Pascua Lama, El dolor de los pueblos

15 de mayo del 2009
Pascua Lama, el dolor de los pueblos
Hace pocos días, la Barrick anunció el comienzo de las actividades de la mina Pascua Lama, proyecto binacional argentino-chileno. Pascua Lama es el segundo proyecto minero de la empresa canadiense en la provincia de San Juan. El nefasto anuncio nos enfrenta a la dolorosa verdad sobre la desprotección de nuestro pueblo por parte de quienes nos gobiernan.
Al momento que la Barrick anunciaba el comienzo de la explotación de Pascua Lama en Argentina, representantes de varios países presentaban cientos de denuncias al congreso canadiense. El partido liberal de Canadá impulsa una ley de regulación de sus mineras en el exterior, debido a la gran cantidad de reclamos recibidos, siendo la Barrick la primera en esa lista. Argentina se explayó sobre Veladero y el Tratado Binacional Argentino-Chileno de Implementación Conjunta (Pascua Lama).
A esta altura, Argentina tiene probados motivos para saber a que nos enfrentamos con la minería a gran escala con uso de tóxicos. El ejemplo de minera La Alumbrera en Catamarca, con 13 años de explotación y 4 provincias contaminadas sería suficiente ejemplo para rechazar cualquier emprendimiento semejante. El fiscal de ambiente Gustavo A. Gómez, señala con gran tino que “Si existe contaminación, existe un funcionario corrupto”.
¿A qué tribunal cabe realizar la denuncia por intento de contaminación de los más de 300 proyectos mineros que existen en nuestra cordillera?
Las mafias de los saqueadores están libres en el planeta, operan con facilidad en territorios como los nuestros, donde quienes deben velar por nuestro bien hablan el mismo idioma de compra venta y son cómplices de la devastación.
Quienes estuvimos hace pocos días participando en la provincia de San Juan del “Foro sobre protección de los glaciares y del ecosistema andino” y del encuentro de la” 9na uac” (unión de asambleas ciudadanas) pudimos vivenciar lo que acontece en esta provincia. El plan minero a gran escala de se desarrolla sin miramientos en San Juan impulsado por el gobernador Gioja y sus acuerdos sombríos con las transnacionales mineras. El futuro de devastación del ambiente y de su economía regional, la contaminación, la perdida de la salud, la falta de agua potable en Jáchal, la violación de los derechos humanos de los pobladores (amenaza y persecución de quienes denuncian los atropellos de las empresas mimadas por el gobernador), son la marca del accionar de la irracionalidad de hombre y su cara más bestial.
Las mineras en Argentina no tienen licencia social, es decir que no hay consenso, ni consulta a los habitantes, ni aprobación ciudadana a la minería contaminante. Hay ocultamiento y manipulación de la información. En San Juan los medios de comunicación son sistemáticamente censurados al extremo que, una radio Fm local fue clausurada el día 25 de abril por transmitir en directo las disertaciones del foro y los testimonios de los representantes de las 200 asambleas del país. También fue cortada la transmisión del programa televisivo nacional, dedicado a la Barrick “Después de Todo” de Jorge Lanata, el 13 de mayo.
El proyecto Pascua Lama requiere de libertad de acción por parte de la Barrick y ningún miramiento de protección al ambiente y al ecosistema glaciar. El gobernador Gioja está dispuesto a sostener los negocios mineros por medio de presiones y acuerdos políticos sobre el gobierno central. De allí se comprende claramente el veto del ejecutivo nacional a la Ley de Protección a los Glaciares 26.418. Por otro lado esta ley, de sostenerse, se enfrentaría claramente al código de minería que sustenta este método extractivo saqueante. La farsa impulsada por la presidencia del senado en consensuar una ley superadora no daría otro resultado que, aprobar una ley de glaciares que legalice el accionar minero.
Naturaleza asesinada, pueblos sometidos y acallados, seres perseguidos y criminalizados por defender sus derechos, esperan la respuesta de los millones de seres que duermen un sueño soporífero de falso bienestar.
Es imprescindible, en estos tiempos de urgencia, que los oídos se abran y se conscientice la necesidad de acciones correctas. Los hechos nos invitan a unirnos y trabajar en el sentido evolutivo que olvidó la humanidad y propender al equilibrio global perdido.
Es nuestro deber vencer la inercia, la sola indignación por los hechos no cambia el destino. Debemos comenzar a realizar aquello para lo cual estamos en el planeta y prestar servicio a la Vida.
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial
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10 de mayo del 2009


Se alzan voces para REPUDIAR la construcción de la minera Pascua Lama

Asambleas de vecinos, organizaciones sociales y legisladores nacionales. Se oponen tajantemente a la mina de oro y plata Pascua Lama, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, después del polémico veto presidencial ("el veto Barrick Gold") a una ley de protección de glaciares.


Buenos Aires, Argentina 08/05/09. La compañía a cargo de la emprendimiento, Barrick Gold Corporation, con sede en Canadá, anunció el jueves que se trata de uno de los proyectos mineros a cielo abierto más grandes del mundo y demandará una inversión de entre 2.800 y 3.000 millones de dólares (alrededor de 11.000 millones de pesos).

El mismo grupo canadiense, considerado el número uno mundial del sector, opera en el yacimiento de metales preciosos Veladero, también en una zona cordillerana de San Juan con campos de hielo y glaciares, que la compañía destruye para abastecerse de agua y llevar adelante la explotación, según denuncian ecologistas.

Legisladores nacionales también alzaron su voz de protesta, como el diputado peronista Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

Bonasso se manifestó en contra del lanzamiento de Pascua Lama, un proyecto binacional que se desarrollará a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, y remarcó que "explotar oro a cielo abierto significa dinamitar el monte".

Hace apenas seis meses, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley de protección de glaciares aprobada en el Congreso el 22 de octubre del año pasado, una decisión que según funcionarios y grupos ecologistas pareció haber sido tomada sólo para beneficiar
a compañías como Barrick Gold.

"Lamentablemente, ahora queda al desnudo cuáles eran los verdaderos motivos por los cuales se impugnó una ley sancionada por unanimidad en ambas cámaras", remarcó la diputada nacional Verónica Benas.

"Barrick motivó un veto total, algo que no sucede con frecuencia, un veto total a una ley de protección de glaciares", agregó Benas, que dijo que el director ejecutivo de la compañía, Aaron Regent, se reunió tanto con Kirchner y el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, como con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, buscando que le den luz verde a su proyecto en Pascua Lama.

"El resultado de esas reuniones lo tenemos hoy a la vista: la autorización de este emprendimiento, que vacía los recursos naturales del país, se lleva el oro, se lleva los metales preciosos y nos deja contaminación y muerte", subrayó.

Benas integra el Espacio Solidaridad e Igualdad (SI), la misma agrupación que tenía en sus filas a Marta Maffei, ex secretaria general del gremio docente CTERA y autora de la ley de protección de glaciares que la Presidenta vetó en noviembre de 2008.

La diputada indicó que el 25 de abril pasado altos ejecutivos de Barrick Gold se entrevistaron con Kirchner, aunque no trascendieron detalles del cónclave.

"Evidentemente, esta multinacional ha incidido de tal modo en el Gobierno argentino que se produjo el veto a la ley y a los pocos meses se anuncia el inicio del emprendimiento minero (...)

Me parece terriblemente doloso que se priorice un acuerdo de dudosa ventaja para el país por sobre la salud de los habitantes", enfatizó.

Benas dijo que desde el Espacio del SI pedirán un informe completo al Gobierno, aunque insistió en que esta clase de proyectos "son terriblemente nocivos, por la contaminación que generan" y agregó que "lo que se prohíbe en los países del primer mundo acá se permite libremente", en alusión a las explotaciones a cielo abierto.

En los mismos términos se expresó Marta Sahores, una vecina autoconvocada de la localidad chubetense de Esquel, donde en marzo de 2003 en un plebiscito no vinculante el 81 por ciento de la población se manifestó en contra de la radicación de un proyecto minero similar a 6,2 kilómetros de la ciudad.

"El otro día la presidenta Cristina Kirchner los felicitó (a los directivos de Barrick Gold) y dijo que la minería era una cuestión de Estado, desarrollo y demás, así que tienen todo el aval del poder político (...) Pascua Lama fue elogiado por la Presidenta, así que no me extraña (el anuncio de su construcción)", dijo Sahores.

"Nosotros seguimos en contra. Creemos que se está violando el principio precautorio del artículo 4 del la Ley General de Medio Ambiente 25.675/02, que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de la protección del medio ambiente", agregó la vecina, licenciada en Química.

"Dice que cuando existe el peligro de daño grave e irreversible se debe actuar en favor del medio ambiente", subrayó Sahores, una de las responsables de la difusión de conocimiento científico acerca de cianuro, metales pesados y drenaje ácido en Esquel en 2003, cuando la población dijo "no a la mina".

La vecina consideró que "el poder económico que tienen estas empresas es muy grande y el poder de compra que tienen, también (...) Es lamentable que pasen estas cosas", completó Sahores, en declaraciones a esta agencia.

Pascua Lama está ubicado en una zona semidesértica en el Valle del Cura, en San Juan, y en Chile en la Provincia de Huasco, en la Tercera Región de Atacama.
Fuente: www.noalamina.org.ar
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13 de mayo del 2009
Dirección General de Aguas aclara que Pascua Lama tiene permisos pendientes que impiden inicio de construcción



Más tiempo de lo proyectado tendrá que tomarse la minera Barrick para iniciar la construcción del proyecto binacional Pascua Lama. Esto, debido a la falta de dos permisos que debe otorgar la Dirección General de Aguas (DGA) a la empresa canadiense para poder iniciar las obras en la frontera de Chile con Argentina.

El organismo -encabezado por el director general de Aguas, Rodrigo Weisner- aclaró que aún se encuentran analizando los permisos, cuya información fue entregada hace poco tiempo a la entidad dependiente del MOP.

Se trata de la aprobación de la construcción de un modelo hidrogeológico, herramienta que sirve para predecir el comportamiento futuro de los recursos hídricos en el área del proyecto.

El segundo permiso tiene que ver con la construcción de dos piscinas de almacenamiento de las aguas que están en contacto con el depósito de estériles de la mina.

La DGA dijo que ante los parámetros del organismo, estas obras son equivalentes a embalses, por lo que deben someterse a su visto bueno, ya que son calificadas como obras mayores.

Con esto, la dirección sale al paso de la afirmación de la minera de contar con todos los permisos necesarios para iniciar la construcción de la obra en septiembre o incluso antes.
Fuente: www.diarioelmercurio.com
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13 de mayo del 2009
Comunicado de prensa de AMPAP
Ante el reciente anuncio de inicio de actividades en el MEGA PROYECTO MINERO BINACIONAL DE PASCUA LAMA la A.M.P.A.P. (Asambleas Mendocinas Por Agua Pura) reunidas en el departamento de San Carlos, en consonancia con el sentir de todas las asambleas del país que formamos la U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas) y de nuestros hermanos del VALLE DEL HUASCO (Chile):
DENUNCIAMOS una vez más que este proyecto es el modelo más acabado de saqueo, corrupción y connivencia de empresas transnacionales apátridas y gobiernos nacionales, provinciales y locales que favorecen activa o pasivamente el modelo económico vigente de enriquecimiento del primer mundo en desmedro de países del sur.
REPUDIAMOS a gobiernos que fomentan y mantienen leyes de promoción minera y tratados internacionales que violan las soberanías de nuestros países, y que desconociendo la voluntad popular y parlamentaria anulan leyes consensuadas y apoyadas científicamente como la de protección de glaciares (fuentes de vida andina y patagónica), recientemente vetada a instancias de empresas y gobernadores promineros.
ALERTAMOS a la toda población mendocina sobre las consecuencias de este tipo de proyectos por el uso excesivo y contaminación del recurso AGUA y la escasez que conlleva para el resto de la población, por los métodos y substancias que utilizan provocando daños perdurables en el medio ambiente y porque las promesas de desarrollo, trabajo y promoción son sólo máscaras destinadas a dividir opiniones y legitimar el saqueo.
RECORDAMOS que en Mendoza la ley 7.722, exigida y generada desde el pueblo, pone un paraguas protector hacia el recurso AGUA , fuente y sustento de la vida, y su derogación fuertemente pedida por empresarios mineros dejará expuestos a todos los oasis mendocinos a la escasez más profunda de agua, a la contaminación minera y al saqueo irreparable de recursos estratégicos.

ADVERTIMOS a los funcionarios responsables de garantizar el cumplimiento y de defender la ley mencionada, a los legisladores capaces de modificarla y a quienes desde intereses económicos sectoriales están presionando para su eliminación, que la comunidad mantiene vigilancia y memoria activa sobre la misma y que NO PERMITIRA QUE LE ARREBATEN LA SEGURIDAD QUE LE DA ESTA LEY DE VIVIR EN UNA MENDOZA SUSTENTABLE PARA TODOS.

INVITAMOS
A toda la comunidad a sumarse a esta vigilancia y defensa y a profundizar el conocimiento de los alcances del despojo minero y la injerencia de gobiernos locales, visitando sitios como: www.noalamina.org, www.poraguapura.com.ar; http://movidaambientaltermas.blogspot.com/ ; http://argentinacontaminada.blogspot.com/
También acercarse a las asambleas locales o simplemente navegar por Internet para corroborar por qué, cuánto y cómo es la oposición popular a estos proyectos.
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14 de mayo del 2009
Bonasso: “El acuerdo con la minera Barrick Gold es corrupción del más alto nivel”

El diputado insistió en que “la presidenta Cristina Fernández vetó la Ley de Glaciares para permitir ese negocio y hasta se reunió con un delincuente”.


El tema de la Barrick Gold, la multinacional minera del negocio del oro más poderosa del mundo, mereció anoche buena parte de “Palabras más, palabras menos”, el programa de Tenembaum y Zlotogwiazda en TN. Allí el diputado nacional Miguel Bonasso, uno de los impulsores de tan célebre como efímera “Ley de Protección de Glaciares”, acusó a la presidenta Cristina Fernández de “reunirse con un delincuente, el presidente de la Barrick Gold, que es un personaje vinculado a grandes delincuentes del escenario internacional como Gaith Pharaon, BCCI, Ferdinand Marcos, el escándalo Irán-contras y otros”.

“Es tan burdo el argumento de Cristina de vetar la ley diciendo que va a buscar consenso sobre el tema, que yo le preguntaría que mayor consenso puede haber en la Argentina que una ley votada por el Congreso por unanimidad”, precisó Bonasso, considerando “un tema lisa y llanamente de corrupción” el aval del kirchnerismo al proyecto minero de Pascua Lama, que la Barrick Gold está poniendo en marcha con la obvia adhesión del gobernador José Luis Gioja y su hermano, el senador César Gioja.

Cuando los periodistas le preguntaron de qué tipo de corrupción estaba hablando, Bonasso fue tajante: “esto es corrupción del más alto nivel”.

Un rato más tarde, y sobre el mismo tema, Fernando “Pino” Solanas destacó que “en la Argentina, la minería es la única rama de la economía a la que se le permite exportar sin exigencia de reingresar las divisas, a nosotros no nos sirven para nada estos proyectos mineros, lo único que dejan es una contaminación monumental. Si tomamos el caso de Pascua Lama, la Barrick Gold, se va a llevar 40 millones de onzas de oro y 1000 millones de onzas de plata, todo eso representa más de 50 mil millones de dólares”.

“Además del dinero que se llevan, casi sin costo, y la contaminación que dejan, a estos señores hay que subsidiarlos”, agregó Solanas, indicando que ello se debe a un decreto de Kirchner del 2004. “Después de haber deducido gastos de extracción, de producción, de seguros... terminan pagando como mucho el uno por ciento”, indicó Solanas, destacando que “los subsidios que reciben, del orden del 2,5 por ciento de lo que exportan, les cubre los gastos de producción de todo un año. Y son los propios funcionarios de estas empresas y los provinciales vinculados al negocio, los que hacen los informes de impacto ambiental...”
Fuente: www.perfil.com
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11 de mayo del 2009


Denuncian que la Universidad Nacional de Mar del Plata sería financiada por minera La Alumbrera

¿Una Universidad pública puede ser financiada por una empresa contaminante?, así se titula un comunicado de prensa de la Asociación Civil para la Defensa del Medio Ambiente, BIOS Argentina. En el texto, se denuncia que “la Universidad Nacional de Mar del Plata figura en la lista de utilidades de YMAD, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio – Bajo la Alumbrera , como destino de $1.243.828.- 2008/2009”.

Además, se agrega que “en la nómina figuran muchas de las Universidades Nacionales, a excepción de aquéllas que rechazaron por motivos éticos y morales el dinero de parte de la mayor minera instalada en Argentina, que durante diez años produjo un impacto feroz en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, y que está de hecho, procesada en la Justicia Federal por contaminación”.

Y se puntualiza que “hay casos extremos, como trabajar en secreto para una empresa multinacional. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha firmado un convenio con Monsanto, a traves del cual obliga a ‘no copiar, comunicar, distribuir, diseminar, exponer o, de cualquier otro modo, revelar la información confidencial’ que resulte de los estudios y proyectos de investigación que realiza para esa multinacional. Se obliga, además a ‘realizar trabajos de asesoría y consultoría, investigación y desarrollo’ para Monsanto. Ya lo decía Liliana Ramírez, decana de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario ‘Monsanto forma sus cuadros aquí’. A lo que le respondió Gustavo Bruffman, secretario del gremio docente Coad, ‘Que en Agrarias, Monsanto sea quien subvencione nuestra formación para la destrucción de los suelos, y por lo tanto de comunidades enteras por medio del modelo sojero impuesto; es un crimen que se está consumando por medio de la tan mentada responsabilidad social empresaria’”.

Por su parte, el Dr. Jorge Kaczewer, dijo “existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer”.

Mientras que Enrique Martínez, Presidente del INTI, aseveró que “como Instituto Nacional de Tecnología Industrial estamos, junto a las universidades y demás instituciones del sistema científico y técnico, ante el deber de reflexionar y debatir abiertamente acerca del rol del Estado en torno a la minería (de idéntica manera al caso de biocombustibles, sojización, hidrocarburos, transportes, energía, etcétera), es decir, plantear las condiciones políticas sobre las cuales dar la discusión sobre la sustentabilidad o no de dicha actividad. Pero también, y sobre todo ante las diversas formas de cooptación de que son objeto (vía convenios institucionales, contratos de consultoría, subsidios, ‘premios’, etcétera), universidades y científicos deben cuestionarse y cuestionar su propia ‘responsabilidad social’ de cara a la sociedad en general y a los vecinos afectados en particular’”.

A su vez, BIOS indicó que ha presentado una nota en mesa de entradas de de la Universidad Nacional de Mar del Plata el viernes 8 de mayo solicitando información sobre “este monto designado desde un emprendimiento voraz, que a poco de su clausura, está dejando una amplia región de nuestra patria sumida en la sequía, la miseria y el despojo”.

A reglón seguido, la ONG detalló que: “Minera Bajo de La Alumbrera es el cliente individual más grande de fluido eléctrico: consume el 80,2% del total consumido por toda la provincia de Tucumán. Utilizó un descomunal caudal de agua por día, en una zona seca, árida, en la cual los pobladores viven desde siempre, haciendo un uso sustentable del recurso. Santa María perdió el 40% del agua; el 70% del sector agropecuario del departamento ha dejado de producir por falta de agua y parte del cauce del río se está secando. Minera Alumbrera produjo fuerte contaminación del aire por la voladura de 480.000 toneladas de roca por día; del agua porque los efluentes de la planta de secado del yacimiento Bajo La Alumbrera son volcados en el canal DP2 que desemboca en Santiago del Estero. YMAD Minera Alumbrera Limited está gerenciada por Xstrata Plc (Suiza) y las empresas canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc. Produjo un promedio anual de 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro, que salieron del país para moneda o joyas, hacia Canadá y Suiza, exentas de casi todos los impuestos, y pagando regalías de entre el 1 y el 2% del valor del oro declarado por la misma empresa en declaración jurada”.

“En el diccionario debiera figurar como ‘saqueo y contaminación’.Nos queda una pregunta a nuestras Universidades: ¿Cuál ha de ser el mensaje a los estudiantes que el día de mañana deberán ir a asesorar a los pueblos contaminados?”, finaliza la gacetilla de prensa.
Fuente: www.0223.com.ar
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14 de mayo del 2009
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia recomendó crear una comisión para evaluar los riesgos del herbicida de la soja
Marche un estudio urgente sobre el glifosato
El Comité de Ética del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales
El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.
Fuente: www.pagina12.com.ar
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11 de mayo del 2009
Caña de azúcar convertida en bioetanol
El INTA estima que en 2010 se deberán destinar 52.000 hectáreas de caña de azúcar para producir bioetanol.
A través de esa dependencia estatal se financiarán proyectos de biocombustibles, a la vez que se buscarán mercados para su colocación.
Algunos expertos advierten sobre la utilización de materias primas alimentarias para la generación de combustible.


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en Tucumán la sede de la Dirección Nacional de Agroenergía, cuyo objetivo será incentivar la generación de bioetanol, que se produce a partir de la caña de azúcar. Desde la Secretaría de Agricultura aseguraron que “el Estado colaborará con la financiación de algunos proyectos y garantizaría la demanda del biocombustible producido”. Desde la cartera que conduce Carlos Cheppi no descartaron promocionar también el biogás y el biodiésel. El año que viene entrará en vigencia la ley de biocombustible, que establece la obligatoriedad de utilizar un 5 por ciento de biodiésel para el gasoil y 5 por ciento de etanol en la producción de naftas. Para algunos analistas, los biocombustibles son una amenaza para la soberanía alimentaria. Mientras que para el sector privado, la agroenergía es sinónimo de un actividad del futuro.
Tucumán será el eje de la producción de bioetanol por su especialización en la caña de azúcar. “Esto permitirá el desarrollo de las cadenas de valor, previas a la elaboración del combustible, como los son la generación de harinas, alimentos balanceados, aceites o almidones”, agregó Ernesto Quiles, director de Agroenergía. “Hay grandes grupos empresarios con liquidez y capacidad instalada para producir bioetanol. Pero también están los pequeños ingenios que necesitan el apoyo del Estado. Por eso el objetivo de la Dirección será garantizar la producción y la venta de ese combustible”, señalaron a este diario colaboradores de Quiles. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se calcula para 2010 un consumo de gasoil y naftas de 17.723.000 litros y 6.616.000 litros, respectivamente. De cumplirse con los porcentajes fijados en la ley 26.093, se necesitarán 886.152.700 litros de biodiésel y más de 330 millones de litros de bioetanol. Del informe del INTA se desprende que en 2010 se deberán destinar casi 52.000 hectáreas de caña de azúcar para cumplir con los requisitos de bioetanol. “Estamos fijando las líneas estratégicas de una política de Estado en materia de bioenergía o de agroenergía”, indicó Quiles, quien agregó: “Es falsa la contradicción u opción entre producir alimentos o biocombustibles”. Sin embargo, en abril del año pasado, la ONU estimó que en el período 2005-2008, el precio de los alimentos en el mundo aumentó un 83 por ciento, lo que generó 100 millones de nuevos pobres.
En este sentido, para el especialista Miguel Altieri, por cada litro de biocombustible producido, se necesita 1,36 de petróleo. Es decir, la energía producida a partir de los commodities agropecuarios es también un (agro)negocio para las petroleras.
Por Sebastián Premici y Tomás Lukin.