del ejecutivo que hace la norma que reglamenta la ley. No tiene ninguna traba legal que le impida extender la aplicación de la resolución de la cámara citada al principio al resto del territorio de la provincia de Santa Fé, cuidando de esta manera la salud de la población afectada por las fumigaciones.

• “…el uso racional de un producto que favorece evidentemente la producción y favorece la vida porque produce alimentos. Hoy hay una demanda mundial de alimentos. …Por eso nosotros debemos seguir usando los nuevos elementos para mejorar racionalmente la producción, porque hay un mundo que está demandando cada vez más alimentos. Lo dice la FAO dentro de treinta años van a ser falta el doble de toneladas de cereales de lo que se produce hoy: de 3500 millones de toneladas a 7000 millones de toneladas. Y esto se logra mejorando la producción en lugares más fértiles e investigando nuevas semillas y nuevos productos en los terrenos menos fértiles…”
Otra suscripción al discurso falseador de las empresas que venden el paquete transgénico para agroquímicos. Los granos de los productos transgénicos no van a paliar el hambre del mundo, sino que sirven principalmente de forraje para alimentar ganado para producir carne para las clases medias y altas de Europa y China, y para producir biocombustibles para las clases medias de los países desarrollados. Por otro lado, no tiene sentido aumentar la producción con un paquete tecnológico que destruye la sostenibilidad del ecosistema del cual dependemos para poder producir alimentos para que se sostengan tambièn la producción de los bienes y servicios ambientales imprescindibles para la vida.

• Finalmente, pregunta el periodista: Hoy muchos santafesinos piden que se aplique el principio precautorio sobre el glifosato: ante la duda sobre sus efectos sobre la salud, se debería impedir su uso hasta esclarecerlo. ¿Qué les responde?
“Creo que no debe haber ningún producto que pueda demostrarse que en cantidades excesivas produce cáncer. A nivel experimental usted puede producir cáncer con elementos de la comida diaria. Evidentemente esto no es lo que está ocurriendo en la sociedad , que usa los elementos, algunos de ellos erradicados por producir cáncer. Pero todo producto utilizado en forma racional y que cubra con las necesidades de su aplicación no está demostrado que produzca cáncer.”
La respuesta del gobernador muestra nuevamente su desinterés en las asociaciones entre agroquímicos y enfermedades que padecen las poblaciones afectadas por las fumigaciones, tal cual lo hace el discurso de las empresas ligadas al complejo sojero transgénico. Ignora los numerosos estudios que muestran esas asociaciones, que están claramente desarrolladas en el fallo de la Sala 2da. de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, y que el Gobernador Hermes Binner, en su calidad de médico, debería conocer.

Vale recordar, nuevamente, que no somos los habitantes de la nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño. Son las empresas que los producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño, y el Estado debe asegurarnos que esas demostraciones son válidas. Como lo dice claramente el principio de precaución de la Ley General del Ambiente, sustentado en normas internacionales.

Por Claudio Lowy – ecolowy@yahoo.com.ar

domingo, 6 de junio de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA

Conferencia con Pino Solanas, Victoria Donda,

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y ambientalistas

en la sala Cabezas el lunes 7 a las 16 hs.


“TERMINEMOS CON LA REPRESIÓN
Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN ANDALGALÁ”


El lunes 7 de junio a las 16 hs., en la Sala Cabezas del Congreso de la Nación, Rivadavia 1864, 1er. Piso, Ciudad de Buenos Aires, se brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre la persecución política y la represión permanente sufrida por ambientalistas de la ciudad catamarqueña de Andalgalá.

En la misma se harán presentes los diputados Pino Solanas, Victoria Donda (presidenta de la comisión de DDHH), Jorge Cardelli y Fernanda Reyes; Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, SERPAJ); Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora); Rolando Flores (Autoconvocados por la Vida de Andalgalá - Asamblea el Algarrobo); Maristella Svampa (Voces de Alerta) y Javier Rodríguez Pardo (miembro de MACH y de la RENACE)

A los episodios represivos comunicados con anterioridad y sufridos por los ambientalistas que se oponen a la radicación de empresas de explotación minera cuyas actividades implican un serio riesgo para la salud de los pobladores y el ambiente, se suma ahora una evidente persecución política dirigida a los asambleistas.

El 26 de mayo pasado, el Juez Rodolfo Cecenarro inició una denuncia contra un integrante de la Asamblea El Algarrobo, acusado falsamente de amenazarlo de muerte a él y a su familia. A los pocos días, el juez subrogante de Andalgalá, Escipión Scida, libró una orden de captura en contra del acusado, realizando allanamientos en el domicilio de otro asambleísta y en las instalaciones de la asamblea “El Algarrobo”, en clara actitud intimidatoria para toda la comunidad, y llegando al extremo de solicitar la captura a nivel nacional, con una inmediatez pocas veces vista en la justicia local.

Cabe recordar que el juez denunciante, es el mismo que dictaminó la orden de represión al pueblo andalgalense el 15 de febrero pasado y además tiene a su cargo el recurso de amparo contra la empresa minera Agua Rica.

La abogada defensora de la Asamblea denuncia que a la fecha De Las Cuevas ni siquiera ha sido notificado sobre los cargos que se le imputan, y que se le ha negado sistemáticamente la vista de la causa.

Denunciamos la clara intencionalidad de la Justicia y el Gobierno Catamarqueño de criminalizar la protesta en Andalgalá, ya que a más de tres meses de producida, ninguna de las más de 40 causas iniciadas a partir de la salvaje represión de febrero ha avanzado, no hay ningún responsable investigado. Pero en menos de 5 días no dudó en librar un pedido de captura, ordenar allanamientos y procesar un asambleísta por un delito que no cometió.

En conclusión expresamos nuestra gran consternación ante estas muestras de la complicidad del poder judicial con el poder político y la policía, de los abusos y amenazas permanentes, de falsas acusaciones e injusticias, de violencia contra la población que cada día se agudiza. Señalamos que este tipo de violencia y abuso de autoridad tiene claros responsables: la empresa minera a cargo del proyecto de Agua Rica, el juez Cecenarro, la fiscal Marta Nieva, el intendente de Andalgalá José Perea, el gobernador de Catamarca Brizuela del Moral, y los medios de comunicación masiva, como el diario Ancasti.

Concurrir con documento de identidad.
Convocan:
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Primeras adhesiones:
Diputada Nacional Verónica Benas, (SI)
Diputada Nacional Cecilia Merchán, Libres del Sur
Movimiento de Profesionales para los Pueblos
Para enviar adhesiones: silviaferreyra@recursosnaturales.org.ar
Contactos de prensa:
VICTORIA DONDA diputada nacional.
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
Jefe de prensa Luis Vivori 156-784-8511
www.victoriadondaperez.org.ar

2 de junio del 2010
Mayoral en defensa de la ley de FILMUS

Bien sabemos sobre la intención de la ley de protección de glaciares emanada del senado en favorecer al sector minero.Esta nota desenmascara la total intención del proyecto del senador Filmus sobre glaciares, entregar la zona periglaciar a la explotación minera.
Glaciares: Arenga al sector minero para no ceder espacio

Es por el inminente debate de la ley en el Congreso. Lo pidió Mayoral y, con matices, cosechó adhesiones de Gioja, Tomas y Martinez.


Primero repasó los números del crecimiento récord de inversiones, exportaciones, puestos de trabajo y exploraciones y luego fue de lleno a uno de los temas sensibles que tiene hoy la minería, como es el tratamiento inminente de la ley de glaciares en Diputados. Ahí fue cuando el secretario de Minería, Jorge Mayoral, arengó al sector minero a "tomar una silla en la mesa de los debates" e ir "legislador por legislador a contar cómo es la realidad de la minería".

"No hay sector productivo que no quiera tener una ley que regule y respeta a los glaciares y en la minería queremos una ley que no nos quite previsibilidad en avanzar en proyectos millonarios. Debemos exigirnos como sector el formar parte, tener una silla en la mesa de los debates. Debemos exigir que nos inviten a los debates. Debemos tener una ley de glaciares lógica, sin perjuicio previo de fijar el presupuesto de que la actividad contamina. Los invito con contundencia a hablar a los legisladores, que no son más que ciudadanos de las provincias", dijo en tono imperativo, al pronunciar su discurso en la inauguración de la III Exposición San Juan, Factor de Desarrollo de la minería Argentina, una de las principales ferias mineras argentinas que ayer abrió sus puertas en la provincia.

Es que pronto Diputados tratará la ley de glaciares, donde bloques opositores intentarán sancionar el proyecto de Miguel Bonasso que prohibe la actividad minera en los glaciares y la zona periglaciar, en detrimento al de Filmus, que sí permite la minería y cuenta con media sanción de senadores.

Fue el ámbito ideal porque el evento reunió a un amplio abanico de legisladores, funcionarios, universitarios y empresarios. Y frente a la arenga de Mayoral, el gobernador Gioja, el diputado Daniel Tomas y el titular de la Cámara Minera, Ricardo Martinez coincidieron en la convocatoria, aunque con matices.

Repercusiones

"Me parece correctísimo, es lo que venimos reclamando y viene reclamando él (por Mayoral) permanentemente. Yo creo que la silla la tiene a través de los representantes de las provincias que tenemos esta actividad. Estamos hablando con todos los diputados y lo vamos a seguir haciendo", dijo el gobernador Gioja, quien previamente en su discurso, hizo una fuerte defensa de la minería en San Juan.

"De parte de los empresarios ese aporte lo hemos ofrecido siempre, a todos los legisladores sanjuaninos. Estamos abiertos al diálogo, pero queremos que nos inviten a los debates para hacer nuestros aportes técnicos", señaló por su lado el empresario Martínez, aludiendo al último debate entre las comisiones de Recursos Naturales y de Minería, en que el arco anti K fue acompañado por ambientalistas y pancartas, mientras el oficialismo, liderado por el titular de Minería, Daniel Tomas, se encontró solo.

Ayer Tomas aprovechó para pasar factura: "Me alegra porque lo he invitado muchas veces", dijo respecto a la invitación de arenga de Mayoral, "pero me hubiese gustado que esto se hubiera hecho en la primera reunión conjunta".

-¿Es una crítica?, se le consultó. -"No. Creo que fue una jugada demasiado rápida y es importante que todos los sectores nos pongamos de acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo para la promoción y que lo tomemos como una bandera de la provincia. Lo mejor es que todo el mundo participe, no sólo el Estado sino el sector empresarial, el de los trabajadores, porque sino termina siendo una disputa entre 4 o 5 que ideológicamente piensan que su bandera es ir en contra de todo lo que es la minería y no entendiendo que no es contra la minería, es en contra de todo el crecimiento en nuestra provincia que es mayormente de montaña", dijo Tomas.
Por Elizabeth Pérez
Fuente: DIARIO DE CUYO
31 de mayo de 2010

Se recalienta el debate por los glaciares en las dos cámaras


Los bloques opositores intentarán sancionar en Diputados -en la próxima sesión-- el proyecto de ley de Miguel Bonasso que prohíbe la actividad minera y petrolera en los glaciares y el ambiente periglaciar.


Con esta iniciativa, que es un calco de una ley vetada -en diciembre de 2008- por la presidenta Cristina Fernández, el arco anti K va por la revancha en un tema sensible que involucra a la actividad minera en provincias ubicadas en los Andes centrales. El asunto se complica porque también está a la consideración de la Cámara baja (es el dictamen de minoría) un proyecto de Daniel Filmus aprobado por unanimidad en el Senado, en octubre de 2009.

Resulta paradójico que el radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el socialismo hayan respaldado en la Cámara alta -por acción u omisión- el proyecto de Filmus y en el debate en comisión de Diputados se hayan alineado con el de Bonasso. La explicación es política, coinciden los diputados consultados.

De lo que se trata es de enfrentar un "veto total inadmisible", aseguró el ex kirchnerista Bonasso, quien en las últimas semanas vino conversando con los opositores para sumarlos a la causa en contra del veto y a favor de su proyecto, que en realidad es una réplica del de la ex diputada Marta Maffei.

El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo, la cívica Elisa Carrió y PJ disidente Felipe Solá bendijeron a Bonasso.

Algunos diputados que pidieron reserva de su nombre reconocieron que la sanción del Senado "es más completa, protege mejor a los glaciares". Pero ninguno de estos bloques y mucho menos Bonasso están dispuestos a dar el brazo a torcer: quieren ir al recinto con el dictamen que dice lo mismo que fue vetado, para hacerle pagar el costo a Cristina.

De todos modos, la oposición está dispuesta a introducir mejoras en el texto de la norma para contemplar aspectos que tiene la sanción del Senado. Pero quieren que el debate arranque con los fundamentos del proyecto vetado.

Como es obvio, los K pretenden lo contrario; que el punto de partida sea la sanción que viene de la Cámara alta, para evitarle un dolor de cabeza a Cristina. Esta discusión de poder esconde otro debate más enojoso vinculado a las explotaciones mineras que ya están en marcha en los Andes Centrales, particularmente el de la empresa Barrick, que explota a cielo abierto una mina en San Juan.

Sobre este emprendimiento hubo críticas de ambientalistas debido a que para extraer el mineral es necesario utilizar mucha agua que puede sufrir contaminación.

Lo curioso es que en los fundamentos del proyecto Filmus se especifica la protección de los glaciares de los Andes Centrales (Mendoza San Juan, Catamarca y La Rioja) porque se trata de zonas áridas y el agua de los glaciares es fundamental para alimentar los ríos en verano y sobre todo si hay sequía.

Todo es revisable, dicen en la oposición, pero el punto de partida es el proyecto vetado, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado y allí será otra historia.
Fuente: Diario Los andes
1 de junio del 2010

Barrick Gold: Una empresa, en 9 países, innumerables abusos
Vecinos Autoconvocados de San Jorge, Romang, Malabrigo, Esperanza, Desvío Arijón, Estación Diaz, Monje, Totoras, Sastre, María Juana, San Carlos Sud, Rufino, Firmat, Alvarez, Lucio V. Lopez, San Lorenzo, Ramayón, Videla, Bernardo de Yrigoyen, Cañada Rosquin, Casilda, Granadero Baigorria, Hersilia, Melincué, Soldini, Perez, Alejandra, Sauce Viejo, Rafaela, Luis Palacios, Tacuarendí, Barrancas, Avellaneda, Villa Ocampo. La Potasa, Nicanor Molina, El Arazá, Santa Fe, Espín. Arroyo Leyes, San Justo, San Javier, Reconuqista y Vera.
Este año, proyecto minero de Barrick en la República Dominicana ha experimentado un fuerte aumento de la resistencia. Apenas una semana después de que informes de que el ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal deseaban una revisión de contrato del Gobierno con la Barrick Gold, la prensa de habla española informó de una explosión en la operación de Barrick, resultando en el envenenamiento y la hospitalización de más de 400 trabajadores. La prensa en idioma Inglés informó posteriormente de que las enfermedades se deben a intoxicación por alimentos. Sin embargo, un informe presentado por la Academia de Ciencias de la RD y la Universidad Autónoma de Santo Domingo llegó a la conclusión de que las enfermedades no eran de infección bacteriana, y señaló que ni los síntomas ni tratamiento fueron congruentes con las quejas de los trabajadores.
Desde entonces, hasta 3.000 dominicanos marcharon en Cotuí en la provincia central de Sánchez Ramírez para protestar contra la mina de oro de Pueblo Viejo el 3 de abril. Después de eso, un grupo de unos 50 jóvenes caminaron 150 kilómetros de la capital de Cotuí y cientos de personas marcharon contra Barrick el 17 de abril. Ahora, 02 de mayo marca otro enorme movilización contra esta empresa.
En Papua Nueva Guinea, Barrick encuentra la policía, que – basándose en informes de situación de Barrick Gold – quemó una ladera entera de las casas adyacentes a sus Porgera Minas. Barrick inicialmente negó estas acusaciones, señalando que era su comprensión de que el 50 chozas temporales se derrumbó. Pero, un informe de Amnistía de seguimiento mostraron evidencia de al menos 130 casas permanentes quemadas, mientras los aldeanos fueron golpeados, hostigados y detenidos.
En Tanzania, se han realizado dos informes que confirman efectos negativos duraderos de un derrame de sustancias tóxicas en Tanzania que tuvieron lugar en mayo pasado. El último informe, encargado por un comité interreligioso en Tanzania y escrito por científicos de la Universidad Noruega de Ciencias de la vida y si la Universidad de Dar es Salam, que se encuentra vida potencial amenaza niveles de arsénico por el norte de las minas de Barrick en Tanzania Mara. El estudio investigó el área alrededor de la presa de relaves y el sitio de un vertido accidental que se produjo el 09 de mayo 2009. A pesar de el hecho de que estas áreas se probaron cuatro a siete meses después del derrame, este estudio muestra que el agua sigue siendo tóxica para el consumo humano y el uso de pastoreo.
Según Evans Rubara del Consejo Cristiano de Tanzanía, “Tras el derrame de mayo, 203 personas se enfermaron, 43 personas murieron, y 1.358 cabezas de ganado murieron, según las autoridades Ward en el norte de Mara. Barrick respondió al informe que critica la integridad de la ciencia, a la que los autores respondieron con una defensa detallada de su metodología.
En su proyecto Pascua Lama en la frontera de Chile y Argentina, las actividades de Barrick se han relacionado con una disminución de 56 a 70% en el tamaño de los glaciares cercanos por la Delegación del Gobierno Agua, quien informó en enero que la compañía no está cumpliendo con el de Chile las leyes ambientales.
El proyecto Pascua Lama es también afectado por una demanda de la comunidad diaguita Huascoaltinos indígenas contra el Estado chileno, recientemente admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su denuncia que el gobierno no sólo violó el Tratado de Libre Diaguita, el Prior, y el Consentimiento Informado (CLPI), pero tampoco tuvo en cuenta las observaciones presentadas por su comunidad en el Proceso de Evaluación Ambiental de la Mina. La demanda también afirma que la reclamación de Barrick a la tierra en y cerca del proyecto Pascua Lama en la frontera de Chile y Argentina se basa en una serie de reivindicaciones de tierras fraudulentas de propiedad colectiva de la tierra-diaguita Huascoaltinos. El Diaguita Huascoaltinos también inició dos demandas en contra de Barrick en Chile, tratando de disminuir la velocidad y frenar la extracción minera Barrick y la exploración en sus tierras.
La manipulación de títulos de propiedad también se puede observar en el Lago Cowal mina de Barrick en Nueva Gales del Sur, Australia, donde ha llevado a la manipulación de Barrick de títulos nativos a la profanación de un lugar sagrado y Wiradjuri importante humedal. Desde la mina de Lago Cowal – que tiene licencia para el uso de más de 12 millones de litros / día de agua – ha estado en funcionamiento, el área ha experimentado dos aguas “crisis”, la última en octubre de correspondencia con los niveles más bajos en la presa en el Wyangala Lachlan río desde 1970.
Estas mismas cuestiones se pueden ver en los Estados Unidos, donde Barrick quiere expandir sus operaciones mineras en Nevada. El estado occidental tribus shoshone reclamación a la Oficina de Administración de Tierras EE.UU. no ha dado plena evaluar el impacto ambiental de la expansión de la mina antes de aprobarla, y que presentó una demanda contra la compañía. Aunque inicialmente negó, los Shoshone consiguió una orden que en la apelación en una Corte de Apelaciones de San Francisco Federal. Sin embargo, Barrick apeló de nuevo más tarde para ganar un mandato limitado por lo que la mina no tiene que cerrar, mientras que el BLM lleva a cabo los estudios. En esa mina, el oro se encuentra debajo de la mesa de agua, y los shoshone sostienen que el bombeo de agua de la cisterna haría que el nivel del agua subterránea a caer y, potencialmente, se secan más de una docena de arroyos y manantiales que los Shoshone mantenga como algo sagrado.
En Baluchistán, Nawab Aslam Ministro Principal Raisani 05 de enero anunció la rescisión de un contrato minero de Barrick Gold Reko Diq proyecto, tras una decisión unánime por el gabinete de la provincia paquistaní. Según el Ministro, “Ellos (Barrick y Antofagasta de Chile, co-propietarios del proyecto de la mina) sólo tienen una licencia de exploración, que no cubre la extracción”, y agregó que su gobierno no permitiría que cualquier acuerdo que socavan los derechos de las personas.
Inmediatamente, embajador de EE.UU. en Pakistán, Anne Patterson hizo una declaración advirtiendo que “las empresas multinacionales no invertirá en un país donde las transacciones se cancelan”. Ministerio de Comercio internacional de Canadá hizo lo mismo, presionando funcionarios paquistaníes a “cumplir sus obligaciones en virtud de un acuerdo de 2006 entre Pakistán y canadiense-chileno potencialmente miles de millones de millones de dólares”, según el Vancouver Sun.
Baluchistán, la provincia de Pakistán fronteriza con Irán y Afganistán, ha estado luchando por su independencia de Pakistán desde 1948. Más de 8.000 Baloch han desaparecido desde 2004, y 26 * prominentes líderes han sido asesinados.
Y, por último, en Canadá, Barrick está utilizando SLAPPs – demandas estratégicas contra la participación del público – en contra de dos prensas pequeñas, una en Quebec, una con sede en Vancouver, que han publicado o han anunciado su intención de publicar los libros que la imagen de los daños de Barrick. La última SLAPP, dirigido a Talonbooks de Vancouver, se detuvo un libro antes de que incluso llegó a la prensa.
El libro, titulado Imperial Canada Inc.: Legal Haven de elección para la Minería del Mundo Industrias, editado por Alain Deneault, fue cancelado debido a que su pequeña editorial no podía permitirse el lujo de participar en una batalla jurídica, independientemente de los méritos del caso.
Mientras tanto, Barrick participa en numerosas reuniones de alto nivel promoviendo su versión de Social Corporativa Responsbility y su presidente, Peter Munk, recientemente donó $ 35 millones para la Universidad de Toronto para crear la Escuela Munk de Asuntos Globales, cuyo objetivo es preparar a los estudiantes a convertirse en líderes mundiales y fomentar “una profunda comprensión de la arquitectura más amplia y las fuerzas que conforman el sistema global.”
Por: Sakura Saunders
Fuente: protestbarrick.net


1° de junio del 2010
Cerro Vanguardia en el 2003 tuvo un derrame de colas de Planta

La empresa minera Cerro Vanguardia considerada “la más segura” del país, ha tenido varios incidentes y entre ellos algunos graves. La política minera tiene como principio la no difusión de las noticias negativas: los derrames cianurados es una de ellas. En el 2003 612 m3 de compuestos cianurados fueron derramados en el yacimiento. Es extraño que el Secretario de Estado de Minería haya dicho recientemente que en 13 años no se ha recibido ni una denuncia. La de este incidente entró en la entonces Dirección Provincial el, 6 de febrero de 2003.
De acuerdo a documentación a la que hemos tenido acceso, el 02 de febrero de 2003 a las 23:00 hs se produjo un derrame de “pulpa” (elemento cianurado con alto contenido de sólidos) en el camino de ingreso al dique de colas en el yacimiento de oro de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, lo cual fue detectado recién siete horas y media después, el día 3 a las 06:30hs, volcándose un total de 612 m3 de este compuesto altamente contaminante en el terreno. El derrame comprendió el camino de ingreso al dique de colas, descargando por la vertiente natural por donde circula el rebalse del tanque de agua de riego 319-tk-102, del yacimiento.
El incidente se produjo al colocar en marcha la planta del Yacimiento C.V que había sido parada el 27 de enero de ese año, dado que la empresa decidió el cambio de “liners” y “lifters” del molino, el cambio de recubrimiento interno de las torres de “stripping de Cyanisorb” (Planta de recuperación de cianuro), reparación de sistema hidráulico del espesador 2 y cambio de sistema de alimentación a alta capacidad en el espesador de molienda, resume el informe técnico.
El motivo por el cual se produjo el derrame, fue simple: faltaba la conexión de la nueva cañería de descarga al dique de colas, un error técnicamente imperdonable, teniendo en cuenta los cuidados que se deben tener en cumplimiento del protocolo establecido para evitar este tipo de incidentes. “Para que se entienda bien, es como poner a funcionar un lavarropas nuevo y olvidarse de conectar el caño de descarga del agua a la cloaca”, nos dijo un técnico de C.V.
Las fuentes indicaron a OPI que inmediatamente de detectado el derrame (7,5 hs después del hecho) la empresa procedió a realizar las conexiones necesarias y luego a tomar muestras a lo largo de la canalización, donde los valores constatados de concentración de cianuro en el líquido derramado estuvo por encima de los 20.2 ppm, aunque se insiste en que la empresa C.V elaboró informes con ese valor como techo.
El Secretario de Estado de Minería de la provincia Oscar Vera dijo recientemente que las empresas son muy responsables en el tema medioambiental y no dudó en cargar contra quienes denuncian anormalidades e irregularidades dentro de los yacimientos y acusan al Estado de falta de control (como es obvio). También dijo “en trece años nunca recibimos una denuncia”. Lamentamos decirle al funcionario que ésta particularmente, se le debe haber escapado, porque ingresó a la entonces Dirección Provincial de Minería, el 6 de febrero de 2003, es decir, 4 días después de producido el incidente, cuando ya la situación había sido estabilizada por la empresa.
También en Cerro Vanguardia se registraron en el mismo año valores por encima de 150 ppm cianuro WAD en la descarga de los diques de cola y también en el 2003, en el segundo bimestre, se registró el derrame de solución de proceso a través de una grieta en la pileta de contención de hormigón que tiene el yacimiento. Por supuesto, de esto, el nuevo funcionario tampoco debe estar enterado.
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz

Santa Fe, 1° de junio de 2010.-

Al Sr. Gobernador
de la Provincia de Santa Fe
Dr. Hermes Binner
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud., en nuestro carácter de representantes locales del “Espacio de Articulación de Organizaciones y Vecinos Autoconvocados de la provincia de Santa Fe”, a los efectos de solicitarle una audiencia. La misma tiene la finalidad de plantear cuestiones relacionadas a la preocupación basada en situaciones de intoxicación y contaminación por agrotóxicos que alcanzan niveles graves, padecidas por cientos de vecinos en la provincia y, entregar un petitorio firmado por miles de personas. En la oportunidad, acompañaremos la entrega del pedido con resoluciones del departamento ejecutivo de la ciudad de Rufino y de los Consejos Deliberantes de Villa Constitución y Rufino, que constituyen antecedentes de aval.
El petitorio está relacionado a los fallos, del Juez de la localidad de San Jorge y de la Cámara de Apelaciones de la Provincia, sobre la aplicación de agrotóxicos y la distancia a centros poblados y expresa la necesidad de los vecinos de más de 50 localidades de hacer extensivo la sentencia a todo el territorio provincial.
Es de público conocimiento la movilización generada en la provincia ante el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos que impactan en forma negativa sobre el ambiente local y regional y, específicamente, sobre la salud actual y futura de todos los santafesinos por Ud. gobernados.
Esperando una pronta respuesta positiva a nuestro pedido, le saludan muy atentamente.

Prof. Mónica Rivero, Carlos A. Manessi
Acción Educativa Centro de Protección a la Naturaleza
“Espacio de Articulación de Organizaciones y Vecinos Autoconvocados de la prov. de Santa Fe”
Acción Educativa – Santa Fe.
Centro de Protección a la Naturaleza – Santa Fe.
Asociación Muyuqui – San Justo.
Instituto de Cultura Popular (INCUPO) – Reconquista
Asociación para el Desarrollo Rural – Villa Minetti.
Eco San Javier – San Javier.
Taller de Comunicación Ambiental – Rosario.
Agrupación Basta de Cáncer – Arroyo Seco
Asociación Ecologista Renacer – Villa Constitución.
Asociación Ecologista 25 de Mayo – Empalme Villa Constitución.
Movimiento Campesino de Liberación.
Foro Sur de la Agricultura Familiar.
Red Solidaria Indígena – Rosario
Escuelas de Familias Agrícolas (EFAs) de la Cuña Boscosa
Agrupaciones de Rosario que trabajan juntas en un espacio de defensa por la biodiversidad:
Semillas de Rebelión
Socialismo Libertario
El Grito de la Tierra-Barrio Malvinas
ONG Conciencia Solidaria
Foro por la Soberanía Alimentaria
Frente Darío Santillán
Revista Virtual Arte-Tierra-Huella