Conciencia Solidaria ONG Interprovincial

Tras el polémico contrato con una firma, Gioja no volverá a presidir la Comisión de Minería
Retendrá el cargo hasta diciembre, pero no aceptará renovarlo; la decisión se conoció después de que LA NACION informara sobre la firma de un acuerdo con beneficios impositivos para la empresa Barrick


El senador nacional César Gioja anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Minería de la Cámara alta a partir del 10 de diciembre próximo. En conferencia de prensa, informó que retendrá el cargo hasta ese día y que no aceptará renovarlo, como se hace habitualmente.
La decisión de Gioja se conoció pocos días después de que La Nación diera cuenta de que las sospechas en torno a un convenio con la minera Barrick Gold provocaron la renuncia de un técnico del Ministerio de Economía que había desaconsejado firmar el convenio en cuestión.
El senador, que tiene mandato hasta 2011, ratificó además que es dueño de una empresa minera que produce bentonita, pero negó ser proveedor de Barrick, algo que denunció el diputado Miguel Bonasso.
"Nada que ver". El legislador y hermano del gobernador local el kirchnerista José Luis Gioja es fuertemente cuestionado por su relación con la minera canadiense. Durante la rueda de prensa se refirió a la nota publicada por LA NACION el sábado último. "Cada vez que habla alguien de minería vinculan al gobernador y a quien habla en relaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Es más, si uno mira el contexto de la nota parece más una operación política que un mecanismo de información", afirmó.
Fue en este punto que explicó su paso al costado en la Comisión de Minería del Senado y la decisión de permanecer en el cargo hasta diciembre. "Para evitar ese tipo de situaciones, vamos a seguir trabajando en orden a los intereses de la provincia y vamos a dejar ese puesto que genera a lo mejor algún nivel de expectativa. Hemos quedado con el presidente del bloque [Miguel Angel Pichetto] en llegar hasta fin de año, aunque él no quiere".
No obstante, voceros de Pichetto aseguraron que el senador "no tuvo ninguna incidencia" en la decisión de Gioja.
Glaciares. El legislador también informó que presentó un proyecto de ley tendiente a proteger los glaciares de toda actividad que pudiere causar daño, sin aludir a ninguna en particular. Para el senador la anterior, que en un primer momento tuvo el apoyo de todos los bloques y luego vetó Cristina Kirchner, "tenía una posición atiminera".
Gioja agregó: "Este proyecto se ha adecuado a sugerencias del veto y protege con más amplitud el recurso natural como es el agua". (¿?)
Por otra parte, anunció la presentación de un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Salud de la Nación realice un estudio exhaustivo del estado de salud de los pobladores de los departamentos Jáchal e Iglesia en donde, según varias denuncias, los habitantes están sufriendo daños severos en la salud como consecuencia de la explotación minera.
Fuente: Lanación.com
8 de julio del 2009
Suspicacias en torno del acuerdo con la minera Barrick

Aún en un ministerio tan silencioso como el que todavía conduce Carlos Fernández pueden surgir fuertes suspicacias como las que rodean al convenio tributario que el Gobierno firmó con Chile para otorgar más beneficios impositivos a la minera Barrick Gold en San Juan.
La primera y más obvia duda es por qué no se da a conocer el tratado, cuando se trata de un acuerdo binacional que hasta debería contar con el visto bueno de ambos congresos, según la interpretación de varios tributaristas.
La segunda es por qué un funcionario de tanta experiencia como el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, que ya cumplió funciones con el ministro Cavallo dos veces en Economía, desatendió la tajante opinión de sus técnicos, que en varias oportunidades le sugirieron no suscribirlo. Y ello generó que algunos de sus subordinados decidieran dar un paso al costado.
Otros hechos alimentan las dudas en torno de este caso:
· El Congreso votó en forma unánime una ley para proteger a los glaciares que generó quejas en San Juan porque presuntamente perjudicaba los planes de la Barrick para desarrollar el emprendimiento binacional de Pascua Lama; la presidenta vetó esa ley pese a que todo el bloque oficialista había votado en su favor y luego, cuando la oposición quiso insistir con el trámite, cambió rápidamente su voto. Por esta razón, un juez federal coteja en estos momentos los discursos de los legisladores en las dos votaciones para saber por qué modificaron tan sorpresivamente su opinión.
· Antes de renunciar, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti le aseguró al diputado nacional Miguel Bonasso en una reunión privada que el Gobierno había recibido presiones para vetar esa ley de protección ambiental. Algunas miradas apuntan al área de Minería.
· Hay dudas en torno de la relación de los Gioja con Barrick. El gobernador José Luis y su hermano César, senador nacional, pusieron mucho énfasis en defender esta iniciativa porque "beneficia a la provincia con empleos e inversiones". Sin embargo, otros empresarios, ligados al agro y la vitivinicultura, afirman: "Los beneficios provinciales para nosotros son menores que los que recibe la minería pese a que nosotros empleamos a unas 40.000 personas", una cifra nada despreciable.
· El senador Gioja ha sido acusado ante la Justicia federal por Bonasso por incompatibilidad de funciones porque preside la comisión de minería de la cámara alta, pero también una firma que es proveedora de materiales para las empresas mineras.
· Existe una sórdida disputa por las regalías que debería pagar esta minera en San Juan. Al parecer un director de minería opinó en un dictamen que la empresa debía pagar el doble que las que se debería pagar y logró el aval del tribunal de cuentas de la provincia para que así fuera. Hasta que el gobernador José Luis Gioja, un hombre con grandes cualidades para llevarse bien con el presidente de turno, desplazó a ese funcionario y le advirtió al tribunal administrativo que no opinara sobre las cosas que, según él, no le competen.

Por Martín Kanenguiser
Fuente: lanacion.com

8 de julio del 2009
Entorpecimiento del Derecho Público

La tipificación penal (Art. 194 del Código Penal Argentino) que se les imputa a 2 compañeras asambleístas es "Entorpecimiento de Servicios Públicos".

Si algo sucede en La Rioja en la más absoluta impunidad, es el entorpecimiento de ciertos “derechos públicos”, por parte de una democradura que se está cayendo a pedazos, y quienes entorpecen el normal desempeño de las leyes, son precisamente quienes debieran velar por su estricto cumplimiento.

El presunto delito que el Juez Ramos “ve” en Chilecito en nuestros pueblos, se parece demasiado a un ardid para tapar penosamente lo que se intenta ocultar: la persecución político-judicial a la legítima decisión soberana y popular de negar la Licencia Social a la mega minería.
Lo que ocurrió es que un grupo de funcionarios públicos que no cumplen precisamente un servicio a la comunidad sino todo lo contrario, desoyen la decisión contundente de esa misma comunidad en contra de la explotación mega minera a cielo abierto en su zona, agredió el 14 de Abril pasado -está filmado y presentado- a 2 asambleístas que forman parte de los riojanos que defienden desde hace tres años en Peña Negra, su propia fuente de agua, vida, tierra y destino.
Este Juez es un servidor público a sueldo, pagado por la misma comunidad que ya se ha expresado claramente en contra de estas actividades saqueadoras y contaminantes. Una comunidad que se ha organizado pacíficamente para decidir de pleno derecho (Art. 41 de la Constitución Nacional) qué destino desea para el futuro de sus hijos y nietos y que fue “escuchada” por conveniencia política en 2007 por gran parte del arco de poder que sancionó leyes de prohibición y consulta que luego barrió de un plumazo.
¿Qué tipificación penal verá este señor Ramos en gobernador y legisladores que mienten y traicionan?
¿A quiénes representan estos ”brindadores de servicios públicos”?
¿Los funcionarios de minería que agredieron a las 2 compañeras, no son servidores públicos a sueldo?
¿Los vehículos que los transportaban, los viáticos que cobraron y el combustible que usaron, no los pagamos nosotros?

Lo único “funcional” de estos “servicios públicos” orientados a criminalizar a la comunidad agredida, es brindarle herramientas perversas y serviles de asedio y persecución a quienes dan las órdenes, delegados traidores y empresas que no pasarían indemnes una mínima investigación seria sobre sus actos y patrimonios.

Lo que esta pasando es gravísimo, y recibe la repulsa generalizada de toda la sociedad y adhesiones solidarias nacionales de múltiples sectores sociales.

Los bienes comunes naturales son patrimonio del pueblo de La Rioja.

Las asambleas cuentan con el respaldo mayoritario de la sociedad riojana.

Los mandantes ya nos hemos expresado: No damos Licencia Social a la mega minería.

Otorgar o negar esta Licencia Social es un derecho público constitucional e internacional.

Quienes lo entorpecen, deberán hacerse cargo de sus actos.


Por Ramón Navarro (h)
7 de julio del 2009


La energía nuclear, con un siglo de retraso


Dado que el uranio se agotará incluso antes que el petróleo y el gas, la energía nuclear nunca podría sustituir a los combustibles fósiles. Así pues, la fisión no forma parte de la solución sino del problema: cada euro nuclear que se detrae de la inversión en renovables retrasa y dificulta su despliegue porque reduce las economías de escala necesarias para generalizarse, y perjudica al liderazgo mundial que España posee en esta tecnología de vanguardia.


Hay una greguería de Ramón Gómez de la Serna, un poco malévola y un mucho irónica, que apunta: “La medicina ofrece curar dentro de cien años a los que se están muriendo ahora mismo”. Pues bien, hoy el lobby nuclear ofrece solucionar dentro de cien años los problemas que le están matando ahora mismo. Según los pronucleares es sólo cuestión de décadas que a alguien se le ocurra cómo solucionar media docena de deficiencias estructurales y cruciales que arrastran medio siglo sin resolver: su incapacidad para progresar sin recibir astronómicos subsidios estatales; su incompetencia para almacenar de manera segura los devastadores residuos radioactivos; su inviabilidad a largo plazo ante la escasez mundial de uranio; su hábito de multiplicar los presupuestos iniciales y eternizar los plazos de construcción; su extrema vulnerabilidad ante atentados, accidentes e incidentes; y su bajísima demanda de mano de obra, que le impide crear empleo de manera mínimamente significativa. Ni el calentamiento global ni la crisis energética mundial pueden esperar un siglo.


¿Es que las centrales nucleares no son una fuente de energía limpia, alternativa, económica, segura, en auge y eficaz contra el cambio climático?

Por responder en pocas palabras: no, no, no, no, no y no


En primer lugar, la energía atómica es la más sucia que existe: por sus residuos, que permanecen radioactivos durante miles de años; por su elevadísimo nivel de consumo y contaminación de agua; por la polución ambiental de gran impacto que provoca la minería del uranio.

Segundo: no es una fuente de energía alternativa sino convencional, con todos sus defectos consustanciales: no renovable, no sostenible, dependiente de una materia prima escasa y ubicada en estados fallidos, tiránicos o volátiles, y sometida a tecnologías propietarias monopolizadas por unas pocas corporaciones multinacionales.

Tercero: la energía nuclear es la más cara, tan disparatadamente cara que exige que los ciudadanos subvencionen tanto la construcción de las plantas como su laborioso desmantelamiento, y que además sufraguen los infinitos costes de gestión de los residuos.

Cuarto: el riesgo de atentados o accidentes se suma a la propensión a fallos, errores, escapes y corrosiones que interrumpan el suministro, por no hablar del peligro obvio de que en muchos países la energía nuclear es el camino más corto hacia la proliferación del armamento nuclear.

Quinto: ¿auge, qué auge? En Occidente hace 30 años que no se abre un reactor nuclear nuevo, el total mundial de reactores lleva reduciéndose desde comienzos de la década y el cacareado boom chino sólo servirá para elevar la cuota nuclear del 2% a apenas el 4-5% de aquí a 2030. En década y media se habrá clausurado la mitad del avejentado parque nuclear mundial.

Y en sexto lugar: que la energía nuclear sea una alternativa eficaz contra el cambio climático es un camelo tan falso como la presunción de que crea mucho empleo o la leyenda urbana de que España importa electricidad nuclear de Francia (de hecho la nuclear crea menos de la mitad de empleo que las energías renovables y España no importa sino que exporta electricidad, aproximadamente el equivalente a tres garoñas anuales). Dado que el uranio se agotará incluso antes que el petróleo y el gas, la energía nuclear nunca podría sustituir a los combustibles fósiles. Así pues, la fisión no forma parte de la solución sino del problema: cada euro nuclear que se detrae de la inversión en renovables retrasa y dificulta su despliegue porque reduce las economías de escala necesarias para generalizarse, y perjudica al liderazgo mundial que España posee en esta tecnología de vanguardia: número uno mundial en solar térmoeléctrica, número dos en eólica y en fotovoltaica, número tres en minihidráulica y en bioetanol.

El físico y medioambientalista Amory Lovins publicó el año pasado el libro ‘La ilusión nuclear’ para refutar el presunto renacer nuclear que ciertos sectores proclaman sin base alguna. Completaba así Lovins un círculo iniciado ya en 1977 con su influyente ‘Soft Energy Paths: Towards a Durable Peace’, en el que introducía el revolucionario concepto, hoy injustamente olvidado, de “la vía energética blanda”, que de manera premonitoria relacionaba la paz con las energías renovables y la guerra con las no renovables. Su hallazgo fue que la vía energética dura (la del carbón, el petróleo, el gas y el uranio) tiene tres rasgos en común más allá de su efecto contaminante y su alta inversión en capital, cualificación y tecnología: que su suministro no puede ser flexible, que no es renovable y que requiere potencia militar y control geopolítico. Voilà!

Eso explica que fueran las grandes potencias postcoloniales (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética) las mayores entusiastas de los reactores atómicos. En cambio, la vía energética blanda (la de las fuentes renovables) admite suministro flexible, no es destructiva para el medio ambiente, opera con una modesta inversión en capital, tecnología accesible y trabajo no especializado, y sobre todo no depende ni de los militares ni de los diplomáticos. Hace más de 30 años quedó escrito que las implicaciones técnicas, económicas y sociopolíticas de la vía energética dura conducían al conflicto político, la inestabilidad internacional, la injusticia económica y la degradación ambiental. Pero hasta hoy no hemos reparado suficientemente en que las energías renovables no sólo nos dan soberanía energética y ventaja ante un negocio mundial de billones de euros, sino que promueven la paz.

Lo cual es coherente, en el fondo, con el motor que siempre ha impulsado el desarrollo de las centrales nucleares, que nunca ha sido económico sino militar: la voluntad de las grandes potencias, después de Hiroshima y Nagasaki, de ‘vender’ las virtudes civiles del átomo a sus reticentes opiniones públicas, a fin de arropar mejor su apuesta política por las armas nucleares. En Corea del Norte, en Pakistán o en Irán, para cualquier gobierno del mundo, de ayer o de mañana, una central nuclear contendrá siempre una semilla potencial de devastación.

Por Miguel Aguado.
Especialista en desarrollo sostenible, nuevas tecnologías y gestión del territorio. Es secretario de Medio Ambiente del PSM y secretario general del PSOE de Tres Cantos.
Noticias Web-Conciencia Solidaria
9 de julio del 2009

Una mancha más al tigre

Un nuevo escándalo empaña la dudosa política minera argentina. Hoy se supo, según publicó el diario La Nación, que el subsecretario de Ingresos Públicos, Cristian Modolo, encargado de verificar y diseñar la política tributaria oficial renunció a su cargo previo a negarse a aprobar un convenio que iba a dar a la compañía canadiense Barrick Gold beneficios impositivos, distintos a los de otras empresas del rubro.
El hecho también alienta las suspicacias que se generaron después de que la Presidenta, Cristina Kirchner, vetara la ley de protección de glaciares, fuente de agua fundamental. El mismo recurso que las mineras necesitan para su producción en las explotaciones a cielo abierto, el método más utilizado en el país y muy cuestionado.
Y los vecinos autoconvocados que están en contra de que se concreten estos emprendimientos encendieron la luz roja. Entre ellos está la organización No a la mina, que además alerta que no sólo hay que mirar a San Juan. En Esquel, en Chubut, está por vencer el plazo que prohibía la explotación de la minería en la Cordillera y el oficialismo chubutense, liderado por el gobernador Mario Das Neves, dejó sin quorum la sesión. Además invita a firmar un petitorio para que se vuelva a debatir una ley de protección de glaciares y otro, para impedir la instalación de nuevas minas con explotación a cielo abierto.
Tal como lo revela el periodista de La Nación Martín Kanenguiser, “sólo por las desgravaciones para el sector, según cálculos privados, Barrick no le pagará al fisco $409 millones anuales, a los cuales se sumarían “otros 150 millones al menos” por este nuevo convenio, cuyo contenido no fue dado a conocer”.
El principal proyecto que tiene la empresa, Pascua Lama, es único en el mundo ya que se explotará en dos países: Argentina y Chile. Barrick se comprometió a invertir US$540 millones en la iniciativa de Veladero, también en San Juan, y unos 3000 millones Pascual Lama en 25 años; en total, empleará a 8000 personas en ambos proyectos, según cifras de la empresa de origen canadiense. La firma prevé producir unas 800.000 onzas anuales en Pascua Lama (una onza vale cerca de US$ 950) y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años.
En la legislatura chubutense, en tanto, el peronismo se negó a debatir una moción del bloque UCR para prorrogar la suspensión de toda actividad minera en el oeste de la provincia por otros 36 meses, o sea hasta julio del 2012. Habrá que ver qué sucede después del 28 de julio, cuando se reanuden las sesiones. No vaya a ocurrir con Das Neves, que ya se lanzó como candidato a presidente para 2011, lo que le pasó José Luis Gioja, gobernador de San Juan, que después termine dependiendo de los ingresos de esa actividad contaminante.
En la oposición temen que Chubut siga ese camino, teniendo en cuenta que antes de que terminara el contrato vigente, Das Neves renovó a Pan American Energy el permiso para la explotación petrolera por 30 años.
Yo me pregunto: ¿de qué forma podemos defendernos cuando los políticos deciden sobre los recursos naturales?

Fuente: Lanacion.com
7 de julio del 2009
LEYES MINERAS
INCENTIVOS FISCALES A LA EXPLOTACION Y EXPLORACION MINERA

1. Doble deducción fiscal de Gastos de Explotación (ley Nº 24.196): pueden deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto del cálculo del Impuesto a las Ganancias.
2. Devolución del 100% del IVA a la Explotación (Ley Nº 25.492): Por la compra de los vehículos, maquinarias que importen y por los elementos o servicios que compren o contraten.
3. Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley 24.196): Estabilidad fiscal por 30 años, mantenida a pesar de la ley de emergencia económica.
4. Amortización Acelerada (Ley 24.196): Maquinaria, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 años. Puede trasladar indefinidamente el quebranto de una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal.
5. Exenciones de Áraseles y Tasas Aduaneras (Ley de Inversiones Mineras-Resolución 112/2000) No pagan derechos de importación, o tasas estadísticas por la importación de bienes de capital, equipos o insumos.
6. Exención del Impuesto a las Ganancias en las utilidades obtenidas por la capitalización de sociedades. (Ley de Inv. Mineras)
7. REGALIAS. (Ley de Inv. Mineras- Ley 25.161- Articulo 22 bis) El tope fijado en el país es del 3%, al cual se le descuenta el costo del proceso productivo, lo cual representa un neto de 0,5 % del mineral que ellos dicen que contiene el concentrado de minerales, en este caso el oro, el resto del mineral, plata, cobre, plomo, uranio, molibdeno. Etc. NO TRIBUTA. En otros países se cobra entre el 14% al 40% de todos los minerales.
8. Exención del 100% del Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta. (Ley de Inv. Mineras). El resto de las actividades productivas y comerciales argentinas pagan ganancias por adelantado.
9. Capitalización hasta un 50% de los evaluó de Reservas Mineras (Ley de Inv. Mineras) Con el fin de obtener financiación externa.
10. Devolución Anticipada y Financiamiento del IVA (Ley 24.402)
11. Exención de Contribución sobre la Propiedad Minera (Ley de Inv. Mineras): Productos, establecimientos, maquinarias, vehículos, etc. incluye todo impuesto o gravamen presente y futuro, nacional, provincial o municipal.
12. Exención de Gravámenes Provinciales y Municipales: Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228) Incluyen tasas municipales, Impuesto a los Sellos, Ingresos Brutos, entre otros.
13. Reembolso a las exportaciones por puerto Patagónicos. ( Ley 23.018 y su modificatorias Ley 24.490) Puerto Comodoro Rivadavia reintegra el 5% (aumenta cuanto más austral es la ubicación del puerto).
14. Exención del Impuesto al Cheque (decreto 613/2001) el resto de la actividad la tasa es del 6 por mil.
15. Exención del impuesto a las retenciones por exhortación Otras actividades pagan del 10% al 20% (Es un recurso no renovable).
16. Deducción del 100% de los Impuestos a los Combustibles Líquidos. Constituyéndose en la única actividad que goza de este beneficio.
17. Exención a las trasferencias al exterior de Capital y Ganancias, sin pagar cargas o impuesto sobre dicha trasferencias.
18. No debe liquidar divisas: Están autorizados a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones.
19. Subsidio de la línea minera: 100% subsidiada por los Argentinos 70% usuarios nacionales 30% usuarios provinciales
20. El 100% de la inversión Minera es financiada por el Bco. Mundial y garantizada por el Gobierno Argentino. Destaquemos que estas empresas siempre quiebran y pagan las Garantías.
21. NO ESTAN OBLIGADAS A DEPOSITAR UNA CAUCION REAL PARA HACER FRENTE A UN DESASTRE ECOLOGICO. A diferencia de otros países ( por ejemplo en algunos países deben depositar el doble del valor del mineral que van a extraer)
22. Deducción por gastos de conservación de medio Ambiente (Ley de Inv. Mineras) Se les permite deducir de gastos la remediación del daño que ellos mismos provocaron.
PASCUA - LAMA: Pascua: lado Chileno 90%
Lama: lado Argentino 10%
MINERALES: Oro, Cobre (declarado)
Depósitos de residuos tóxicos: 100% lado Argentino
8 de julio del 2009
“El endosulfán que alegremente derraman sobre la soja está alimentando a sus hijos y nietos a través de las tetas de sus mujeres”.

Una investigación del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de Buenos Aires, presentada en el 33° Congreso Argentino de Pediatría (2003) detectó que el 90,5% de las madres que alimentaban a sus bebés a pecho tenían plaguicidas organoclorados, como DDT, Mirex y endosulfán. “Es muy duro, pero es necesario decir a los productores sojeros que el endosulfán que alegremente derraman sobre la soja está alimentando a sus hijos y nietos a través de las tetas de sus mujeres”.

En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la aplicación y la comercialización del glifosato. Los abogados utilizaron como argumento un informe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet, que confirmó que el herbicida no es inocuo y que produce malformaciones celulares. Exigieron que “como medida cautelar innovativa se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del endosulfan” y pidieron que el Ministerio de Salud de la Nación investigue “los daños causados por el glifosato”. Y demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. A Monsanto, principal proveedor de herbicidas en base a glifosato, se la citó como “tercera interesada”: monopoliza la venta del químico.
Unos días antes, el 27 de marzo, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, había dicho que no hay “estudios serios” que demuestren que el glifosato afecte la salud humana. “El modelo que asocia soja y glifosato levantó al país”, señaló entonces. Y deslizó la posibilidad de reducir la distancia mínima exigida por la Ley de Fitosanitarios entre áreas fumigadas y población, que es de medio kilómetro para las fumigaciones terrestres y de tres kilómetros para las aéreas. Para el funcionario, ese margen podría reducirse a 150 metros para las terrestres y a 300 para las aéreas.
De inmediato, las organizaciones ambientalistas salieron a cruzar a Mackler. El Cepronat pidió la renuncia “urgente e indeclinable” del funcionario. “Santa Fe ha sufrido un severo impacto ambiental, sanitario, económico y poblacional como consecuencia del cambio del modelo productivo que se iniciara a mediados de los 90. A las conocidas evidencias de la desaparición de los cinturones hortícolas de Santa Fe y Rosario, de la disminución del número de tambos en la cuenca lechera y al incremento de producción de carne vacuna de menor calidad en feedlots, debemos añadirle las fumigaciones que sufren las comunidades de todo el territorio provincial”, señalaron desde la ONG.
Mackler descartó la posibilidad de encarar estudios epidemiológicos masivos, basándose en que no hay evidencia que demuestre la toxicidad crónica de los químicos usados en territorio santafesino. “Basta, señor secretario: no mienta más”, fue la respuesta de Cepronat. “Usted se comprometió a trabajar el tema y, evidentemente, lo ha hecho, pero en sentido contrario al sentir de las comunidades y de las organizaciones socioambientales. Por lo visto, usted no accede a la información pública que pone a nuestra provincia entre las primeras en pobreza e indigencia, por encima de la media nacional. Por lo tanto, este modelo que supuestamente levantó al país sólo sirvió para llenar los bolsillos de unos pocos mientras que otros muchos santafesinos lo financian con enfermedades o con sus vidas”.
La ONG también criticó la negativa de Mackler a realizar los estudios epidemiológicos, argumentado que hay sobrados casos de la toxicidad del glifosato que justificarían esa tarea: en Las Petacas, San Eduardo, Desvío Arijón, Monte Vera, Ángel Gallardo, Chabás, Gálvez, San Guillermo, Avellaneda, Videla, Malabrigo, Sauce Viejo, Arocena, Rufino, Pueblo Esther y General Lagos, entre otras localidades.

“¿Cuántos niños deformados deben nacer para poder entrar en las estadísticas? ¿Cuántos casos de esterilidad masculina deben suceder? ¿Cuántos abortos prematuros son necesarios? ¿Cuántos ingresos a hospitales públicos por enfermedades respiratorias luego de una fumigación deben ser registrados para constatar que se trata de una verdadera epidemia?”, le preguntaron al responsable de la Secretaría de Medio Ambiente en un comunicado a los medios.”

La distancia entre poblados y campos fumigados fue el eje de ese debate; Mackler había dicho: “La ley no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley”. Cuando le preguntaron qué podía hacer un vecino cuyo hogar estuviera dentro del radio de fumigación, el funcionario respondió: “Lo primero es la denuncia en su localidad, que nos deriva el problema. Entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Si no, lo que le queda a cualquier ciudadano es acudir a la justicia”.
La declaración que enardeció a los ecologistas fue la siguiente: “No hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas”. No sólo los ambientalistas le respondieron: el ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappiello, desautorizó la sugerencia de Mackler de reducir las zonas de exclusión. “Los agroquímicos afectan a la salud de la gente con lo cual más que reducir las distancias para las fumigaciones hay que ampliarlas”, dijo Cappiello. “Hoy se fumiga usando aviones y sobre el ejido urbano de algunas localidades. Y donde los aviones no tienen GPS, se usan banderilleros humanos que indican los caminos. Toda esta situación tiene alguna acción sobre la salud”.
Cáncer.
Pocos días después de esta polémica se conoció el trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet, que disparó la presentación de los abogados ambientalistas. Ese estudio comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La investigación –la más seria conocida hasta ahora en el país– se extendió durante 15 meses, plazo en el que se analizó el efecto del glifosato en embriones anfibios.
Andrés Carrasco, profesor de Embriología e investigador principal del Conicet, fue claro: “Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, y los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”. En humanos, los síntomas de envenenamiento con glifosato incluyen irritaciones en piel y ojos, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daños renales.
A ese popurrí cabe agregar otro dato: un estudio publicado en el Journal of American Cáncer Society por oncólogos suecos reveló una clara relación entre el glifosato y el linfoma de Hodgkin (LNH), una forma de cáncer. Además, los abogados que presentaron el amparo ante la Corte Suprema citaron una investigación realizada por el Ministerio de Salud de Nación en Bigand, una localidad de 5.000 habitantes ubicada en el sur santafesino, cuyo objetivo fue determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas. En las conclusiones se lee: “Más de la mitad de los encuestados y el 100% de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90% señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. En el trabajo aparecen mencionados más de 40 agroquímicos; predomina el glifosato.
También se incorporó en la presentación un estudio del Dr. Alejandro Oliva, a cargo del Programa de Medio Ambiente y Salud Reproductiva que depende del Instituto Universitario Italiano de Rosario, sobre pacientes que consultaron por esterilidad en Rosario, Santa Fe y Villa Libertador General San Martín (Entre Ríos). Ahí se demuestra que los agroquímicos están produciendo alteraciones en la calidad del semen de los productores expuestos a esas sustancias. Una investigación del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de Buenos Aires, presentada en el 33° Congreso Argentino de Pediatría (2003) detectó que el 90,5% de las madres que alimentaban a sus bebés a pecho tenían plaguicidas organoclorados, como DDT, Mirex y endosulfán. “Es muy duro, pero es necesario decir a los productores sojeros que el endosulfán que alegremente derraman sobre la soja está alimentando a sus hijos y nietos a través de las tetas de sus mujeres”.

Por Omar Enrique de Prada. Fuente: lanacion.com
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