Conciencia Solidaria ONG Interprovincial

20 de febrero del 2009
Aniversario de Chilecito, La Rioja
El gobernador, Beder Herrera ordenó reprimir a asambleístas antiminería
Decenas de policías se avalanzaron contra los ciudadanos a golpes y palos. Mientras miembros de las Asambleas Ciudadanas Riojanas se preparaban para participar del desfile por el 294º aniversario de esta ciudad, donde reclamarían contra la minería contaminante, el gobernador Beder Herrera ordenó reprimir y suspender el desfile. Fue detenida Elma Cortéz de 69 años, quien debió ser internada en terapia intensiva con un cuadro cardíaco. Una menor de cuatro años, varios asambleístas están golpeados y público asistente que se solidarizaba con ellos. La pacífica protesta pretendía repartir frutos de la zona con un cartel que decía "cuidemos el medio ambiente", digamos "Si al agua, No al Oro"
Mientras se realizaba el desfile cívico que celebraba los 294 años de la localidad de Chilecito, en la provincia de La Rioja, la policía provincial reprimió con dureza a miembros de la Asamblea de Ciudadanos por la Vida. El gobernador Luis Beder Herrera, un reciente y ferviente impulsor de la minería, se tuvo que ir del acto entre los abucheos e insultos del pueblo.
Cerca de treinta miembros de la asamblea de Chilecito quisieron participar en el desfile realizado el jueves 19 de febrero, como lo venían haciendo en años anteriores. Pretendían dar su mensaje antiminero y a favor de la agricultura para La Rioja. La prohibición a su participación era estricta y derivó en una golpiza policial con 8 detenidos (que a la una de la madrugada fueron liberados). Una mujer asambleísta, de 69 años, está internada en terapia tras sufrir un ataque por su detención. El pasado viernes 20 de febrero, las asambleas de la provincia de La Rioja convocaron a una marcha en la plaza 25 de Mayo (en la capital provincial) a partir de las 19 hs. para repudiar lo que sucedió en Chilecito el día anterior.
Marcela Crabbe es integrante de la Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito, La Rioja. En conversación telefónica narró lo sucedido.
“Nos juntamos para participar del desfile cívico de la ciudad como lo hacemos siempre. Las veces anteriores siempre nos decían el lugar donde teníamos que ir. Nunca fue fácil desfilar, pero siempre pudimos hacerlo como asamblea. Este año pensamos que iba a ser lo mismo, por eso llevábamos un vehículo donde cargamos muchísimas frutas y verduras de la zona. Nosotros apuntamos a la producción, ese es nuestro mensaje, repartirle a la gente sandías, melones, duraznos, tomates, uvas, choclo. Ese mensaje que damos es una apuesta por la producción. Somos una zona agrícola y ganadera por excelencia, acá están los mejores vinos, frutas, verduras. Entonces ellos dicen [los que impulsan la minería] que nosotros vamos contra el progreso, pero lo que les decimos es que la minería no es progreso. El progreso nuestro es la agricultura y el turismo. Cuando llegamos ya estaba la policía con las vallas y con la orden estricta de que no íbamos a desfilar en ninguna parte de la columna. Ni siquiera nos permitieron un poco de negociación. No y no. Fue tan violento el “no” que dijimos vamos a desfilar igual porque es nuestro derecho como ciudadanos del pueblo. Elegimos otro lugar para entrar y ya nos esperaban con ochenta policías. Nosotros éramos treinta, con una mayoría de mujeres. Cuando nos acercamos la policía le pega a una de las chicas, que está embarazada. Y ahí ya empezaron los forcejeos. Una señora de 69 años que estaba con nosotros pasó delante de ellos como para irse y refugiarse. Pero la vieron, la tironearon, la empujaron y la metieron dentro de un móvil. Hoy está en terapia intensiva con una arritmia cardiaca”.
- ¿Detuvieron a varios de ustedes?
- Hubo ocho detenidos, nos golpearon e hicimos las denuncias. Nos golpean en el forcejeo de la detención. Nos dieron golpes en todas partes del cuerpo. A la una de la madrugada soltaron a los detenidos. Entre los detenidos hubo chicos de cinco años.
- Estaba el propio gobernador.
- Sí, el gobernador se tuvo que ir a mitad del desfile porque la gente lo silbó. La gente también nos saca de las manos de la policía, a mi me protegieron para que no me detengan. Y luego pelean junto a nosotros para que nos dejen desfilar. En ese momento se corta el desfile porque la gente empieza a bajar de las escaleras a la calle para apoyarnos. Ahí el gobernador decide irse y cuando la gente lo ve empiezan a silbarlo, a insultarlo, le dijeron de todo.
- Ahora Beder Herrera está impulsando los proyectos mineros.
- Quiere eso, y le molesta muchísimo el disenso, que opinen lo contrario de él. Hay una represión muy grande en La Rioja. Un gobierno muy déspota. Mirá que hubo malos gobiernos, pero así tan autoritarios, tan violentos como éste no creo que haya habido.
Desde la capital provincial la solidaridad de las asambleas no se hizo esperar y se convocó a un repudio. Carlos Ruiz integra la Asamblea del Sur, La Rioja Capital; además es el director del documental “Cielo Abierto”. “Convocamos a una marcha de repudio acá en la capital de La Rioja, todas las asambleas riojanas, a partir de las 19 hs (el viernes 20/02). Es inaceptable lo que pasó. Les pedían a los niños que se sacaran las remeras que decían 'El Famatina no se toca', como en los tiempos de los militares”.
- ¿Cómo es la política sobre minería del gobernador Beder Herrera?
- El gobernador era un antiminero, hizo su campaña en contra de la minería y en contra del contrato con la Barrick Gold. Se sacaba fotos en las escuelas con los niños con carteles que decían “no a la minería”, y con eso ganó las elecciones. Pocos días después de asumir cambió su postura totalmente y se convirtió en uno de los gobernadores más pro mineros que hay en Argentina. Le abrió las puertas a las multinacionales, derogó la ley que prohibía la minería que habían sancionado antes, y la misma composición de legisladores adictos a él la derogó (en agosto pasado).
- Y ahora está en juego el Valle de Famatina.
- En realidad es toda la provincia. Porque además del oro del Famatina le incorporaron el uranio de Sanagasta, una localidad que está a escasos 15 km de la ciudad capital. Pero es una cuestión de toda la cordillera provincial. Hasta ahora han llegado a la fase de exploración porque los pueblos le han impedido a las empresas explotar. En Famatina el pueblo mantiene un corte a 2800 metros de altura en el paraje Peñas Negras con una barrera que hace 2 años no deja ingresar a la empresa minera. Ahora el gobierno endureció su postura y apela a la represión. Hubo un incidente la semana pasada a la noche, un momento en el que apareció una camioneta y robaron la barrera que puso la gente para impedir el paso a la empresa. Se descubrió que uno de los personajes relacionado con este hecho es el empresario Miguel Solanis, un socio del traficante de armas Monzer Al Kassar. El Famatina es un yacimiento gigantesco, tiene toda la tabla periódica de los elementos ahí. Chilecito está a 30 km y el poblado de Famatina en la base. Ahí empezó todo, la primer asamblea fue la de Famatina, después surgió la de Chilecito y durante estos tres años de lucha han surgido asambleas en todas partes. En la capital por ejemplo hay dos.
DOCUMENTO DE LA MARCHA DE REPUDIO A LA REPRESIÓN SALVAJE DEL 19 DE FEBRERO EN CHILECITO

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, frente a los acontecimientos del día 19 de febrero en la ciudad de Chilecito, hacen responsable al Gobernador Luis Beder Herrera de:
- Ejercer una política de represión frente al derecho de libre manifestación de la ciudadanía, amparado por la Constitución Nacional.
- Maltrato y detención ilegal de ciudadanos manifestantes en un acto público, sumado al inexplicable e irracional atropello y violencia cometido contra niños indefensos que participaban del acto en compañía de sus padres y contra mujeres embarazadas.
- Crear las condiciones para que alguien como el Comisario Luna, actué con total impunidad.
- Digitar a los medios de comunicación bajo la amenaza de quitarles la pauta oficial, cuando existe una ley por la cual esa pauta "debe ser repartida de forma equitativa entre todos los medios".
- Promover el "negocio" de la minería que demanda millones de litros de agua, a sabiendas que es el recurso más escaso en nuestra provincia y en desmedro de otras actividades productivas.
- Entregar miles de hectáreas de nuestro patrimonio para la explotación de uranio que representa riqueza para las empresas extractoras y miseria, devastación y enfermedad para el pueblo de La Rioja.
- Hegemonizar el poder al extremo de anular el funcionamiento de las instituciones y organismos que deberían regular el sistema democrático. Por esta razón el poder judicial y legislativo, no son poderes independientes como no son eficientes los organismos estatales destinados a "defender los derechos de los ciudadanos" con la complicidad de sus funcionarios.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, venimos sufriendo desde el principio de nuestra lucha, amenazas, apremios, despidos de compañeros, represión, querellas y detenciones ilegales. La diferencia en estos tiempos es que desde que los legisladores derogaron la Ley 8137 y sancionan a espaldas del pueblo la ley que permite explotación minera, esta afrenta es "directa". Los ejecutores (policía, gendarmería, legisladores, organismos intermedios, etc.) manifiestan unánimemente que "hay órdenes de arriba".
Nos preguntamos también, si los hechos acontecidos el día 19 no son intentos de distraer la atención pública frente a las denuncias que vienen haciendo las Asambleas sobre la aparición en nuestra zona de personajes vinculados al tráfico de armas y a los negocios sucios del oro, como así también sobre la apropiación de miles de hectáreas de tierras riojanas por parte de oscuras corporaciones internacionales.
Hacemos responsable al gobernador de lo hasta ahora acontecido y de la seguridad futura de todos y cada uno de los ciudadanos responsables que se manifiesten frente a las medidas del gobierno, haciendo uso de sus derechos constitucionales.
Asimismo, pedimos la renuncia del Secretario de Derechos Humanos Domingo Bordón, por incumplimiento de sus funciones.
ASAMBLEAS CIUDADANAS RIOJANAS
Conciencia Solidaria, ong Interprovincial se suma al rechazo rotundo de las polítcas represivas y pro mineras del gobierno entreguista de Beder Herrera.
Enviamos nuestra solidaridad a los valientes asambleístas de pueblo de La Rioja que defienden el derecho a la vida de todos los argentinos expresados en este caso en los bienes comunes que se encuentran en La Rioja.

Expresamos nuestro profundo rechazo al mayoritario silencio cómplice de los medios de comunicación de esa provincia. Rechazamos el silencio cómplice de todos quienes priorizan un mezquino y efímero bienestar personal en desmedro del bien común y el derecho inalienable de los pueblos a la Vida en armonía. Los perversos métodos de las coorporaciones mineras y los políticos entreguistas son resistidos por las valientes asambleas riojanas y por otras tantas en todo el territorio de Nación.
Trabajaremos unidos hasta que el Estado legisle a favor del pueblo como ya se ha logrado en 5 provincias.
La voz del pueblo ya no puede ser callada. Expresamos nuestra solidaridad con las asambleas de La Rioja.

Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial

Noticias Web-Conciencia Solidaria
19 de febrero del 2009
Mendoza
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
NO podrá reabrir la Mina de Uranio de Sierra Pintada.
Contundente éxito judicial en Mendoza: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no puede reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, que había ordenado a CNEA "abstenerse de iniciar en Sierra Pintada tareas que impliquen explotación productiva" de uranio.
La noticia fue difundida por FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente, una organización con status consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y miembro de la RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista).
La Cámara Federal dispuso esta trascendente medida en el marco de las acciones de amparo "Gómez Carmona Beatriz Lucrecia" y "Arenas Gabriel Francisco y Bitar María Graciela", iniciadas ambas contra la Comisión Nacional de Energía Atómica. El objetivo de ambas acciones es lograr la remediación total de los pasivos ambientales que existen en la mina de Sierra Pintada "en base al cumplimiento de la ley vigente", y la realización de estudios de impacto ambiental "exhaustivos e independientes".
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mendoza (Sala B) está integrada por los magistrados Luis Francisco Miret, Carlos M. Pereyra González y Antonio Alberto Endeiza.
En un fallo in édito la Cámara Federal de Apelaciones señaló que comparte "las argumentaciones efectuadas por el Juez A Quo que conllevan a la decisión de ordenar a la demandada que, mientras dure el proceso, se abstenga de realizar tareas que impliquen explotación productiva del yacimiento minero de Sierra Pintada" y que "…la existencia de pasivos ambientales en el Complejo Minero de Sierra Pintada producidos como consecuencia de la explotación de metal radiactivo (principalmente uranio) entre los años 1975 y 1995, revela de por sí la potencialidad dañosa y justifica la adopción de
la medida cautelar consistente en prohibir la explotación de la mina para evitar la virtual contingencia de que un daño ambiental de gravosas -y tal vez irreversibles consecuencias- se produzca". Este reconocimiento judicial del riesgo es fundamental porque la CNEA siempre minimizó los daños al
ambiente y a la salud que podían provocar sus residuos.
Paulina Martínez, una de las abogadas patrocinantes, sostuvo que el fallo "se inscribe en la más moderna doctrina ambiental" y que el resultado obtenido "muestra la importancia de accionar judicialmente cuando el Estado, en este caso CNEA, pretende hacer una remediación inicial en lugar de tratar la totalidad de los residuos que existen en la mina de uranio de Sierra Pintada".
La remediación parcial planteada por CNEA pretendía tratar menos del 4% de todo el uranio residual almacenado en la mina para poder reiniciar la explotación.
El Dr. Raul Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, quien tuvo a su cargo los aspectos técnicos de las presentaciones, sostuvo que esta decisión judicial "es trascendente por que coloca en primer lugar la necesidad de tratar todos los residuos de la mina, y no la intención de
CNEA de reabrir la explotación". Montenegro indicó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que en el arroyo El Tigre, aguas abajo de la mina, "se encontraron concentraciones de uranio superiores a 75 microgramos por litro, cuando la ley nacional de residuos peligrosos solo
permite para agua de irrigación 10 microgramos por litro". Agregó que este valor "contrasta con el reducido contenido de uranio que tiene el río Diamante, apenas 1 microgramo por litro". El Tigre es uno de los pequeños afluentes del río Diamante, cuya cuenca provee de agua a San Rafael. Raúl
Montenegro sostuvo finalmente que CNEA "ha ido dejando en el país numerosas minas de uranio sin tratar" y que ahora "tardíamente pretende tratarlas con un crédito del Banco Mundial que todos deberemos pagar".
EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
La Cámara Federal fundó su decisión -entre otros argumentos- en el Principio de Precaución contenido en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente que establece: "Cuando se tiene la incertidumbre acerca de los impactos negativos de una determinada actividad sobre el medio ambiente o salud, en vez de asumir que las actividades humanas pueden continuar hasta que se tenga clara evidencia de que son perjudiciales, este principio apoya acciones que buscan evitar y prever daños ambientales por anticipado".
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien llevó adelante las presentaciones judiciales, sostuvo que la CNEA "debe cumplir con lo pautado por la Constitución y las normas reglamentarias sobre ambiente". Afirmó que la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza "se inscribe en los
lineamientos de la doctrina de la Corte Suprema de la Nación , especialmente lo resuelto en el caso 'Salas Dino y otro contra Provincia de Salta y Estado Nacional s/ Amparo' al hacer lugar a la medida cautelar que se le había solicitado. El 28 de diciembre de 2008 la Corte ordenó el cese de los desmontes y tala de bosques nativos en los Departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que habían sido autorizados por el gobierno de Salta durante el último trimestre de 2007. El fundamento de la decisión jurisdiccional estuvo sostenido ni más ni menos que en el principio de precaución".
Fuente: Movida Ambiental
24 de febrero del 2009
Gobierno insiste en la Ley de Glaciares
La SeKretaría de Ambiente volvió a Konvokar a las provincias andinas para "Konsensuar" otra norma de proteKción de los hielos. (¿?)
La ley 26.418 que vetó Cristina Kirchner en noviembre pasado prohibía la exploración y explotación minera o petrolífera en los glaciares de todo el país.
A tres meses del veto de la ley de glaciares , la presidenta Cristina Kirchner volvió a ordenar a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sutentable que convoque a los gobiernos de las provincias andinas y a los legisladores nacionales a una reunión para "consensuar" un nuevo proyecto.

Tal como lo hizo la ex encargada del área Romina Picolotti en diciembre pasado, ahora el secretario Homero Bibiloni invitó a los responsables de Ambiente de cada distrito y a los senadores y diputados de las comisiones ligadas al tema a "establecer en forma consensuada" una nueva propuesta de ley. En ningún pasaje de la invitación aclara si también se convocó a ONG's o asociaciones de vecinos que defienden los recursos naturales.

El 10 de noviembre pasado, la norma fue vetada en su totalidad por la Presidenta mediante el Decreto 1837/8 con el argumento de que los gobernadores temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los bloques de hielo.

La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

La decisión de Cristina había despertado reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.

Fuentes legislativas confirmaron que la segunda convocatoria para discutir la protección de los glaciares será el próximo jueves en el despacho de Bibiloni. El texto de la invitación asegura que la nueva "ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial" debe acordarse "en el ámbito del Foro interdisciplinario previsto en el artículo 3 del decreto 1837/08".

Las provincias que habrían sido invitadas son: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fuente: www.criticadigital.com
23 de febrero del 2009
Acusan a la Minera Santa Cruz SA de tener trabajadores contaminados con cianuro. La empresa respondió.
La empresa sostiene que es una campaña de desprestigio y niega terminantemente que existan trabajadores intoxicados con cianuro. Habitantes y ex empleados de San José-Huevos Verdes, dicen que hay al menos 25 personas enfermas y algunos de ellos con graves y visibles secuelas en su salud, por el contacto con barros residuales que contienen altas dosis de cianuro. Denunciaron que la empresa llevará a los afectados a una revisión en Comodoro Rivadavia.
Distintas versiones que están corriendo por los medios de Santa Cruz, dan cuenta que en el complejo minero San José Huevos Verdes (Minera Santa Cruz) se han detectado casos donde algunos trabajadores han sido afectados directamente por el cianuro, produciéndole serios problemas de salud y de envenenamiento progresivo, lo que obviamente ha causado gran alerta entre quienes poseen vinculación con la actividad extractiva.
Se pudo constatar a través de algunas entrevistas telefónicas con vecinos de Perito Moreno, incluyendo un ex empleado de la minera que prefirió mantener el anonimato, que actualmente se cuestiona a la empresa por cuanto – dicen – personal operario del yacimiento habría sido obligado a remover con palas, barros y material residual con alto contenido de cianuro, lo cual habría causado a lo largo de estos casi dos años de su inauguración (2007) efectos nocivos en la salud de al menos 25 personas.
“La empresa mantiene esto en la más absoluta reserva y ahora se está llevando adelante un operativo para realizarle estudios médicos a la gente en Comodoro Rivadavia, inclusive han citado a ex empleados del yacimiento", nos explicaban.
Otra de las fuentes consultadas le señaló a nuestra redacción: “El envenenamiento es un proceso muy lento y proviene de la exposición que tiene la gente o el contacto directo o indirecto con el cianuro – explicó – Acá cuando convierten la “Barra de doré” (lingote) hay un material residual que no procesan y que parece un barro, lo meten “a pala” en bolsas de 50 Kgs y lo mandan a Chile vía Lago Blanco, cruce fronterizo entre Río Mayo y Perito Moreno. Los chilenos sí lo procesan y esto corresponde a un alto porcentaje del material que se extrae”.
Por otra parte protestaron también por la falta de cumplimiento a lo que el propio gobierno decretó sobre la mano de obra santacruceña “En las minas no trabajan más de 50 o 60 personas de Perito Moreno, el resto son de afuera, los traen de otras provincias o bien son chilenos, personal residual de la minera Cerro Bayo que cerró en Chile y de cuyo personal al menos un 20% trabaja aquí”, indicaban
Por su parte, la Minera Santa Cruz S.A. envió una nota a la Directora de Minería de la Provincia de Santa Cruz Ing.Claudia Lawrlund, firmado por Edgardo Volpi Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, que a su vez fue distribuida a todos los medios, en la que expresan textualmente:
“Me dirijo a Ud. con el fin de desmentir versiones infundadas que circulan por medios de comunicación provinciales en relación a un supuesto incidente de intoxicación en nuestra operación de Mina San José.
La operación de mina y planta se encuentra en absoluta normalidad. Asimismo la empresa toma todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los procesos y procedimientos para prevenir todo tipo de situaciones.
Como es de su conocimiento la Dirección Provincial de Minería como la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz realiza periódicas inspecciones a la operación cumpliendo con sus responsabilidades. En este marco no se han registrado observaciones por parte de las Autoridades en referencia a los procedimientos de operación.”
Desde hace dos años, el pueblo santacruzeño viene escuchando pacientemente, el dircurso sobre la "responsabilidad social "de la empresa. Pero muchos ya comienzan a advertir que algo anda mal. Las pruebas se hacen contundentes, dejando vacías las palabras, y visible la verdad. Quien tenga ojos para ver...
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