viernes, 29 de mayo de 2009

Presentan un recurso de amparo por los glaciares ante el máximo tribunal del país

27 de Mayo de 2009

Presentan un recurso de amparo por los glaciares ante el máximo tribunal del país
Otra polémica ambiental a la Corte

Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, aprobada y luego vetada.



Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.

“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.

La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.

Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.

La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.

El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.




Idas y vueltas de una polémica

La Ley de Glaciares



La Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares, fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 2007 y por amplia mayoría en Senadores, en octubre de 2008. “El 70 por ciento de la Tierra está cubierta por agua, pero sólo el 2,5 por ciento es dulce y está en condiciones de ser usada para el consumo humano. Y el 70 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. Voy a dar cifras que llaman la atención y duelen, pero es bueno que las tengamos en consideración: todavía hay más de 1100 millones de personas que no poseen agua, el 18 por ciento de la población mundial”, argumentaba el senador Daniel Filmus (presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable), el 22 de octubre de 2008 –según la versión taquigráfica–, minutos antes a la aprobación de la ley. Tres semanas después, el 10 de noviembre, la Presidenta vetó la flamante norma.

El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas después, el 30 de abril, los gobiernos de Chile y Argentina dieron luz verde a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo tributario para definir las regalías de cada país, la última traba que tenía el proyecto.

“Este es un gran paso, así que esperamos que muy pronto podamos tomar una decisión sobre la construcción. Hemos estado trabajando intensamente en el último par de meses, particularmente en las últimas dos semanas”, afirmó el presidente ejecutivo de Barrick Gold, Aaron Regent. Una semana después, el 7 de mayo, desde la misma Casa Rosada, el Gobierno y la compañía canadiense anunciaron la puesta en marcha de la polémica mina de oro y plata.

Pascua-Lama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. “No existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”, denunció el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei firmaron en 1997 el Tratado de Integración y Complementación Minera para “facilitar las inversiones privadas en la frontera de ambos países”. La legislación, que crea una zona franca minera entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó Barrick Gold. Luego del veto a la Ley de Glaciares, Pascua-Lama se comienza a construir, es el primer yacimiento mundial entre dos países y también es el puntapié para que una decena de compañías explote montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera que comparten ambos países.

Por Darío Aranda. www.pagina12.com.ar




28 de mayo del 2009


En el marco del Día Mundial del Ambiente, proponemos y convocamos a todos los sectores a participar de
una JORNADA DE REFLEXIÓN y ENCUENTRO NACIONAL por el AMBIENTE.

Se realizará el día Sábado 6 de Junio, de 9 a 17hs. en la sede de ATE Nacional (Av. Belgrano 2527 - Capital Federal)

¿Quiénes somos?



Somos un conjunto de organizaciones, sindicatos, académicos,

investigadores, ONGs, convencidos de que es hora de dar un paso al

frente instalando juntos el tema ambiental en la sociedad, fuera de las

agendas electorales. Nuestro objetivo es conformar un movimiento

ambiental que consensúe y agrupe fuerzas para una larga y extendida

lucha en defensa de los intereses y necesidades del pueblo.




La motivación



Proponemos este espacio de participación, partiendo de la instancia de

diagnóstico y observación de la realidad, para avanzar en la construcción de propuestas sectoriales y regionales que permitan avanzar hacia un modelo de país, enfrentando el desafío de generar trabajo en condiciones dignas, como a su vez que defina y sustente, en forma comunitaria, el destino y uso de los bienes naturales, que son patrimonio, responsabilidad y cuidado del pueblo argentino.

Entendiendo que los bienes naturales pueden y deben ser el sustento de las actividades económicas, y como tal deben considerarse y enriquecerse en forma permanente.

La lógica de la producción de bienes y servicios debe aplicarse a los fines del desarrollo sustentable: aumentar la disponibilidad de los recursos renovables y extraerse a tasas racionales los no renovables, como así también avanzar en la búsqueda de productos y procesos de producción más limpios.

Es el Estado, junto a las comunidades, quienes deben regular los modelos productivos que requieren el uso de fuentes de la naturaleza, priorizando regiones para el desarrollo y sus fuentes de provisión.

Un acuerdo nacional para el desarrollo debe ofrecer un nuevo programa estratégico basado en un vínculo más solidario entre los bienes naturales, el ambiente y la población, que determinen y prioricen las actividades para el uso y producción emanadas de esta articulación.


Cronograma de actividades:
9 a 10 hs - Recepción y Acreditación
10 hs a 10:30 - Palabras de apertura a cargo de Carlos Galano - Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Mendes. Pensamiento Ambiental Latinoamericano.
10:30 a 13:30 hs - Trabajo en comisiones
13:30 a 14 hs - Almuerzo
14 a 17 hs - Plenario

Comisiones:
Habrá 4 comisiones en donde cada organización puede exponer

1) Bienes Naturales y Energía
2) Modelo Productivo y Soberanía Alimentaria
3) Conflictos Urbanos
4) Biodiversidad, Conocimiento y Cultura.
CONTACTO: marchaxelambiente@gmail.com

Para inscribirse en una comisión como orador, enviá un correo con el asunto “Inscripción” y una breve reseña de la exposición (máximo 1 carilla).
Fecha de Recepción Máxima: Se recibirán solicitudes hasta el día 29 de Mayo inclusive.
Tiempo máximo de exposición: 15 minutos (los tiempos aquí indicados pueden cambiar de acuerdo a la cantidad de exposiciones)
Para adherir al Encuentro, envía un correo con el asunto “Adhesión”.
Para pre-acreditación al Encuentro, envía un correo con el asunto “Pre-Acreditación”.
No olvides tu Nombre, Apellido y Organización a la que perteneces.

Plenario:
En el plenario se leerán y debatirán las conclusiones y se discutirá la continuidad del trabajo colectivo.



Esperamos nos acompañen con su presencia y sus aportes!




27 de mayo del 2009

Protesta anti-Barrick en pleno centro riojano

Treinta manifestantes transitaron la avenida Perón sin salirse del protocolo y con banderas elocuentes que decían “El agua vale más que el oro” o “Las mineras saquean nuestros recursos”. Malestar en el gobierno provincial.




Una victoria. Después de dos intentos fallidos, militantes ambientalistas y antimineras de la Asamblea de La Rioja desplegaron banderas contra la explotación a cielo abierto.

Las protestas contra la minería a cielo abierto en La Rioja generan encono entre los gobernantes, pero cada vez más apoyo entre los ciudadanos. Después de dos intentos fallidos, los manifestantes contra la empresa internacional Barrick Gold lograron participar en un desfile oficial como representantes de un sector de la sociedad que rechaza determinadas prácticas. Y el debut en la capital provincial, que fue con ovación, ocurrió nada menos que durante la celebración del 25 de Mayo. “Es un espacio cívico que conquistamos”, se entusiasmó Lucía Ávila, integrante de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.

El festejo patrio tuvo impronta tradicional: banda militar, izamiento de la bandera y chocolate patrio. En el acto central frente al Regimiento de Infantería, la vicegobernadora, Teresita Luna pidió “profundizar la educación y la instrucción, el control de los representantes y la valorización de lo nuestro”. Pero al mediodía el desfile trajo un dato novedoso: a las delegaciones de estudiantes y militares se sumó la de las Asambleas, que minutos antes habían negociado su participación con el personal de protocolo.

El grupo de treinta manifestantes empezó a transitar la avenida Perón, sin prisa ni pausa. Llevaban banderas elocuentes: “El agua vale más que el oro”, “Las mineras contaminan y saquean nuestros recursos” y –la más dura de todas– “El gobierno viola los derechos humanos”. Los funcionarios les pidieron que la guardaran pero se negaron. “Cuando pasamos frente al palco oficial el locutor no nos nombró y el canal oficial puso una tanda publicitaria. Pero la gente se dio cuenta y nos aplaudió muy fuerte”, contó Ávila.

Ante la molestia en el palco oficial, la militante Cecilia Matta aclaró que en las asambleas “defendemos nuestra tierra, el patrimonio natural y luchamos porque no se depreden los recursos”. Ávila recordó que “el gobierno nos impide circular en los desfiles, golpea durante nuestras protestas y censura los espacios oficiales de comunicación”. La primera de las quejas tenía antecedentes frescos: el 19 de febrero les negaron la participación en los festejos por el aniversario de Chilecito y el miércoles en los de La Rioja, mediante un triple retén policial. En ambas ocasiones hubo asambleístas presos.

REPRESIÓN EN PEÑAS NEGRAS. El conflicto por las mineras tuvo uno de sus picos más altos a mediados del mes pasado, cuando los vecinos autoconvocados de Famatina denunciaron serias agresiones. Mientras protestaban por la actividad de Barrick, que busca oro en la mina La Mexicana, miembros de la Secretaría de Minería y de la propia empresa arremetieron con sus 4x4 para romper un corte que lleva más de dos años. “Nos pusimos delante para que no pasaran. Se bajaron, le pegaron a una compañera y la arrastraron. Después le pegaron a otro de los chicos que estaba con nosotros y lo tiraron contra un alambrado. Otro me dobló el brazo y me pegó en el estómago”, relató en esa oportunidad Marcela Crabbe.

Los asambleístas creen que existe una connivencia entre las autoridades provinciales y la empresa, cuyo sitio web asegura que “nuestros objetivos en materia de competitividad y rentabilidad son compatibles con nuestro compromiso y con el progreso social de las comunidades que nos acogen”. Crabbe, en cambio, dejó una sensación distinta en torno a la inacción oficial: “Te hacen sentir que como pueblo sólo servís para recibir bolsones, poner el voto y nada más”.

Por Pablo Corso. www.pagina 12.com.ar




27 de mayo del 2009

SALTA CRIMINALIZA

LOS RECLAMOS SOCIALES



SOBRE LA BASE DE UNA DENUNCIA FALSA, UN FISCAL DE LA PROVINCIA DE SALTA PRETENDE LLEVAR A JUICIO ORAL Y PÚBLICO A VECINOS DE CAFAYATE QUE RECLAMARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS MUNICIPALES VIGENTES.



El 6 de Agosto de 2008 los vecinos de Cafayate fueron sorprendidos por la irrupción en el pueblo de cuatro camiones portando cargas de EXTRAORDINARIAS DIMENSIONES, pertenecientes a Minera Alumbrera, cuyo destino era la mina.



Los camiones, pertenecientes a la empresa Carmona, GUIADOS Y ESCOLTADOS POR GENDARMERÍA NACIONAL ENTRARON AL EJIDO URBANO MUNICIPAL SIN PEDIR PERMISO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y EN ABSOLUTA CONTRAVENCIÓN CON LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL TRANSPORTE DE CARGAS.



Así es que, ingresando por una calle no apta para transporte de cargas avanzan hasta el HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, rodeando el mismo. Allí quedan detenidos ya que en la siguiente cuadra había un vehículo estacionado y en reparación frente a un taller mecánico, por lo cual no podían seguir avanzando, ya que, debido al enorme tamaño de la carga, estos camiones no logran circular por calles normales donde se encuentren vehículos estacionados.



La reacción popular fue inmediata. La población está cansada de este tipo de camiones que pasan sin controles destruyendo viviendas, arboledas y calles. Se produjo una manifestación PACÍFICA y espontánea frente a LOS CAMIONES QUE SE ENCONTRABAN BLOQUEANDO TODA UNA CUADRA DEL PUEBLO A LA PAR DE LA GUARDIA DEL HOSPITAL.



Al día siguiente, y según consta en el informe realizado por la policía local, los camiones buscan otro itinerario “DEBIDO A LA INCOMODIDAD QUE PRESENTABA EL RECORRIDO DE CALLE RIOJA”. Finalmente los camiones retroceden optando por un camino rural, rodeando la ciudad. Culminando todo pacíficamente.



Sin embargo, luego de 9 meses del episodio, 11 vecinos de Cafayate son IMPUTADOS DEL DELITO DE ENTORPECIMIENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE y notificados del pedido de JUICIO ORAL Y PÚBLICO. Esto, en función de una denuncia que FALSAMENTE expone que a dichos camiones se les interrumpió el tránsito por esa calle durante 14 días, cuando el propio informe de la policía local contradice la denuncia.



Los imputados: algunos vecinos integran Autoconvocados del Valle Calchaquí- Cafayate, quienes desde hace casi dos años vienen denunciando públicamente las consecuencias de la minería metalífera a cielo abierto y la minería nuclear, y reclamando se respete el DERECHO A UN AMBIENTE SANO amparado en la Constitución Nacional; otros son vecinos del pueblo que se acercaron en ese momento ante la situación escandalosa de los camiones rumbo a Alumbrera estorbando el normal funcionamiento de la comunidad.



A la luz de los hechos, pareciera que quien reclama el cumplimiento de la ley es tratado como criminal.

AUTOCONVOCADOS DEL VALLE CALCHAQUÍ

Miembro de: UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LOS VALLES CALCHAQUÍES
ASANOA – UAC



25 de mayo del 2009



SOJA SOLIDARIA..¿PARA QUIÉN?

De un editorial de Jorge Rulli del Grupo de Reflexión rural:




"… ¿Cuántos cursos hizo Cáritas en todo el país? Hace ocho o acaso nueve años discutí el tema con el Ingeniero Serantes que presidía la institución de beneficencia de la Iglesia católica y me respondió con desplante que contaba con todo el respaldo de la Secretaría de Agricultura y del Gobierno. Poco después, nos introdujimos en un retiro cerrado de CARITAS en un pueblo de la provincia de Córdoba y le entregamos en mano al Obispo Casaretto una carpeta con evidencias científicas sobre los daños que la ingesta de soja ocasionaba en el desarrollo neurológico y hormonal de los niños.

El Señor Obispo no puede ignorar las consecuencias de aquellos supuestos planes solidarios que implementaba la institución que presidía. Todo lo que conseguimos con aquella acción fue que la compañera de Caritas que se arriesgó, fuera posteriormente sancionada. Han transcurrido varios años desde entonces y el Ingeniero Eduardo Luis Serantes continúa siendo el presidente de Cáritas, a la vez que Director de la empresa de agribusiness Cazenave y asociados, una consultora que brinda servicios agropecuarios a empresas exportadoras. El Ingeniero Serantes que implementaba los planes de soja para pobres es asimismo Responsable del fondo agrícola de inversión de Molinos S. A. e indeterminado asesor de varias empresas agroindustriales y de servicios, entre las que se encuentra la Dow Agro Sciences SA.

“Huellas de Esperanza”, es la publicación oficial de Cáritas Argentina. En el año 2002 en que se inicia, recomienda en su tapa, recetas de milanesas de soja y en las páginas interiores promociona los planes de ayuda solidaria por parte de las más grandes empresas sojeras. En el 2003 la misma publicación promocionaba asimismo, un proyecto de fabricación de hamburguesas de soja en Entre Ríos, en colaboración con AAPRESID, o sea con la Asociación de siembra directa, los grandes y principales promotores del modelo sojero.

Gran cantidad de Comedores participaron de cursos de capacitación para aprender a cocinar con porotos de soja o a partir de un procesamiento casero. En general, estos cursos son dictados en el Marco del Plan Soja Solidaria que coordina la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID). Dado que el abastecimiento de soja embolsada no siempre resulta del todo fluido, desde Caritas Nacional se acordó con la Compañía Argentina de Semillas el fraccionamiento de 75.000kg de soja. Esta empresa dona la limpieza, el fraccionamiento y el transporte.
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SOJA: en este caso se han hecho sucesivas pruebas en diferentes comedores y el producto ha tenido una buena aceptación (recordemos que no se trata de milanesas que necesitan cadena de frío sino que se pueden almacenar en las cajas).
En este momento se ha iniciado la distribución de las cajas de milanesas a las 64 diócesis de la República a fin de comenzar con su utilización.

Fuente: Todas las voces

28 de mayo del 2009

Riachuelo, crimen sin cargo





Después de casi 10 meses de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación el Juez Federal Armella decide. Se juega una instancia donde el Riachuelo se hace pariente de los casos emblemáticos que están en la justicia. Si lugar a dudas el compromiso de abogados y organizaciones de todos el país contrastan con los ejecutivos. Al respecto requerimos la opinión del doctor Enrique Matías Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas



La verdadera contaminación del Riachuelo



El Riachuelo es un reflejo de lo peor de la Argentina donde se conjugan la corrupción, el predominio de poderes informales y una colosal desigualdad. En su cuenca conviven los sectores mas excluidos del país soportando las feroces externalidades de las empresas más poderosas, con tres gobiernos -nacional, provincial y de la Ciudad- absoluta y cómplicemente ausentes.

Desde siempre existe la fundada sospecha de que las campañas electorales de los “barones del conurbano” se han financiado con las coimas de las empresas que contaminan el Riachuelo.

Actualmente se vislumbra la intención del Ministerio de Planificación de la Nación de “monopolizar” la ejecución del millonario crédito del Banco Mundial que, supuestamente, ya estaría aprobado. De esta manera se borraría de un plumazo el espíritu y lo expresamente dispuesto por la ley 26.168 que crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que, en su artículo 6º, señala que “las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca”.

Homero Bibiloni, quién defendió onerosamente en la causa “Mendoza” los intereses de los municipios ante la CSJN, es ahora, como Presidente de la ACUMAR, quien tiene que controlar las acciones y omisiones de sus antiguos contratantes.

Por su parte, resulta extraño no ver al Jefe de Gobierno de la Ciudad, o a sus candidatos, navegar escenográficamente el Riachuelo, enfundados en camisetas amarillas, como lo hizo en todas las campañas electorales en lo que su partido político participó. Es que ahora es co-responsable de que no haya habido ningún avance concreto sobre el estado lamentable de la Cuenca. Como lo es el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quién, paradójicamente, podría ahora proponer soluciones legislativas en el marco de su candidatura como Diputado Nacional bonaerense.

En este marco, recordemos que fue la histórica inacción de los Poderes Ejecutivos de las tres jurisdicciones involucradas la que provocó la intervención de otro poder del Estado, el Judicial, para intentar encausar esta gravísima y eterna problemática. Pero, a poco menos de un año de la histórica sentencia del 8 de julio de 2008 de la CSJN, vemos alarmados que las precisas obligaciones de resultado que estableció dicha sentencia, se van transformando perversamente en deberes de medios precarios y, la mayoría de los plazos ordenados por la CSJN han vencido con evidentes resultados negativos. Estos serios y flagrantes incumplimientos de la ACUMAR bastan en si mismas para que el Juez Federal, encargado de la ejecución, aplique las medidas sancionatorias que nuestro máximo Tribunal ha establecido en su histórica resolución.

Ahora, el Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, acaba de dictaminar el ordenamiento interno de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR), bajo pena de apercibimiento diario, a partir del 8 del mes próximo, con multas que alcanzarán tanto a los directivos del organismo, como a los funcionarios intervinientes del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Lo lamentable es que el resultado de este desaguisado es una alarmante situación con miles de personas, que habitan las márgenes de la Cuenca, viviendo en condiciones indignas y lacerantes, donde sus Derechos Humanos básicos son violados sistemáticamente.

Como vemos, la verdadera contaminación del Riachuelo va mucho mas allá de los centenares de miles de litros de vertidos ilegales y sin tratamiento que se vuelcan a sus aguas diariamente.



Por Enrique Matías Viale
Presidente "Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas"