notiweb 32 de julio

La Rioja



Nuevo documental…



Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=0Y2z4zkByCQ


Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=ptVdGi86deQ



Sobre la lucha popular en Famatina realizado por la cadena internacional de Al Jazeera.









26 de julio del 2009



JUJUY

CIERRE DEL 10º ENCUENTRO DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS



Diez veces Sí a la Vida





Durante los días 24, 25 y 26 de julio en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, más de 300 representantes de asambleas de vecinos por el agua y la vida, movimientos campesinos e indígenas y organizaciones sociales de todo el país participaron de la 10º Asamblea de la UAC bajo la consigna “Contra el Saqueo de los Bienes Naturales y la Contaminación, por la Soberanía Alimentaria y la Vida”.

El Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se inició el viernes 24 con una gran marcha en la ciudad de San Salvador de Jujuy que culminó en la Casa de Gobierno, donde las organizaciones se manifestaron en rechazo al modelo de saqueo de los bienes naturales y a la contaminación. Entre otras provincias, estuvieron presentes Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Chubut, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Salta.

En el caso de la megaminería, el modelo se expresa a través de un sistema de producción que dinamita los cerros, utiliza químicos contaminantes y enormes cantidades de agua para separar los minerales de las rocas, generando grandes desechos tóxicos y contaminación. Este mismo modelo productivo se manifiesta en el campo, mediante el monocultivo de la caña de azúcar o de la soja transgénica, expulsando a las comunidades originarias de sus ancestrales territorios.

Al término de la segunda jornada de la 10º UAC, la energía colectiva encontró a las organizaciones saliendo nuevamente a la calle, esta vez en Libertador San Martín dando lugar a lo que se convertiría en un histórico escrache a la empresa Ledesma S.A..A.I. (Complejo agroindustrial: Ingenio azucarero, papelera, sojera, citrícola, petróleo, frigorífico, etc.).

Durante la marcha se denunció la enorme contaminación que deriva de las grandes montañas de bagazo de la caña (causa de la enfermedad Bagazosis) que despiden diariamente un insoportable olor nauseabundo y putrefacto. Además, los piletones donde se depositan los desechos tóxicos de la industria papelera, volcados luego al Río San Francisco, y las enormes chimeneas que despiden gases tóxicos generan una nube permanente en el cielo del pueblo de Libertador que tapa durante el día hasta los rayos del sol.



La marcha finalizó frente a la “Rosadita”, una enorme mansión de más de 100 años, repleta de mitos, que data de la época en que se esclavizaba a los pueblos aborígenes para trabajar en la zafra del ingenio, hasta la última dictadura militar, cuando “Blaquier se reunía con el diablo en la habitaciones de la Rosadita ”, como cuentan los mayores. Imagen que muestra el imponente poder de la familia Blaquier, y detrás las chimeneas que bufan como si fueran “el familiar”.



Ejes del Encuentro

Las principales problemáticas debatidas, giraron en torno a la relación entre los distintos problemas socioambientales en nuestros territorios: la megaminería, el avance de los agronegocios y la contaminación urbana, como parte de un modelo extractivo y de consumo que prioriza los negocios por sobre los bienes naturales y la salud de los pueblos.

“Nos pretenden confundir y disuadir con falsas promesas de trabajo y ‘desarrollo’. Nada más alejado de la realidad. En cada territorio tenemos cada vez más pobreza y menos tierras”, como expresaron las organizaciones campesinas indígenas.

Por otra parte, la criminalización de la protesta social como fenómeno que se expresa en las distintas provincias, amedrentando a las organizaciones que luchan por alternativas de producción sanas y se oponen a los mega proyectos expoliativos expresados en la complicidad entre multinacionales y gobiernos provinciales.

Los debates del encuentro también abordaron la temática del Ordenamiento Territorial, donde las organizaciones no han encontrado hasta el momento el espacio que por derecho les corresponde, a la hora de decidir sobre los futuros proyectos regionales.

Una vez más, se rescataron las experiencias de los movimientos campesinos e indígenas en la defensa de los territorios, la soberanía alimentaria y el cuidado de los bienes comunes, buscando generar una mayor articulación regional y latinoamericana con el resto de las organizaciones.

Se definieron numerosas propuestas y acciones sincronizadas a realizar en diferentes lugares del país durante el mes de septiembre, en contra del modelo sojero y mega minero.

A su vez, se manifestó un fuerte repudio a los fondos provenientes de Minera Alumbrera destinado a las Universidades Nacionales. Así como al accionar del Gobierno peruano sobre las comunidades originarias de Bagua y al reciente golpe de Estado en Honduras.

Finalmente, se eligió como próxima sede del encuentro a la ciudad de Córdoba capital, para los días 11, 12, y 13 de diciembre de este año.



“Las organizaciones de todo el país queremos un modelo productivo que asegure un futuro libre para nuestros hijos e hijas. Un desarrollo que cuide la salud de toda la población del campo y la ciudad, que garantice una vida digna para los trabajadores y campesinos, respetando las culturas originarias y las organizaciones sociales. Queremos un modelo que priorice las formas de producción sustentables de cada uno de los territorios y valorice el conocimiento de sus pobladores ancestrales, el cuidado de nuestros montes, suelos y ríos, un modelo en el que participemos todas las personas con equidad y soberanía alimentaria”.

Jujuy 10º UAC.

Contactos: Julio : 03886 15555684; Ariel: 0388 154329833; Sebastián 0388 154785764



26 de julio del 2009





Contra el saqueo de los bienes naturales y por la soberanía alimentaria





ENCUENTRO DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS EN JUJUY

El décimo Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, llevado a cabo en Jujuy, cerró con la entrega de un petitorio al gobernador Walter Barrionuevo, en reclamo de la prohibición de la minería a cielo abierto, de los desmontes y del monocultivo en amplias zonas de la provincia.



Unos 4000 representantes de más de 70 asambleas vecinales de todo el país se reunieron en la ciudad de Libertador General San Martín, para analizar la situación de los recursos naturales.

La nueva asamblea se llevó a cabo bajo el lema "contra el saqueo de los bienes naturales y la contaminación, por la soberanía alimentaria y la vida".

El Décimo Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) coincidió con la conmemoración del denominado "Apagón de Ledesma", el secuestro de 400 habitantes de la zona cometido por fuerzas militares de la última dictadura.

Los asambleístas se reunieron en comisiones y participaron en foros en los que se debatió sobre la "mega-minería" y los denominados "agronegocios".

La UAC es integrada por organizaciones campesinas, gremiales y originarias, agrupaciones vecinales y ciudadanos autoconvocados.

Tras la marcha, que partió del Parque San Martín, en la capital provincial, y concluyó en la Casa de Gobierno, fue entregado un petitorio al gobernador Walter Barrionuevo en el que se describieron algunos de los conflictos socioambientales relevados en la provincia, que "dejan de manifiesto las consecuencias del modelo de saqueo que agota nuestros bienes comunes naturales, destruye los suelos, y contamina el agua", señalaron.

En el documento, pidieron al mandatario que promueva una ley que prohíba "la minería metalífera a cielo abierto con uso de sustancias toxicas como cianuro y acido sulfúrico".

Además, reclamaron a Barrionuevo que cancele todos los permisos de cateo otorgados a empresas mineras "a espaldas de las comunidades de Quebrada, Puna y el Ramal".

Los asambleístas solicitaron al gobierno federal que promueva "la urgente derogación del Código Minero Nacional".

En el petitorio entregado al gobernador se incluyó, además, denuncias referentes a los "desmontes registrados en la provincia, las consecuencias del monocultivo de la caña de azúcar y la contaminación industrial urbana".

Además, reclamaron que se lleven adelante causas penales por contaminación y se condene a los responsables.

Fuente: www.pagina12.com.ar

29 de julio del 2009




Campaña de apoyo a nuestros hermanos de Famatina y Chilecito



En respaldo y solidaridad con las dos docentes procesadas y de la lucha en contra de la megaminería en general. La organización Hermanos de la Tierra colocó en su sitio un acceso para poder enviar los mails de solidaridad. El sitio No a la mina editado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, también se suma a la iniciativa.






Hemos hecho un texto general, pudiendo ser modificado si así lo prefieren. El objetivo es darle apoyo a Carina Díaz Moreno y Marcela Crabbe, del mismo modo que manifestar que ellas no están solas, que somos muchos los que también estamos en esta lucha y en este anhelo de justicia y de terminar con la megaminería química.

¡Ayudanos a detener un nuevo atropello a nuestro pueblo y sus recursos naturales!

Simplemente copiá esta carta y enviala a las direcciones de mail que figuran en la parte inferior. Entre todos, podemos solidarizarnos con dos verdaderas defensoras del medio ambiente, procesadas injustamente al día de hoy.

Por favor, envianos también un mail a nosotros con el ASUNTO: Yo participé a: acaestamos@hermanosdelatierra.net. Esto nos permitirá conocer la cantidad de mails que han recibido las diferentes personas explicitadas en esta campaña.

¡Gracias por sumarte a esta campaña de Hermanos de la Tierra!



Por Equipo de Campañas de Hermanos de la Tierra


TEXTO DE LA CARTA


Sr.:

Mediante estas líneas, deseo manifestar mi solidaridad para con los ambientalistas de Famatina y Chilecito (en las personas de Carina Díaz Moreno y Marcela Crabbe). Ellos con enorme dignidad se oponen a que se instalen las compañías megamineras, evitando así el saqueo de los Bienes Naturales (patrimonio de todos los argentinos) y la contaminación y agotamiento de las fuentes de agua dulce.

Espero, en lo que a usted le competa, la condena de los verdaderos agresores y la cancelación de los cargos imputados a las mencionadas asambleistas, verdaderas defensoras de la Vida. Asimismo, se deje de amedrentar a la gente que como Carina y Marcela, luchan por el derecho a un medio ambiente sano, expresado claramente en el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina. Su causa es también la causa de millones de personas. Necesitamos de funcionarios públicos que trabajen para que no se avasallen los derechos del pueblo a una vida digna y a una naturaleza respetada y protegida.

Con todo respeto,

(completá tus datos)
Nombre y Apellido
Documento
Lugar

Presidencia de la Nación; Sra. Presidenta:
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
secretariageneral@presidencia.gov.ar

Gobernador de La Rioja:
Luis Beder Herrera
privadalarioja@hotmail.com

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
Dr. Julio Alak
prensa@jus.gov.ar

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidente:
Dr. Ricardo Lorenzetti
jurisprudencia@csjn.gov.ar

Juez Alfredo Ramos (juzgado Nº 1 de Instrucción, Chilecito)
alfredo.ramos@juslarioja.gov.ar
(03825-422720 Dra. Bustos M.E 2º circunscripción)Este e-mail que no está funcionando. No hemos podido conseguir uno para manifestarle al magistrado nuestra solidaridad para con las personas que él tiene a su cargo "juzgar". Si te parece bien: mandale uno al Consejo de la Magistratura: secretariamagistratura@larioja.gov.ar con el asunto: Para el Juez Dr. Alfredo Ramos

Comisión minería diputados:
cmineria@hcdn.gob.ar
(6310-7100 interno 2399)

Secretario de Minería de La Nación:
Jorge Mayoral
infomin@mineria.gob.ar
(0810-666-6463)

Defensora del Pueblo de La Rioja:
María Bueyo Díez Jalón
defensora@defensoradelarioja.com

Defensor del pueblo de Chilecito:
Sr. Eduardo O. Veira,
Defensoriadelpueblochilecito@hotmail.com
(03825-429491)

Defensor del Pueblo de la Nación:
Dr. Anselmo Sella
defensor@defensor.gov.ar

Fuente: www.noalamina.org.ar

27 de julio del 2009

Nuevos rechazos a los fondos mineros:

Se propaga el ejemplo de la Facultad de Psicología.





En la Universidad Nacional de Córdoba tanto la Facultad de Filosofía y Humanidades como el Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información rechazaron los fondos procedentes de minera La Alumbrera.



El Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología (UNC), quien impulsó uno de los primeros rechazos aprobados contra esos fondos, indicó que "dos de las doce facultades que integran la Universidad Nacional de Córdoba, Psicología y Filosofía, y una escuela de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya rechazaron los aportes de YMAD. Esto es el comienzo de una saludable revolución ética".



Montenegro, que es premio Nóbel Alternativo 2004, recordó que Minera La Alumbrera "contamina el ambiente de cuatro provincias Argentinas" y que el vicepresidente primero de Alumbrera Limited, Julián Patricio Rooney "está procesado por la Justicia Federal de Tucumán".



"Es poco ético recibir dinero teñido de sangre y degradación ambiental. Las universidades públicas no pueden desconocer que las tres empresas que administran Alumbrera -Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold- han violado derechos humanos y deteriorado el ambiente, y dejan peligrosos pasivos ambientales", sostuvo Montenegro.



Tanto las cartas enviadas por Adolfo Pérez Esquivel a los rectores de las universidades nacionales argentinas como el rechazo pionero que aprobó la Facultad de Psicología abrieron un debate sobre la relación entre universidades públicas y empresas con pésimos antecedentes ambientales y judiciales.



Córdoba (Argentina), 27 de julio de 2009.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que la rebelión iniciada por la Facultad de Psicología al rechazar los fondos de Minera La Alumbrera "se propaga rápidamente" y que dos importantes unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) "también le dijeron no a los fondos de la minera: la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales".



El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó por Resolución n° 305/2009 "rechazar los fondos provenientes de YMAD" (Artículo 2°) mientras que en su Artículo 1° decidió "Repudiar los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasionan los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), y su modo extractivo a cielo abierto". En cuanto al Artículo 5° eleva dicha resolución al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba "a fin de que adopte la misma posición y rechace los fondos". El pedido de rechazo fue iniciado por la Lic. Mirta Antonelli, investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades que acompaña desde hace años la lucha de las comunidades afectadas por la megaminería.



La otra unidad académica que se pronunció contra la recepción de los fondos procedentes de Alumbrera es el Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El documento suscrito por los miembros del Consejo en su sesión ordinaria del 24 de junio expresó "su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas" y "su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD". En su documento, que menciona las cartas enviadas por el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la resolución adoptada por la Facultad de Psicología, los consejeros indican:



"Manifestamos enfáticamente nuestra posición en contra del uso o la posible aceptación por parte de las Universidades de los fondos provenientes de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), que por segundo año consecutivo se han repartido entre las Universidades Nacionales del país de acuerdo a lo establecido por el Artículo 18 de la Ley n° 14.771 y lo resuelto por el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN)". Al documento lo firman los consejeros Ana Andrada, María Eugenia Boito, Julio Ataide, Cecilia Ulla, Ana Amann, Estela Oviedo, Iván Amado, Matilde Nasser, Evelyn Magrin, Alberto Baldo, María José Franco y Cynthya Velázquez.



YMAD, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008. Lo hizo en el marco de la Ley Nacional n° 14.771.



Este año el monto alcanza los 36,8 millones de pesos "pero hicimos conocer las decisiones que tomó el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, y se desató el escándalo. Muchas universidades querían recibir esos fondos en silencio aunque vinieran de una empresa minera que violó derechos humanos y degradó el ambiente, y cuyo vicepresidente está procesado en la Justicia Federal", indicó Raúl Montenegro.



Las cifras detrás del escándalo universitario.



Minera Alumbrera Limited "opera desde 1997. Consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca", señaló el Dr. Raúl Montenegro. Agregó que "ya en 1999 se detectaron drenajes ácidos mineros desde Alumbrera. Estos drenajes son la peor amenaza de la minería. No solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo".



FUNAM informó que la mina "no solamente contamina en Catamarca sino que ha exportado su contaminación a Tucumán, donde llega el mineraloducto de 316 kilómetros de largo. Allí el concentrado de mineral es secado, y los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2 que descarga sus aguas en el río Salí y por lo tanto en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero". La planta descarga gran cantidad de residuos sólidos con metales pesados y otras sustancias tóxicas. Juan González, ex director de Ambiente del gobierno de Tucumán, indicó cada hora llegan a Tucumán "más de 70.000 Kg de material sólido, equivalente a 70 toneladas por hora. Este material sólido, con todos los contaminantes químicos asociados, se deposita en el fondo del canal DP2 y eventualmente en el dique de Termas de Río Hondo. Se debe aclarar que en estos sólidos también estarían incluidos elementos que nunca se han analizado, como tierras raras y radiactivos".



El debate se propaga rápidamente.



El Dr. Raúl Montenegro indicó que el debate "se propaga rápidamente" y que ya hay notas pidiendo el rechazo de fondos "en numerosas universidades nacionales de Argentina. Docentes, no docentes y estudiantes pero también ONGs y grupos de vecinos autoconvocados piden que se diga no a los fondos procedentes de la Alumbrera". Entre las universidades con pedidos formales de rechazo se encuentran la UBA, la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.



Montenegro recordó que el primer rechazo universitario "se concretó en Esquel el 1 de septiembre de 2008, cuando el Consejo Asesor Zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco rechazó los fondos que un mes antes había aceptado el Consejo Superior de esa misma universidad. En el 2008 muchos desconocíamos lo que estaba sucediendo, pero en el 2009 todo cambió". Montenegro agregó que desde la Cátedra de Biología Evolutiva y la Facultad de Psicología "enviamos nuestro informe técnico sobre Alumbrera a docentes e investigadores de muchísimas universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de La Pampa. Esto recién comienza".



Para mayor información contactar a:



Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo

Profesor Titular de Biología Evolutiva (Universidad Nacional de Córdoba)

Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM)

Premio Nóbel Alternativo 2004

Teléfono fijo: 03543-422236

Teléfono celular: 0351-155 125 637

Email: raulmontenegro@flash.com.ar



Encargada de prensa de FUNAM:



Nayla Azzinnari

Teléfono celular: 011-155 460 9860

Email: nay_azz@hotmail



FUNAM

Fundación para la defensa del ambiente

Environment Defense Foundation

Casilla de Correo 83

Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina.

27 de julio del 2009


UNO DE LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS
El Gobierno ocultó un informe sobre los graves impactos del proyecto Hidroeléctrico Garabí

Es un texto de siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial . Allí se alerta sobre la veintena de enfermedades que acarreará el proyecto hidroeléctrico, en cualquiera de sus variantes; la destrucción de los ecosistemas costeros del Uruguay; y el daño al tejido social de los pueblos afectados .





POSADAS, Misiones. Bajo siete llaves y a espaldas de la población, desde hace más de tres años el Gobierno de Misiones tiene en su poder un informe de siete mil folios sobre el Proyecto Hidroeléctrico Garabí. Este invalorable documento fue elaborado por equipos profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con aportes del Banco Mundial, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y el Gobierno de Corrientes, y brinda datos escalofriantes -de gran extensión y precisión- acerca de los impactos sanitarios, ambientales y sociales que subyacen al proyecto en sus dos hipótesis (uno o dos cortes). Fuentes reservadas de la casa de estudios confirmaron que el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)
Además, el mamotreto ofrece guías para la aplicación de programas destinados a la persuasión para la aceptación del proyecto en las comunidades y otros ámbitos de afectación. Entre otros tópicos, incluye un listado detallado acerca de las múltiples enfermedades epidemiológicas que provocaría la represa, un inventario de 950 hojas con respecto a la aplicación de leyes ambientales y hasta un manual para la implementación de campañas destinadas a la captación -por medio de la manipulación de la información- de opiniones positivas sobre el proyecto en los medios de comunicación y los estratos legislativos.


“Nuestra propuesta, como cualquier iniciativa de información y comunicación, apuntará a resaltar aquellos aspectos positivos resultantes y atenuar los negativos”, advierte un amplio apartado sobre las estrategias educativas pensadas para su aplicación en los niveles primario, secundario y terciario de la educación pública, resumiendo el espíritu de las más de siete mil páginas del diagnóstico: escamotear la información para evitar posturas contrarias a la ejecución del multimillonario emprendimiento hidroeléctrico. Como si fuera poco, también se adosa un instructivo discursivo “para el caso de actores gubernamentales” que aconseja “poner énfasis en que el proyecto otorga la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura”.

Pueblos afectados

Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”. El área de influencia en la margen derecha, abarca los siguientes municipios de Misiones: Apóstoles, Azara, y Tres Capones (departamento Apóstoles); Concepción de la Sierra y Santa María (departamento Concepción); Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande y Florentino Ameghino (departamento San Javier) y Panambí (departamento Oberá). Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.

Enfermedades en puerta

“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, advierte el capítulo “Control de plaga”, que pone de manifiesto información específica sobre enfermedades ocasionadas por las represas, que nunca fueron divulgadas a la población de manera oficial pese a la presencia de éstas en buena parte de la provincia. Se detalla por ejemplo: “En los relevamientos efectuados se constató la presencia de culicideos y simulidos que son citados en la literatura como potenciales vectores de endemias humanas”.
Siempre en materia de aparición de enfermedades, el informe es pesismista en cuanto a las dos opciones técnicas que baraja el proyecto: “Con relación a las condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas, ambas alternativas tendrían un impacto negativo”.
Entre las enfermedades inevitables que traerá aparejadas la concreción del proyecto Garabí, el informe reconoce: malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, leishmaniasis, esquistosiomiasis, dermatitis esquistosómica y otras siete patologías de afectación en el ganado y otras especies animales.

Devastación de fauna y flora autóctona

Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora. De las especies de fauna autóctona presentes en el área, 26 están listadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas y deberán implementarse acciones tendientes a su protección. De ellas al menos catorce -nueve mamíferos, tres aves y dos reptiles- están presentes en el área de impacto inmediato del Aprovechamiento Garabí. Estas son: ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), aguará-guazú (Chrisocyon brachyurus), lobito de río (Lutra platensis), gato onza (felis pardalis), gato tigre (felis tigrina), margay (felis wiedii), yaguarete (Panthera onca), ciervo de las pampas (Ozotocerus bezoarticus), nutria gigante (Pteronura brasiliensis), yacutinga (Aburria yacutinga), guacamayo violáceo (Anodorhynchus glaucus), chorao (Amazona pretrei), yacaré ñato (Caiman latirrostris), yacaré negro(Caimán crocodylus). Estas especies dependen significativamente de los ambientes de bosque nativo en el área del futuro embalse de Garabí”, agrega el tétrico diagnóstico que la población desconocía, hasta hoy.

Manual para desinformar a la población

Increíblemente, el documento secreto del Gobierno comprende un programa sobre información pública cuyo objetivo es, según reza el prefacio, “determinar el contenido clave a difundir, los ejes principales de la información y comunicación del proyecto. En cuanto al programa de información y comunicación, los mensajes deberán poner su eje, en primer lugar, en los aspectos positivos del proyecto Garabí, con la intención de dotarlos de visibilidad pública, concientizando a la población de los beneficios del mismo”.
Así, entre los “aspectos negativos del proyecto Garabí” que el instructivo sugiere obviar se enumeran en el texto: “Efectos ambientales de la Construcción, polución del agua/aire por la construcción y residuos, erosión del suelo, destrucción de vegetación, problemas sanitarios y de salud, desalojos en la zona a inundar, pérdidas de tierra por la inundación (agrícolas, bosques, etc.), pérdida de rasgos culturales, históricos y estéticos, pérdida de tierras vírgenes y hábitat natural. Peligro de especies animales, proliferación de malezas acuáticas en el embalse y aguas abajo perjudicando liberación de agua, irrigación, navegación, fauna íctica, deterioro de la calidad de agua en el embalse, sedimentación del embalse y pérdida de la capacidad de almacenamiento, perjuicios para la agricultura recesiva, daño a pesquerías por cambios en el caudal, bloqueo de migraciones y menor calidad del agua, aumento de enfermedades de origen hídrico, desorden social por caída del nivel de vida de los reasentados, degradación ambiental por presión sobre la capacidad de la tierra, perjuicio a tribus y grupos indígenas, migraciones excesivas de personas en un área por las nuevas facilidades de acceso y líneas de transmisión, problemas ambientales por el mayor desarrollo derivado del embalse (irrigación, industrias, crecimiento de núcleos urbanos), pobre uso de la tierra aguas arriba y efectos sobre la calidad del agua”.

Estrategias para desinformar

El plan de desinformación está pensado para su aplicación en ámbitos educativos públicos: “En el caso de la educación formal-nos referimos especialmente a los ciclos preescolar, educación general básica y polimodal- los contenidos necesariamente deberán ser consensuados con el Consejo Federal de Educación, las instancias de diseño de los contenidos básicos comunes en el orden provincial y las escuelas mismas, dado que formarán parte de la currícula formal de las instituciones”. Más adelante, en el mismo apartado, se deja en claro la estrategia de manipular la información antes de brindarla a la población: “Los aspectos débiles del proyecto son la materia prima para potenciales argumentos contrarios y acciones que pueden amenazar el éxito final y obstruir su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. El propósito de esta sección es identificar las dimensiones fuertes y débiles del proyecto Garabí con el objeto de emplearlas eficazmente en el diseño del programa de información”.
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformación- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista”.
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales), principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.

Sustento teórico

“El intento de influir sobre los individuos mediante la comunicación persuasiva para que modifiquen sus actitudes y la conducta con ellos vinculada es algo habitual,

como por ejemplo, el político que utiliza sus campañas para conquistar los votos, o los organismos tanto sociales como cívicos que desean tener una injerencia en el cambio social; todos ellos utilizan la comunicación persuasiva, en la que está implícita la intención de ejercer una influencia social”, prologa una guía del informe, destinada a la aplicación de una antiética “comunicación persuasiva”.
El plan de persuasión tiene sustento académico y científico: “Existen dos vías para la persuasión. Los investigadores sobre este tema, Richard Petty, John Caciooppo, Alice Eagly y Shelly Chaiken, demostraron con sus estudios, que aquellas personas que podían estar capacitadas para pensar en un tema se persuaden mejor a través de una ‘ruta central’, donde se reúnen elementos sistemáticos que estimulan un curso de pensamiento favorable”, describe el apartado de 213 folios destinados a estrategias para convencer a la población para que acepte el proyecto Garabí.-



Fuente: www.primeraedicionweb.com.ar

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27 de julio del 2009

Biazzi solicita consulta popular, obligatoria y vinculante sobre Garabí


El diputado Ricardo Biazzi presentó en la Legislatura provincial, un proyecto de ley, en el que solicita que se convoque al electorado de Misiones, a una consulta popular, obligatoria y vinculante, para que se expida aceptando o rechazando la construcción del Emprendimiento Hidroeléctrico Garabí, proyectado sobre el tramo binacional del río Uruguay, situado entre el Estado de Río Grande Do Sul, Brasil, y las provincias de Misiones y Corrientes, Argentina.




El proyecto especifica que “los electores deberán decidir por Sí o por No en el acto comicial respectivo, el que se hará mediante la aplicación de las normas electorales vigentes en la provincia al tiempo de su convocatoria, y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza jurídica de la consulta popular y las disposiciones de la presente ley”.

Biazzi señaló además, que “dentro de los 90 días de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo, convocará a la Consulta Popular establecida en el primer artículo la que, a su vez, deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores a dicha convocatoria. El Ejecutivo dispondrá las acciones necesarias para fomentar la debida participación del electorado, poniendo a su disposición, por todos los medios disponibles, la más completa información con la que cuente respecto a las características del emprendimiento.

Desde la sanción de la presente ley, toda autoridad provincial que intervenga en cuestiones relacionadas al emprendimiento hidroeléctrico Garabí, deberá hacer reserva expresa de la sustanciación de una consulta popular vinculante, condicionando su intervención al resultado de la misma”.
Los gastos que demande la ejecución de la presente ley serán imputados a Rentas Generales de la Provincia. La presente ley deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades del Gobierno Nacional.

Biazzi indicó que “hoy las posibilidades de concreción de la obra parecieran estar mucho más cercanas a la luz de los anuncios oficiales, y la secuencia de procesos licitatorios desencadenada en los últimos tiempos por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina, a través de las empresas Eletrobrás y EBISA respectivamente”.

En tal sentido, “como legislador provincial advertí, en el transcurso de 2007, sobre la reactualización del tema. Por entonces, a través de distintos medios de comunicación se conocía la reunión mantenida en Brasilia entre los ministros de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, y su par de Minas y Energía de Brasi,l Silas Rodeau, “para avanzar en el proceso de integración energética y, en particular, sobre el proceso licitatorio para construir la represa de Garabí, sobre el río Uruguay”. Como consecuencia de ello, “el 7 de junio de ese año, presenté el proyecto de comunicación que entendía debía despachar la Legislatura sobre la cuestión. Sostuve en la ocasión que “sin perjuicio de la información brindada por la prensa, nada conocemos oficialmente por parte del Ejecutivo Provincial, que de cuenta de toda documentación y gestión realizada hasta el presente, de las características de la obra que se intenta construir, así como las consecuencias que sobre Misiones acarrearía. La envergadura de tal emprendimiento y el impacto que derivaría del mismo, requieren, desde ya, respeto al pueblo misionero y a su derecho básico a la información certera sobre lo que sin dudas puede afectar vidas y recursos esenciales. Todo ello, sin perjuicio de la obligación simultánea, derivada del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, que tienen las autoridades provinciales de brindar la más amplia y precisa información al respecto”.

Requería, en consecuencia, que el Ejecutivo Provincial, informara: “si está en conocimiento de las negociaciones encaradas en el transcurso del mes de mayo, en Brasilia, por el Gobierno Nacional y el de la República Federativa de Brasil, representados, respectivamente, por los ministros de Planificación Federal, y de Minas y Energía, con relación al emprendimiento hidroeléctrico de Garabí, sobre el río Uruguay; de ser así, origen y detalles de las comunicaciones oficiales recibidas que den cuenta de dichos acuerdos respecto a tal obra. En tal caso, si efectivamente, como lo señalaba la información (medios nacionales e internacionales del 16 de mayo de 2007), existe un proceso licitatorio en marcha; qué intervención ha tenido el Gobierno de la Provincia de Misiones en las etapas previas y/o actuales del desarrollo del mencionado emprendimiento. Y cuáles fueron los términos del protocolo de entendimiento suscripto en 2005 por el Gobernador, conjuntamente con sus pares de Corrientes y de Río Grande do Sul, así como las acciones derivadas del cumplimiento del mismo”.

Además, “si a través de la subsecretaría de Obras Públicas de Misiones, se efectuaron, a partir de la firma de dicho protocolo, estudios con técnicos de dicha dependencia, como de otras reparticiones públicas; y cuál fue además -la intervención que le cupo en el análisis del proyecto a Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA). En ambos casos, resultados verificados, y sobre toda decisión, información o antecedente que permita ampliar el conocimiento acerca del emprendimiento de referencia”, explicó Biazzi.

Obligatoriedad
En cuanto a la obligatoriedad de votar en la consulta popular, el legislador prvincial, recordó que “así como en otros países el votar es voluntario, en Argentina, el sufragio es obligatorio. En consecuencia, si no hay una norma de excepción en la propia ley de convocatoria, no se debe alterar este principio de la obligatoriedad.

También se plantea en carácter vinculante de esta consulta popular, esto es que el resultado obligará al Estado misionero y a todos sus representantes a actuar en consecuencia. Así, los Poderes de Estado tendrán que ajustarse en su accionar, en sus gestiones, a lo que la voluntad popular disponga”.
Respecto a la opción por el sí o el no para este tipo de consulta, cabe señalar que no resulta incompleta como puede especularse, habida cuenta que se le está pidiendo al electorado un criterio básico elemental, categórico y contundente a la vez. Hay un nivel de desagregación que el Estado podrá resolver luego, a la luz del resultado de la convocatoria.

Frente al escenario que “se nos presenta (tanto en lo proyectado como lo ya decidido por la Nación) respecto al emprendimiento Garabí, es indispensable valorar un esfuerzo electoral como el que mediante el presente proyecto se pretende. Independientemente del resultado de la consulta, su sola realización ya significa colocarnos en una postura de dignidad provincial como pocas veces asumimos en nuestro historial desde Misiones, frente al resto del país.

La consulta popular se constituirá, así, en un eje convocante que nos reconciliará con las banderas federales que han sido tantas veces avasalladas en la historia nacional. No es un grito folclórico, es un reclamo institucional, legítimo y fundado, dirigido al gobierno federal para que, sin desconocer sus competencias en materia de relaciones internacionales, tome nota que no puede concretar nada con otros países en materia de recursos naturales asentados en las provincias argentinas, si éstas no prestan su consentimiento previo y expreso para hacerlo. En síntesis, pueblo y gobierno de Misiones necesitan expresar un posicionamiento claro y contundente sobre la obra hidroeléctrica de Garabí, en cuanto pueda afectar población, territorio y medio ambiente provincial.


Fuente: www.misionesonline.net

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29 de julio del 2009



La historia oculta del Tratado Minero


Promulgado hace casi nueve años, el Tratado Minero entre Chile y Argentina fue el instrumento que construyeron las trasnacionales mineras para explotar la Cordillera de Los Andes. Tuvieron el respaldo de gobiernos y parlamentos de ambos países. Sin embargo, gran parte de lo que persiguen sus promotores no se ha concretado: Un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional de Chile, y su posterior dictamen, acabó por diluirlo.
A pesar de su trascendencia, esta historia ha permanecido oculta hasta ahora.




El Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, promulgado el 20 de diciembre de 2000, aportó el marco legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.
Según sostiene el economista chileno, Julián Alcayaga en su libro El País Virtual: El lado oculto del Tratado Minero Chileno-Argentino, las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales. Primero, que los minerales argentinos pudieran salir a través de
puertos chilenos, dado que la distancia existente entre los yacimientos
cordilleranos y el Atlántico hacía inviable sacarlos por ahí.
También perseguían transformar la Cordillera de Los Andes en un "país virtual", definida en el Tratado como "Área de Operaciones", la que -a su entender-estaría al servicio de las transnacionales mineras.

El tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.

Génesis de un Tratado expoliatorio


"Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, coincidiendo con el llamado restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos en ese país, que en ese tiempo tenían un bajo
valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por los puertos del Atlántico, a más de mil kilómetros de distancia", dice Alcayaga en El País Virtual.
Y añade: "Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad que en un futuro cercano podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras, éstas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacarel cobre trasandino por el Pacífico".
A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero.
El 29 de diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem, firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales, los que podrían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios.
El Tratado suponía la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2. De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6 % de su suelo). El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora -poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un Reglamento Interno -una suerte de Constitución- que ella misma se generaría. La Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre "las partes", es decir: Los Estados.
Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados –casi obligados- de otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas en Argentina.
A propósito de la radical renuncia que este convenio suponía a la soberanía de los países involucrados, Alcayaga se pregunta en El País Virtual: "¿Quiénes fueron los juristas que redactaron esas páginas?" La respuesta la obtendría a mediados del año 2000, en una cena en el restaurante La Maison de France. Esta cita fue solicitada por Barrick al senador Jorge Lavandero, que entonces era presidente de la Comisión de Minería del Senado. Además era el máximo opositor en Chile al acuerdo.
Asistieron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También el destacado político democratacristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, quienes cabildeaban en favor de la transnacional por medio de la empresa de comunicaciones Extend. Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic,
Hugo Latorre y Alcayaga.
"Poco a poco fuimos entrando en el tema central -relata Alcayaga en su libro-, que era el Tratado Minero. En un momento de la discusión, al defender la importancia del convenio, Urrutia - quizás por inadvertencia o entusiasmo -, afirmó que fue Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina". Lavandero y sus asesores se retiraron indignados luego de recibir
esta información.
Barrick Gold buscaba con desesperación que Lavandero desistiera de su férrea oposición, lo que no consiguió. Si se aprobaba el Tratado, la empresa obtendría beneficios formidables: era propietaria de varios yacimientos en la Cordillera argentina, además de Pascua Lama que está ubicada sobre la frontera. Para explotarlos necesitaba que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros en ambos lados de la cordillera chileno-argentina.
En el debate que hubo en el Senado se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. "En un instante, el senador Gabriel Valdés, solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el Área de Operaciones del Tratado, si en esa zona no existen yacimientos
mineros". Aunque estaban presentes en la sesión el ex presidente Frei Ruiz-Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería: nadie supo que decir. En la entrevista Alcayaga dijo que el hecho de incluir el sur de ambos países -que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo-, "demuestra que con este tratado, las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chileno-argentina".

Debate Express


En la Cámara de Diputados no se realizó un debate serio. "Parecía que el objetivo era la aprobación inmediata, saltándose trámites esenciales para una adecuada aprobación de esta Ley, como desestimar que pasara por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, trámite obligatorio, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando un proyecto de ley contempla gastos en su aplicación", como sostiene el citado libro.
Y agrega: "Existiendo un acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Minería de votarlo fundadamente, finalmente se aprobó de modo económico en apenas. ¡cinco minutos! (.) Para evitar su estudio por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo argumentó que la implementación del Tratado no implicaba gastos, lo que no era verdad y constituye uno de los
defectos más relevantes de la Ley aprobatoria del Tratado".
En lo poco que se alcanzó a discutir, sobresalió la decidida defensa que hizo del Tratado el diputado del PPD, Antonio Leal, dibujó un panorama prometedor para el norte chileno en caso de suscribirse este acuerdo. Ninguno de sus presagios se ha cumplido.
El 8 de agosto de 2000 los diputados aprobaron este acuerdo. Sólo dos parlamentarios, de los 120 que componen la Cámara Baja, votaron en contra: Jaime Mulet y María Rozas.
El Senado, para el análisis del Tratado, dispuso de una Comisión Unida de Minería y Relaciones Exteriores, que fue presidida en forma conjunta por los senadores Sergio Romero y Jorge Lavandero.
Al calor de la discusión, la mayor parte de los senadores hizo conciencia de que el Tratado Minero afectaría los intereses económicos nacionales, por el aumento de la oferta de cobre que supondría y la consiguiente baja de precio que esto ocasionaría. Se hacía evidente que las únicas beneficiadas serían las grandes
mineras a las que no les importa que el precio del cobre baje porque, aunque productoras del mineral, son también consumidoras del mismo, como sucede con Mitsubishi, Billiton y Xstrata. Esos conglomerados no sólo extraen el cobre, sino que también lo funden, refinan y elaboran.

En el Informe de la Comisión Unida, boletín 2408-10, del 6 de octubre 1999, de la Cámara de Diputados, el abogado de SONAMI, Cristián Letelier Aguilar, afirma que "este Tratado presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra de Derecho Internacional Público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado".
Un informe de Joaquín Vial, director de Presupuesto del Gobierno de Frei, sostenía que el acuerdo minero derivaría en pérdidas para Chile de varios cientos de millones de dólares como resultado de la previsible sobreproducción.
Los sucesivos gobiernos de Chile, se guardaron este y otros informes, como el del constitucionalista Jorge Ovalle, que mostraban los perjuicios, debilidades e inconstitucionalidades que suponía la aprobación del Tratado Minero.



Por Francisco Marin
Fuente: www.elciudadano.com



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29 de julio del 2009






Minera Barrick recibirá en agosto permisos clave para Pascua Lama





Cerrando las puertas abiertas de Pascua Lama. De los dos pendientes, uno fue aprobado este mes y es para la construcción de un modelo hidrogeológico que predice el comportamiento futuro de los recursos hídricos. El segundo: la construcción de dos piscinas de almacenamiento de aguas.




Posiblemente en septiembre, si no antes, "se construye Pascua Lama". Esas fueron las declaraciones que hizo el pasado 7 de mayo el presidente ejecutivo de la canadiense Barrick Gold, Aaron Regent, tras recibir las últimas aprobaciones tributarias y transfronterizas de las autoridades de Chile y Argentina.

Menos de una semana después, el 12 del mismo mes, Rodrigo Weisner, director general de Aguas, aclaró que todavía quedaban pendientes algunos permisos que impedían la construcción.

Pero el asunto se zanja definitivamente en agosto.

Según Weisner, "de los dos permisos pendientes que le quedaban a Pascua Lama, uno salió durante los primeros días de julio, y el otro estará listo en la primera quincena de agosto, lo más probable, en la segunda semana".

Cuando la Dirección General de Aguas salió al paso de las afirmaciones de la minera, en cuanto a que Barrick no contaba con todos los permisos necesarios para iniciar la construcción, se refería a dos en particular.

El primero -que fue aprobado este mes- es para la construcción de un modelo hidrogeológico que predice el comportamiento futuro de los recursos hídricos. El segundo: la construcción de dos piscinas de almacenamiento de aguas.

El megaproyecto aurífero binacional estaría listo en 2012, y tendrá un costo de inversión cercano a US$ 3 mil millones.



Fuente: www.noalamina.org.ar



29 de julio del 2009



Los mendocinos votan, la minera avanza



Proyecto minero a cielo abierto "San Jorge" a consulta pública vinculante. Pretende extraer 40 mil toneladas de cobre y 40 mil onzas de oro por año. El 13 de octubre es el día fijado para la realización de la consulta pública vinculante que sellará el futuro del emprendimiento presentado por la corporación Coro Minning –de capitales canadienses con base en Chile- en setiembre de 2008. Esperan un dictamen técnico de la UTN.





Mendoza, Argentina. Los ciudadanos mendocinos, entidades científicas, académicas y ONG’s tienen aun 54 días para interiorizarse de los detalles del proyecto minero “San Jorge”, que pretende explotar cobre y oro en la localidad de Uspallata por un período de 17 años. El 13 de octubre es el día fijado para la realización de la consulta pública vinculante que sellará el futuro del emprendimiento presentado por la corporación Coro Minning –de capitales canadienses con base en Chile- en setiembre de 2008.

Algunas ONG's esperan el resultado del dictamen técnico que -desde principios del mes de abril- un equipo de profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) lleva adelante y que se espera para dentro de 20 días.

Si bien los ejecutivos de Coro no consideran esta situación como un impedimento para avanzar con el proyecto, el texto de la propuesta de la empresa minera sufrió, al menos por el momento, 66 modificaciones relativas a pedidos de ampliación de información.

El resultado del estudio de impacto ambiental realizado por la empresa ingresó a la Secretaría correspondiente el 22 de setiembre del 2008. Uno de sus puntos sobresalientes es la baja incidencia que -según técnicos de la minera- asegura el método de flotación propuesto para extraer, como pretenden, hasta 40 mil toneladas de cobre y unas 40 mil onzas de oro por año, prescindiendo del uso de ácidos.

Mientras se espera el día de la audiencia, la firma ya anticipó la discusión legislativa mediante distintas reuniones con senadores y diputados.

Pablo Alonso, gerente de Relaciones Comunitarias de Coro Minning defendió la propuesta "porque no es contaminante ni saqueante, como se dice por ahí, ya que dejará el 57% de su flujo de caja en el país".

Como contrapartida, Eduardo Sosa, presidente de la organización ambiental "Oikos", reconoció que "encontramos algunas inconsistencias en el estudio", en relación a pautas vinculadas al impacto ambiental, al plan de desarrollo que involucrará y a la inexistencia de un plan de cierre de la mina a futuro.



Fuente: www.noalamina.org.ar