sábado, 26 de diciembre de 2009

Con participación democrática y asamblearia los cordobeses frenan a la

21 de diciembre del 2009
Córdoba, Argentina

Con participación democrática y asamblearia los cordobeses frenan a la
minería contaminante

En septiembre de 2008, en la provincia de Córdoba la Legislatura sancionaba por unanimidad una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, la actividad minera nuclear y el uso de toda sustancia química contaminante en cualquiera de las etapas de la industria extractiva. Las asambleas de vecinos autoconvocados celebraron entonces lo que consideraban un «triunfo» de la sociedad civil que, organizada, venía movilizándose por el derecho al agua y contra la contaminación.

La esperanza estaba puesta en la proyección que una ley de estas características podía tener sobre el resto del territorio nacional. ¡Traslasierra Despierta! (¡TD!) y ¡Ongamira Despierta! (¡OD!), dos de los grupos vecinales más movilizados por el tema, advertían también que en ese momento no se estaban realizando el tipo de explotaciones que la ley prohíbe y que, por lo tanto, la actividad minera tradicional ―abastecedora de materiales para la construcción― de la que viven muchas familias cordobesas no se vería afectada. El 31 de octubre del mismo año, desde su blog, ¡TD! volvía a festejar: «¡Se publicó la ley!». El boletín oficial del gobierno cordobés ya daba cuenta de la Ley 9.526.
A no dormirse
Durante los primeros días del mes de diciembre de 2009, los vecinos se ponían en «estado de alerta y movilización permanente». Parecía inminente la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Desde los valles de Traslasierra y Ongamira, en el oeste de la provincia, volvían a levantarse las consignas para defender el agua y el aire de la creciente ofensiva minera. Por otro lado, y a los pocos días, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvía rechazar los 3,3 millones de pesos que debía recibir como distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La Ley 14.771 del año 1958, responsable de la creación de YMAD, dispone que un porcentaje de las utilidades de esta empresa del Estado pase a formar parte de un fondo nacional a ser distribuido entre las universidades públicas. YMAD está compuesto por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. En el año 1994 conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera Limited (Xstrata, suiza) para explotar el Yacimiento Bajo de la Alumbrera. La resolución de la UNC solicita a las autoridades la revisión de los contratos mineros, la aplicación de sanciones correspondientes y manifiesta su apoyo a las comunidades afectadas por la minería. Según informa la propia empresa, la Alumbrera es uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo, produciendo anualmente unas 650 mil toneladas de un concentrado que contiene 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas troy de oro.
María Cuestas es abogada y asambleísta de ¡Traslasierra Despierta!. Tras recorrer los pasillos de los tribunales cordobeses buscando información sobre el estado de la Ley 9.526, detalla en esta charla cómo fue el proceso de participación que dio nacimiento a una norma provincial que intenta restringir al avance de la minería metalífera y nuclear. Además, María da cuenta de los poderosos intereses que hay detrás de la campaña mediática en contra de esa legislación, los mismos que pusieron en estado de alerta y movilización a las asambleas cordobesas.
―¿De qué se trata esa ley minera que se sancionó el año pasado?
Cuestas.―Concretamente la prohibición recae sobre cierto tipo de minería, la minería del tipo a cielo abierto y aquella que utiliza sustancias químicas y tóxicas contaminantes: ácido sulfúrico, ácido nítrico y otras sustancias que están enumeradas y que también se establecen en base a la ley que existe sobre residuos tóxicos.
―¿Existían en la provincia proyectos o algún interés creado respecto a esa forma de minería?
Cuestas.―Proyectos existían y varios. Mi colega, la Dra. Martínez Meijide, cuando fue a la secretaría de Minería de la provincia de Córdoba se encontró con un mapeo que parecía un queso Gruyère. Lleno de proyectos de explotaciones mineras y algunas pertenencias concedidas. Explotación activa de este tipo de minería no había, pero sí había un expediente con respecto al uranio, que es un tipo de explotación que también se prohíbe expresamente y específicamente en esta ley. Aparte de la prohibición de la minería del tipo a cielo abierto y de la minería que utilice sustancias tóxicas y contaminantes, también se prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad minera respecto de todo lo que son minerales nucleares como el uranio y el torio. Había unas solicitudes en la secretaría de Minería pidiendo la concesión de pertenencias mineras, por ejemplo, en el sector de Ongamira, para explotar oro, plata y derivados; y en el sector de Traslasierra, en la parte de las Altas Cumbres, afectando lo que es la Reserva Hídrica Pampa de Achala, había también una solicitud de concesión de pertenencia minera para la explotación de uranio. Esto entre otros tantos pedidos y solicitudes. También sufrimos en Cruz del Eje, donde habían concedido una pertenencia, a punto de ser explotada, de oro y plata.
―Es decir, si bien no se estaban explotando proyectos de esa índole, había intereses y un mapeo que daba cuenta de la existencia de esos minerales.
Cuestas.―Había como estos de Salsacate, en la zona de Cruz del Eje, que estaba ya con los pies puestos en la cancha, es decir, habían llevado maquinaria y todo. Estaban a punto de efectivizarse en algunos lados y otros estaban en marcha en lo que son las tareas previas: habían hecho algunas exploraciones y en base a las exploraciones estaban pidiendo la concesión de las pertenencias mineras. Ahora, explotándose, no había en el sentido técnico, donde ya empieza a ubicarse, a realizarse todas las explosiones propias para poder realizar las explotaciones a cielo abierto, todavía no. Pero sí, yo diría que había proyectos en marcha, solamente que no en una instancia de explotación. Algunos habían ya pasado la etapa de exploración, que es la primer etapa de minería y ya estaban a punto de explotar, y otros simplemente estaban solicitando explorar como en el caso de Traslasierra, que había una solicitud de permiso de exploración.
―¿Cómo se logra la sanción de la Ley 9.526?
Cuestas.―La ley se logra gracias al gran esfuerzo de toda la comunidad que se levantó en pie de defensa, no en pie de guerra, en defensa de los recursos naturales de la provincia, sobre todo del recurso agua, bosque, que es muy frágil en este momento, y sobre todo teniendo en cuenta que hay provincias hermanas que están sufriendo el flagelo de este tipo de minería. La sociedad se levantó toda a defender esos recursos naturales para que no se realice este tipo de explotación. No así el tipo de minería tradicional que se hace desde hace años en la provincia de Córdoba y con la cual no tenemos ningún tipo de prohibición. Esta ley no afecta a ese tipo de minería. La comunidad se levantó principalmente en el Valle de Punilla y en el Valle de Traslasierra, en Córdoba ciudad, y bueno, en realidad nos brindaron apoyo de toda la provincia y de todo el país. Gracias al esfuerzo de muchas asambleas que se juntaron, que estuvieron, que no dejaron un espacio sin cubrir de información, que estuvieron estudiando. Se organizaron muy bien, de manera que había marchas en Córdoba y a la par se estaba tratando de articular con las distintas instituciones de la provincia, se había pedido información a la Facultad, al Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo. Se obró en todas las áreas y de una manera muy democrática, asamblearia, pero muy democrática y ejerciendo el derecho de participación que tienen todos los ciudadanos.
―Recientemente las asambleas de Ongamira y Traslasierra circularon un alerta advirtiendo que la Justicia podría llegar a expresar la inconstitucionalidad de la ley, ¿en qué situación está este tema?
Cuestas.―Lamentablemente, hubo un artículo en un diario reconocido que salió en primera plana un día domingo, no recuerdo bien la fecha, fue dos o tres domingos atrás. En el Diario La Voz del Interior salió una noticia manifestando que existía una presentación por parte de la Cámara de Empresarios Mineros (Cemincor) y la Asociación de Profesionales ligados con la Comisión de Energía Atómica (Apcnean) que habían realizado al Tribunal Superior de Justicia, solicitando se declare inconstitucional esta ley. De la nota surgía la inminencia de un fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a este tema, lo cual nos alertó a todas las asambleas y a toda la población. En su oportunidad, en momento de aprobarse la ley, ellos mismos decían que era una ley «anti-susto» porque no había ningún tipo de explotación en la provincia, entonces evidentemente no afectaba ningún interés. Pero al parecer sí, como nosotros sabíamos que afectaba a intereses concretos, hicieron esta presentación. ¿Qué pasó? Al ir a las fuentes que estaban mencionadas en el artículo, es decir al TSJ, a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, dimos con la información de que esta presentación que habían hecho en mayo de este año estas dos instituciones, Cemincor y la Apcnean, simplemente tenía un decreto de autos a los fines de evaluar la admisibilidad de ese tipo de recurso. Es decir, el Tribunal en este momento está viendo si es formalmente admisible el concurso, de ninguna manera se va a expedir todavía sobre fondo. En caso que diga que es admisible, recién entraría en un proceso por el cual se le participaría a la Provincia para que realice su descargo y que oportunamente se dicte el fallo que corresponda. Ahora, si el Tribunal Superior de Justicia todavía no se expidió, si recién está viendo si admite o no este tipo de recurso, me parece que no existía noticia para dar. Evidentemente ha sido una manera, creo yo, particular de presionar a distintas instituciones como el Tribunal para que se expida más rápido.
―En el caso particular de La Rioja, una ley que prohibía la minería con el uso de sustancias químicas, al cambiar el escenario político, fue derogada. ¿Sienten que una situación de similares características podría vivirse en Córdoba?
Cuestas.―Todos sabemos, no solamente en Córdoba, sino en todas las provincias que tienen una ley de este tipo, que puede ocurrir. Lamentablemente, los intereses políticos, nuestros representantes y las banderas políticas que representan, los intereses económicos que están detrás de todo esto, van cambiando, y los intereses económicos siempre están para poder instar por parte de las empresas mineras a que esta explotación se pueda realizar. Por ende, brindan de su parte todos los recursos con los que puedan contar, tales como estos fondos que querían aportar a la Universidad (Nacional de Córdoba) y que algunas universidades aceptaron. Respecto de que esto pueda ocurrir en la provincia de Córdoba, esperemos que no, pero sí es posible en algún momento que cambie el ideario político y que también se vea en riesgo esta ley. Sería lamentable porque fue una ley que nació fruto del consenso y de la unanimidad de una legislatura con el apoyo total de la comunidad. Solamente hubo un escaso número de personas que se opusieron, por supuesto del área minera o industrial, pero que más que nada querían defender intereses de la minería de la tercer categoría, que no es la aceptada por la ley.
―¿Hay algo que te gustaría agregar?
Cuestas.―Me gustaría rescatar, si bien nos preocupa y pone alerta a las comunidades, que tiene que ver con que estamos luchando por un ambiente sano, equilibrado, como dice la Constitución, que de todo este movimiento surgieron muchas participaciones, un actuar que abarcó a distintos estamentos de la sociedad y que realmente sacó lo mejor de la sociedad misma. Se vió, por lo menos en Córdoba, la participación de todas las instituciones, de muchas áreas de gobierno y de muchas personas particulares sin ningún interés político, despojados de muchos intereses generalmente espurios que están dando vuelta. Fue muy emocionante ver el debate que se dio en la Universidad Nacional de Córdoba y la altura con la que se dio el debate, la altura de la resolución que se emitió respecto de esa universidad, lo que despertó en la sociedad de Córdoba todo este peligro. Despertó cosas buenas y se vio cómo la sociedad misma cuando se pone a trabajar en conjunto tiene logros indiscutibles.


Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik
para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.
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22 de diciembre del 2009

En medio de la polémica, inventariarán los glaciares

Justo cuando en el país está en el tapete la discusión por el impacto de la minería en los glaciares, el Gobierno de la provincia de San Juan, firmó ayer un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para hacer un inédito inventario de esas formas geológicas heladas que son valiosos reservorios de agua en toda la cordillera provincial, desde el límite con Mendoza al límite con La Rioja. El estudio, que durará alrededor de un año, costará $ 75.000 que saldrán de los fondos que produce la actividad minera, sobre todo las regalías, según fuentes oficiales.

El equipo que estudiará los glaciares estará integrado por el glaciólogo Pablo Milana y 4 estudiantes avanzados de geología bajo su coordinación. Justamente Milana es quien protagonizó un contrapunto con la productora televisiva Artear la semana pasada, porque denunció públicamente que lo tergiversaron al hablar de la polémica Ley de Glaciares, que ahora se estudia en el Congreso nuevamente, tras un veto presidencial que algunos sectores ambientalistas atribuyeron a presiones del gobernador José Luis Gioja y de la empresa canadiense Barrick. Milana apareció en un programa especial denominado "Glaciares, el último veto", que se transmitió en Canal 13 y TN, donde el sanjuanino aparece en posición contraria al veto, cuando él sostiene que en realidad lo justifica técnicamente porque tiene muchas imprecisiones.

La controversia con esa ley vetada radica justamente en que las definiciones de glaciares y sus tipos estaban poco acotadas, por ejemplo en lo que alude a "periglaciar" lo que, según la óptica oficial, atenta contra el desarrollo porque con la norma se protegían for-mas que no podían coexistir con obras de rutas o con el emblemático túnel por Agua Ne-gra. Tras el veto que aplicó Cris-tina Fernández el año pasado, algunos sectores ambientalistas dijeron que era para favorecer grupos de poder más que por cuestiones técnicas.

Así, en medio de la polémica, llegó esta decisión que según Gioja, no es como respuesta a los planteos de los ambientalistas porque "veníamos trabajando hace bastante con la Facultad de Ciencias Exactas, desde el año 80 y pico que quedó en hacerse, y ahora lo vamos a poder hacer y lo vamos a completar". Sin embargo, agregó que "va a servir obviamente para esclarecer, para evitar las fantasías y cosas que se dicen de esto".

El gobernador apuntó en el acto -donde estuvo acompañado por Milana, el rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y el decano de Exactas Rodolfo Bloch, entre otros- que con este estudio la provincia también "se podrá anticipar" a los preceptos de lo que hasta ahora formulaba la ley vetada, que era hacer un registro de los glaciares en todo el país. Y que los resultados se complementarán con lo que exija la norma, una vez aprobada nuevamente, ya que todos los sectores coinciden en que es necesario proteger estas geoformas, principalmente como fuente de agua. Esto último no es un dato menor porque la ley vetada estipulaba que todo el registro glaciológico iba a estar a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con sede en Mendoza, lo que Milana aseguraba que era reprochable porque atenta contra el federalismo.

Fuente: Diario de Cuyo, San Juan
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24 de diciembre del 2009
Argentina -PROMUEVEN EN EL PAÍS LA CREACIÓN DE “TRIBUNALES AMBIENTALES”



La iniciativa es respaldada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel entre otros. Una de las organizaciones impulsoras es la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, su presidente Enrique Viale dijo: “Hay que resguardar el orden público ambiental”.

Las cuestiones ambientales y el Derecho Ambiental (DA) tienen dificultades propias que sin dudas requieren de un tribunal especializado que pueda ayudar a resolver las problemáticas ambientales. Por eso Ipodagua.com.ar entrevistó a Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, quienes junto a Adolfo Pérez Esquivel impulsan la creación en nuestro país de Tribunales Ambientales, “el Derecho Ambiental presenta distintas dificultades para resolver el conflicto, entre ellas podemos ver la dificultad en la etapa probatoria, muchas veces la agilidad que tienen mucho de los juzgados con el Derecho Ambiental y como este ha venido a transformar la totalidad del ordenamiento jurídico”, explica Viale y sigue, “Para nosotros es una meta a seguir la creación de Tribunales Ambientales con la puesta en marcha de Fiscalías Ambientales, con fiscales especializados y con conocimiento de la problemática”, puntualiza el entrevistado.
También de concretarse se “incluye la necesidad de contar con un cuerpo de Peritos especializados. Todo esto para tratar de igualar las diferencias que se dan en los pleitos y en las contiendas judiciales ambientales donde existe una mega empresa y del otro lado un pueblo desprotegido”.
En esa línea el abogado fundamenta la propuesta explicando que, “hay que resguardar el orden público ambiental, que en este momento depende mucho de las organizaciones sociales, pero no hay intervención del Ministerio Público, por eso resulta imprescindible en un primer paso la creación de fiscalías ambientales”.
Consultado sobre si habría que capacitar a los actuales fiscales o debería ingresar nuevos profesionales, Viale explicó, “lo ideal sería que ingresara nueva gente, que venga ya formada con especialización, y que el ingreso sea por concurso. Que ese concurso haga una lupa en cuestiones ambientales. Por supuesto puede haber una capacitación conjunta de los actuales fiscales, pero más interesante sería el ingreso de nuevas personas”.
Con respecto al curso que Viale dictó sobre “Herramientas Jurídicas ante el avance de la Minería a Cielo Abierto” en la Universidad de Córdoba, y del que participó Ipodagua, el abogado explicó algunos conceptos sobre el Derecho Ambiental, “El DA interpela la totalidad del Derecho, se va transformando, es como una flecha que va cruzando todo el ordenamiento jurídico en las distintas ramas del Derecho (Civil, Penal, Administrativo, etc.) y a medida que lo va cruzando lo va transformando. Comprender esa transformación es el desafío del momento”.
Fuente: Ipodagua.com.ar

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23 de diciembre del 2009
Ambientalistas de Andalgalá insisten con su lucha

Realizan una medida de protesta con cortes de ruta, pero dejando circular a los habitantes de la

zona y pueblos aledaños. Rechazan nuevos emprendimientos mineros y exigen la presencia de Sinner.


A través de un comunicado de prensa hacen saber que "con la esperanza enarbolada, los vecinos de la comunidad de Andalgalá bajo uno

de sus algarrobos, acompañados por la brisa del distrito El Potrero de Santa Lucía, invocando la protección de Dios; fuente de toda razón y

justicia y al amparo de esta naturaleza privilegiada, comparten opiniones dando la bienvenida a todos los mensajes de apoyo de

asambleístas de todos los puntos del país, que alimentan nuestras fuerzas para continuar resistiendo a esta nueva amenaza que intenta destruir LA VIDA".


Agregan que "desde la alegría de estar reunidos, compartimos el aroma del jariyal, la leña que calienta el disco en el que se cocinan las

verduras que comeremos, el son de la guitarra que acompaña canciones cuyas letras exaltan la maravilla del paisaje que nos circunda.

Desde hace dos días convivimos en este compartir cotidiano, reflexionamos y analizamos el proceso de maduración de grupo acerca de

situaciones vividas y que hoy reeditamos para reafirmar nuestra decisión indeclinable en defensa de este lugar del mundo al que amamos,

del cual somos parte y que elegimos para vivir y perpetuar a nuestra descendencia, con el derecho que nos asisten las constituciones

nacional, provincial y nuestra Carta Magna Orgánica Municipal".



Aclaran que la extensa Bandera Argentina la cual desplegamos en el camino comunero se eleva toda vez que pobladores de zonas

aledañas, trabajadores, agricultores, taximetreros, docentes, alumnos, etc. necesitan pasar, a quienes también agradecemossus gestos de

solidaridad y acompañamiento, sin que por ello dejemos de lado, velando día y noche nuestro objetivo máximo: impedir el paso de los

camiones de las empresas mineras que transportan combustible entre otros insumos, para la explotación que amenaza el cause de los

ríos, la fertilidad, la tierra, en definitiva la vida.


Celebran el hecho auspicioso de que el Concejo Deliberante de Andalgalá el día 16 del corriente mes y año solicitó la presencia de

autoridades de la Secretaría de Minería de la Provincia para tratar “esta afligente problemática”, conforme lo expresado públicamente por el

señor Presidente de dicho cuerpo deliberativo; a quienes comprometemos expresar la verdad al pueblo de Andalgalá, la Provincia y el

País, conforme a documentación oficial obrante en poder de estos vecinos y también de las autoridades precitadas".


Finalizan diciendo que "ninguna indemnización y/o dinero, quebrará nuestra convicción de que LA VIDA VALE MAS QUE EL ORO, a la

que no renunciaremos. Por ello queremos un “TERRITORIO PURO Y UNA BIODIVERSIDAD INMACULADA, PARA NUESTRA

POSTERIDAD Y PARA TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO QUE QUIERAN HABITAR NUESTRA TIERRA”.


Fuente: Catamarca Online
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22 de diciembre del 2009

La Rioja, Argentina

Una minera buscará uranio en la Rioja
La compañía, con sede en Vancouver, alcanzó un acuerdo con la firma B Syndicate para incorporar nuevos activos uraníferos en los próximos dos años. La minera, que en total operará áreas por 14.000 hectáreas de superficie, tomó la decisión de venir a la Argentina con el asesoramiento de Andrés Lencinas, quien durante mucho tiempo fue Jefe del Distrito Norte de Exploración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Su experiencia lo posiciona como uno de los técnicos que más conoce el potencial metalífero de la zona.


“En las áreas adquiridas se han identificado un gran potencial para acoger de mineralización de uranio. Se trata de cateos similares a las cuencas geológicas productivas en el oeste de EE.UU., que han sido explotadas por cientos de millones de libras de uranio”, comparó la compañía a través de un comunicado. Sin embargo –agregó-, los bloques riojanos no han sido sometidos a un nivel intenso de exploración o extracción como el registrado en el país del Norte, con lo cual hay que avanzar en el estudio geológico y geofísico de los prospectos.

Wester Uranium Corporation destacó el aval el Gobernador riojano, Luis Beder Herrera, le dio a la minería metalífera. El año pasado el mandatario impulsó una ley para favorecer la explotación minera de los reservorios. Curiosamente, un año antes había defendido una iniciativa para frenar el desarrollo de extracción metalífera. Ahora, esa polémica parece haber quedado atrás.
Fuente: El Inversor Energético
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21 de diciembre del 2009

Chubut, Argentina

A defender la Ley que prohíbe la minería contaminante

Desde Trelew y Puerto Madryn inician campaña de firmas para RECHAZAR las pretensiones del gobierno de Das Neves de DEROGAR la ley 5001 que PROHIBIE la minería contaminante en Chubut. Se suma también Comodoro Rivadavia. Esto es una demostración de la VOLUNTAD POPULAR ante la descarada iniciativa del gobierno chubutense.

Descargá la planilla en: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-chubut/a-defender-la-ley-que-prohibe-la-mineria-contaminante

En adhesión a la Campaña De Firmas iniciada por los Foros Ambientales y Sociales (FASP) de Trelew y Puerto Madryn, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, realizarán una junta de firmas, pegatina y entrega de folletos informativos por las calles céntricas de la ciudad. La actividad lanza la campaña de firmas en defensa de la ley 5001 y será realizada por el Foro Ambiental y Social Comodoro Rivadavia.
Petitorio de la planilla:

NO A LA MEGA-MINERIA A CIELO ABIERTO
CON USO DE SUSTANCIAS TOXICAS

A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia del Chubut: Los abajo firmantes manifiestan por medio de la presente, su total desacuerdo con el Proyecto Navidad y con cualquier otro proyecto minero a cielo abierto y con sustancias contaminantes en la provincia del Chubut.
Este tipo de proyectos son anticonstitucionales, ya que violan el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley provincial vigente número 5001, además de ser perjudiciales para el desarrollo sustentable, el ambiente y la salud de las poblaciones de la meseta y de toda la provincia. Producen contaminación peligrosa y grave deterioro de las economías regionales.
Solicitamos por tanto se anulen estos proyectos, y se remedien los territorios ya explotados y/o explorados. Así mismo solicitamos se informe debidamente a todo el pueblo de la provincia, y se lo consulte antes de modificar cualquier ley o de poner en marcha cualquiera de estos proyectos. Atte.

Fuente: www.noalamina.org
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21 de diciembre del 2009

SAN JORGE El pueblo que se rebeló contra los agroquímicos

Vecinos, concejales y diputados debaten los límites a las plantaciones de soja y al uso del glifosato.


Ubicado en el extremo centro-oeste de Santa Fe, San Jorge es uno más de los municipios que se volcaron a la producción de soja. Lo que alguna vez fue una zona ganadera y lechera giró al monocultivo. Allí se gestó, en el último año, lo que muchos no dudan en llamar “bisagra” sobre el debate por el uso de agroquímicos.

Durante mucho tiempo hubo denuncias sobre los problemas de salud que, según los vecinos, generan las fumigaciones. La gota que colmó la paciencia de los habitantes del Barrio Urquiza, en el extremo norte de San Jorge, fue el cuadro de broncoespasmo que presentó una nena de dos años en octubre de 2008 luego de que rociaran glifosato en un campo lindero a su hogar. Los exámenes médicos señalaron que sus problemas respiratorios se debían a las sustancias usadas en las aspersiones. Los vecinos se autoconvocaron y hubo dos sucesos que alteraron el panorama: la presentación de un recuso de amparo ante la Justicia, que prohibió las fumigaciones en el barrio; y la creación de un ente de Medio Ambiente municipal.

Reforma en espera. Esto sirvió para motorizar una reforma a la Ley de Fitosanitarios en la Cámara de Diputados provincial. Se busca incorporar una franja de seguridad entre el ejido urbano y los campos. El debate se empantanó: en la Comisión de Medio Ambiente, el dictamen estableció 300 metros, (los vecinos pedían 500) y en Agricultura se bajó a 100. Uno de los impulsores de la reforma, el diputado Antonio Riestra, de Solidaridad e Igualdad remarca que “hace cinco años que insisto con esto. Se perdió la esencia y los 100 metros es lo mismo que nada”. El bloque del FPV también es crítico. “La mayoría no se animó a modificar la ley, estaban con los intereses económicos de los sectores agroquímicos”, sostuvo el legislador K Enrique Marín. Todo indica que habrá que esperar a mayo del 2010, salvo que en extraordinarias el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, proponga debatir la ley.

Negocios y salud. “Se basan en ingenieros agrónomos, cuando uno se siente mal no va al agrónomo; yo no niego su capacidad, pero en temas de salud me quedo con la opinión de médicos y biólogos”, asegura Esteban Roglich, concejal de San Jorge.

Quien más comercializa los productos es el grupo de siembra directa, Aapresid. Su presidente honorario es Víctor Trucco, oriundo de San Jorge. A mitad de año habló ante los vecinos en un encuentro sobre el tema. Allí afirmó que “debemos hallar la forma de coexistir para poder sostener esta producción que es la que da empleo, riqueza al pueblo y también mejorar la calidad de vida de todos”.

Para Riestra, “no se puede librar al mercado o a las prácticas agrícolas una responsabilidad estatal. Si esto es un problema de salud, no hay discusión, es una responsabilidad de la provincia legislar sobre ello”. Roglich apunta al glifosato, que “cada año incluye más toxicidad en la cantidad de coadyuvantes, como el endosulfán. Además, antes de fumigar, los productores entregan la receta agronómica a las autoridades. Yo quisiera ver si la receta tiene los mismos elementos que se introducen en los mosquitos”.

Hace un año, el municipio activó una Secretaría de Medio Ambiente. “Había control, se pedían las recetas y estábamos cubiertos”, asegura Mariela Marionsini, titular del área, sobre el orden previo a la secretaría. “Ahora es más exhaustivo. Si no hay receta, se los multa”.

Marionsini justifica que el municipio haya apelado el recurso, algo que también hizo la provincia, a la par de los propietarios de dos campos afectados por la medida, alegando que había registro de las recetas.

La cuestión de los silos. Al mismo tiempo se debate el tema de cómo se almacenan los granos. Para los más críticos, Santa Fe no tiene una legislación acorde. Carlos Manessi, de la campaña Paren de fumigar, dice que, “los silos de cereales son dañinos. Cuando se ventea el cereal que está en el silo, cosa que se hace todos los días para que no se humedezca, vuela una cascarilla que lleva todo el veneno que traen del campo, y esto produce problemas de salud en la ciudad”. Justamente, los silos están dentro de los ejidos urbanos.
Según Roglich, “los intereses económicos parecen ser más importantes. Esto no se arregla con un alambre de por medio”. Para él, también hay que controlar cómo se rocía: “A nivel aéreo, aún fumigando por encima de los 500 metros que marca la ley, ellos dicen que vuela sólo dos metros, y es falso, porque con vientos favorables pueden llegar micropartículas a tres kilómetros”. En igual sentido opina Carlos Martín, subsecretario de Medio Ambiente, para quien también es clave la urbanización. Es que el ejido se confunde con los campos, provocando el contexto actual. “Hay que hacer un ordenamiento territorial ya”, estima.
El tema se quiso legislar con una ley, la 12.824, que fue vetada por el gobernador Hermes Binner. La norma establecía un plazo estimativo por el cual las cerealeras trasladarían los silos fuera de las ciudades, al menos a un kilómetro. Muchos ven la mano de las grandes empresas del sector en que no haya una ley sobre esto. Desde el gobierno provincial se defienden diciendo que la ley avanzaba sobre potestades de los municipios, y afirman que la vigente resolución 177 de la Secretaría de Medio Ambiente regula la cuestión, garantizando condiciones de seguridad e higiene dentro de las ciudades. Para los críticos, esto es dejar al libre albedrío a los productores, a quienes se les hace completar una declaración jurada. Si bien hay controles del estado provincial, todo sería menos confuso con una ley como la que se vetó.

Centro de Protección a la Naturaleza

Coordinación de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
www.cepronat-santafe.com.ar

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