Ley de Glaciares

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Carina y Marcela, están procesadas injustamente por defender el medioambiente

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Por Actores

¿Sabés qué es la megaminería?

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6 de agosto del 2009

Ley de Glaciares


El pasado martes, pudo funcionar con quórum la Comisión de RR.NN de la Cámara de Diputados; allí nuevamente se debatió en torno a la Ley de Glaciares. Al momento hay 4 proyectos en comisión en torno a este tema, con una clara intención de entorpecer el camino que deberá recorrer el texto del proyecto vetado, presentado en diciembre por el diputado Bonasso. Se nos encomendó a los asesores sintetizar las diferencias y convergencias para poder retomar la discusión el martes que viene, aunque es sabido cuáles fueron las razones para el "veto Barrick".
Nuestra posición sigue siendo insistir con el texto de la ley vetada, tal como se lo manifestamos al Gobierno Nacional en la reunión con el Jefe de Gabinete Florencio Randazzo la semana pasada, creemos que el Congreso -por la vía administrativa que fuere- debería ratificar el texto que votó en forma unánime.
Pedimos a quienes puedan hacerse presente el martes que viene a la reunión de diputados, que nos acompañen en este debate para que el proyecto original avance y pueda llegar nuevamente al recinto.
Sería el martes 11 de agosto en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados, Riobamba y Rivadavia. El horario y lugar de la reunión no ha sido confirmado aún, pero seguramente será entre las 15 y 15:30, en la sala 7 del tercer piso. Quienes puedan venir, avísennos para facilitarles el ingreso.

Estos son los proyectos ingresados:
- del diputado Bonasso, firmado por los presidentes de distintos bloques (mismo texto que la ley vetada)
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=6769-D-2008
- de diputados/as de Santa Cruz, proponiendo el "Registro de glaciares"
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1384-D-2009
- de la diputada Chiquichano, del FpV-Neuquén, también de protección a los glaciares
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2275-D-2009
- del diputado Gioja, de "protección" de glaciares y modificatoria a su proyecto
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=0887-D-2009
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2009/PDF2009/TP2009/0927-D-09.pdf


Fuente: www.prodiario.com.ar
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6 de agosto del 2009




FILMUS AL BANQUILLO

Un fiscal pide que Filmus declare en la investigación sobre el veto a la Ley de Glaciares
La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares llegó a la Justicia.


Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.

Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado.
El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.

En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con la función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.

Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación.

También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera. El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold.

Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.

No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.

También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.

Fuente: MU





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5 de agosto del 2009

Consejeros Superiores de Ciencias de la Educación votaron en contra de la aceptación de los fondos mineros

En una votación dividida el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos, resolvió aceptar este 4 de agosto los fondos de la Mina La Alumbrera.

La reunión ordinaria, como es habitual, se desarrolló en la ciudad de Villaguay y uno de los temas que debió considerar el Consejo fue su posición en relación con los nuevos fondos disponibles de la explotación de la mina "Bajo la Alumbrera", que le permitirían a la UNER incorporar a su presupuesto 2009 una suma que, se estima, sería cercana a los 820 mil pesos.
Al momento de la votación 15 fueron las expresiones a favor y 11 las manifestaciones de rechazo, entre ellas las de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez; la de la Consejera Docente Mirta Giacaglia; la Consejera Elina Cánepa del claustro estudiantil y el Consejero Sergio Cristani, que es uno de los representantes graduados. Hubo, además, una abstención, la del Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Hugo Cives.
A diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2008 en esta oportunidad el debate en el ámbito del Consejo fue más profuso y se escucharon mayor cantidad de opiniones en contra de la aceptación de los fondos derivados de la Ley N°14771 del año 1958, rechazo que se fundamenta –especialmente- en el origen de los fondos, en las consecuencias socioambientales derivadas de la minería, en lo que significa la entrega del patrimonio nacional, y en que los recursos no se incorporan de manera genuina al presupuesto universitario.
Muchas de estas manifestaciones en desacuerdo se expresaron en la lista UNER Debate, de la que participan miembros de la comunidad educativa de la Universidad, superando al día de la fecha el centenar. Esto dio origen, además, a una nota que fue presentada por la Consejera Susana Cazzaniga –de la Facultad de Trabajo Social- en la que se requería que el Consejo no acepte los recursos mencionados.
Sin embargo, la decisión de la mayoría del cuerpo fue similar a la adoptada en noviembre de 2008, ocasión en la cual el Consejo aceptó los fondos, aunque reservándose el derecho de emitir un documento.
Lo cierto es que el tema de los fondos provenientes de la minería para el financiamiento universitario es un tema que, en los últimos tiempos, se ha instalado y ha comenzado a dividir opiniones.
En particular, en lo que respecta a la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahora se abre un nuevo capítulo en relación a este tema, ya que cada Consejo Directivo deberá ser quien, de aquí en más, determine sobre los recursos que le corresponden a su unidad académica.

Fuente: www.fcedu.uner.edu.ar
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4 de agosto del 2009
Denuncian a autoridades de la Universidad de La Rioja por aceptar dinero de Minera Alumbrera

Integrantes de la UCR y el ARI de La Rioja denunciarán a autoridades de la universidad de la provincia cuyana por haber aceptado dinero de parte de la denunciada Minera Alumbrera. Acusan a la empresa de "comprar las voluntades para obtener la licencia social de explotación". La minera acumula innumerables denuncias por parte de organizaciones sociales que la responsabilizan de un enorme daño ambiental y económico.






El radicalismo y el ARI de La Rioja denunciarán a las autoridades de la Universidad Nacional de esa provincia por presuntas irregularidades en la elección de cargos, cesantías de profesores supuestamente infundados, y por recibir más de 1 millón de pesos por parte de la cuestionada Minera Alumbrera.
Dirigentes del ARI confirmaron que la Universidad "aceptó 1.117.748 pesos provenientes de la explotación indiscriminada de la minería contaminante".
El monto habría sido informado por el secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLaR, Eduardo Delgado, como un aporte de la empresa que explota el proyecto Bajo de la Alumbrera, basado en sus ganancias.
Según informes la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a cargo del yacimiento de oro y cobre descubierto en 1948 ya repartió 50 millones de pesos entre 38 universidades y tiene planificado distribuir 36 millones más. El dinero, se supone, está destinado al desarrollo de investigaciones científicas.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas que repudian el daño ambiental que generan las megaexplotaciones mineras a cielo abierto acusan que el dinero que Minera Alumbrera otorga a universidades y gobiernos no es más que una forma de comprar voluntades para obtener una licencia social de explotación.
Los derechos de extracción de La Alumbrera pertenecen a YMAD, compuesta por el Estado nacional, el de Catamarca y la Universidad de Tucumán, que descubrió a la mina más grande de Argentina. Con el objetivo de concretar la explotación, Ymad se asoció con el grupo minero integrado por la suiza Xstrata Plc (50%) y las canadienses Goldcorp Inc. (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).
Según se sabe para los dirigentes del "ARI La Rioja" el dinero que ingresó a las arcas de la UNLaR surgiría "de lo que pagamos todos los argentinos en agua y energía" o "producto de los impuestos que (la empresa minera) no paga".
El partido denunció que las mineras, que aparecen como "hadas buenas", intentan "embaucar a la gente y comprar las voluntades del pueblo para obtener la licencia social (de explotación), que en La Rioja no la tienen".
Bajo de la Alumbrera está ubicado al noroeste de Catamarca, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar y el acceso a la mina es por la ruta nacional 40 que une las localidades de Belén, Los Nacimientos y Santa María. Consume 66 mil litros de agua por minuto, el 35 por ciento de la electricidad del Noroeste argentino y el 87 por ciento de la energía que utiliza la provincia.

Fuente : www.primerafuente.com.ar
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4 de agosto del 2009

LA CORTE INTIMÓ AL GOBIERNO DE JUAN MANUEL URTUBEY

Piden explicaciones por los desmontes en Salta
Tras la denuncia de comunidades aborígenes, la Justicia intimó a la provincia a presentar estudios de impacto ambiental y los permisos de tala.




Las comunidades Wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe responsabilizan al Estado salteño por no cumplido, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones.
La agricultura es uno de los principales motores -junto al turismo- de la economía salteña. Pero para sembrar hay que desmontar miles de héctareas y en los últimos años -boom sojero mediante- se ha producido una feroz limpieza de bosque nativos. El tema no es nuevo, Greenpeace lo denuncia hace tiempo. Pero en esta ocasión, la Corte Suprema de la Nación intimó al gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey y a la Secretaría de Medio Ambiente de Homero Bibiloni a que presenten un estudio de impacto ambiental a raíz de una causa judicial presentada por aborígenes.
La solicitud de la Corte se concretó luego de que las comunidades Wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe hicieran una presentación responsabilizando al Estado salteño de no haber cumplido, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que perjudicarían los derechos y garantías de los habitantes originarios.
El Máximo Tribunal había dispuesto en diciembre pasado el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por el Estado provincial durante el último trimestre de 2007 -por un incremento exagerado de pedidos de autorización- en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
Además del estudio de impacto ambiental, la provincia salteña tendrá que entregar a la justicia un informe en el plazo de cinco días hábiles con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron autorizaciones para destruir bosques nativos.

Fuente: www.criticadigital.com
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2 de agosto del 2009

IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DE MULTINACIONALES METALIFERAS
Misterios mineros en la región

Goldcorp Inc. y Yamana Gold operan en Honduras. También en la Argentina, repartiéndose la mitad de las tenencias accionarias de Bajo de la Alumbrera (Catamarca), uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que explota a cielo abierto.


Seguramente la decisión del gobierno de Manuel Zelaya de elevar los salarios, incorporar a las mujeres al seguro social obligatorio, combatir a los monopolios petroleros y la voluntad de importar medicamentos genéricos desde Cuba, fueron cosechando poderosos enemigos en su contra. Sin embargo, la paciencia de los golpistas se vio definitivamente colmada con la propuesta de reforma de la ley minera.
Según numerosos ambientalistas de la región, la historia comienza poco tiempo después del paso del huracán Mitch por territorio hondureño, cuando empresas de Canadá y Estados Unidos prometieron importantes inversiones a cambio de una “adecuada” legislación minera. A fines de los ‘90 (decreto 292/98), se reforma la vieja ley de 1968, asegurando enormes beneficios a las empresas concesionarias y habilitando la utilización de métodos de extracción y explotación prohibidos en la mayoría de los países del mundo. Entre otras, se limitó el control ambiental y se garantizó que la explotación de las minas quedara reservada exclusivamente a las empresas privadas, las concesiones se declararon de carácter irrevocable y se habilitó la expropiación forzosa. A su vez se garantizó la estabilidad fiscal y la vigencia de regalías e impuestos muy inferiores a los estándares a escala mundial.
Con la entrada en vigor de la nueva norma se dispararon las inversiones y las concesiones. Así, en la actualidad, el 31 por ciento del territorio hondureño se encuentra concesionado para la explotación minera, mientras que la comercialización de oro creció a punto tal que hoy es el quinto producto de mayor exportación del país. En este marco, las empresas canadienses, encabezadas por los emprendimientos mineros, se convirtieron en uno de los más importantes inversores en Honduras.
A raíz de este crecimiento sectorial, con las primeras experiencias de explotación minera a cielo abierto, se multiplicaron las denuncias por contaminación y los reclamos por la “desigual distribución de los beneficios”. Los casos de contaminación más resonantes fueron protagonizados por dos de las empresas canadienses más importantes que operan en la región. Por una parte, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras multó a la firma Goldcorp Inc. (mina San Martín) por descargas de cianuro que provocaron, entre otras cosas, la inutilización de la tierra y la muerte de ganado. Por otra parte, Yamana Gold fue denunciada, en agosto de 2007, por derramar 5700 litros de agua con cianuro al río Lara (mina San Andrés), acción que fue interrumpida por la protesta de los pobladores.
Este proceso, negativo en términos medioambientales y de los intereses económicos de la nación, se interrumpió en 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de 13 artículos de la ley de minería y sugirió la redacción de una nueva reglamentación que contemplara los intereses de la república y de los distintos grupos en disputa (empresas canadienses y organizaciones ambientalistas y políticas). Luego de casi tres años de debate, el 24 de mayo de 2009, el presidente Zelaya presentó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar la actividad minera. Entre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la utilización del método de explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de la utilización de reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico.
Si bien el Congreso nacional tenía previsto comenzar el debate parlamentario el próximo 16 de agosto, el 28 de junio las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el control del gobierno y cerraron las puertas del Poder Legislativo. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras –que había calificado al proyecto de ley como irracional y desmedido– declaraba en el diario La Tribuna que la “situación política actual era irreversible” y que ésta presentaba “una oportunidad para producir más e invertir más”. No es lo que piensa la enorme de cantidad de referentes sociales y políticos perseguidos día a día en el país caribeño.
Lamentablemente tanto Goldcorp Inc. como Yamana Gold también operan en nuestro país, repartiéndose la mitad de las tenencias accionarias de Bajo de la Alumbrera (Catamarca), uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que explota a cielo abierto. Compartiendo las prácticas que despliegan en el país caribeño, han sido foco de múltiples denuncias por contaminaciones medioambientales y daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, a punto tal que el vicepresidente primero de Minera Alumbrera se encuentra actualmente procesado por la Justicia federal, acusado de “contaminación peligrosa para la salud”.
Además de consumir el 90 por ciento de la energía eléctrica de Catamarca, Minera Alumbrera produce la generación de campos electromagnéticos, aumentando los riesgos de leucemia infantil. Incluso, el Hospital de Andalgalá confirmó que las enfermedades respiratorias de los niños se duplicaron durante los años de explotación de la mina. La preocupación de los catamarqueños se extiende por la inminente producción metalífera en Agua Rica, donde Yamana Gold detenta la totalidad accionaria de la concesión. Cabe resaltar que la exploración y explotación minera cuenta, actualmente, con significativas ventajas comparativas, producto (además de la dotación de recursos naturales del país) de un marco normativo sumamente atractivo para las empresas extranjeras, en detrimento del patrimonio nacional. Entre otras, la estabilidad fiscal, las exenciones impositivas por la importación de bienes de capital, el régimen de amortizaciones aceleradas y las insuficientes políticas arancelarias (canon y regalías del 3 por ciento del valor boca de mina), permiten inéditas tasas de rentabilidad: la ganancia neta de Minera Alumbrera fue “apenas” del 60 por ciento en 2007.
Las graves consecuencias económicas y sociales y, ahora también, políticas –que ocasiona la particular forma de explotación y los poderosos intereses extranjeros que dominan el escenario minero en la región, y en el ámbito local– constituyen elementos insoslayables para considerar la controversia actual por los fondos procedentes de la distribución de beneficios de Minera Alumbrera a las universidades nacionales de nuestro país. La aceptación de los 86 millones de pesos, que surgen de la actividad de empresas como Goldcorp Inc. y Yamana Gold, por parte de las universidades nacionales no sólo representa una actitud complaciente con prácticas contaminantes y de apropiación extranjera del patrimonio nacional sino, también, con el despliegue de sórdidas políticas desestabilizadoras en la región.

Por Federico Basualdo y Pablo Manzanelli