noty Web 23 enero 09

LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES
Un proyecto no apto para tibios.
Para quienes colaboramos en la salvaguarda de la vida planetaria bajo cualquiera de sus formas o aspectos, la existencia y accionar de lo que podríamos llamar mafias corporativas "legales"es un flagelo que, lejos de decrecer, se percibe en pleno auge y expansión. Aunque en el aparente marco de la legalidad, estas corporaciones son, en la práctica, y a la hora de evaluar su impacto en la humanidad y el planeta todo, objetivamente, mafias.
Las del oro y minerales metalíferos; las del agua; las mafias que operan con el tráfico de armas, financiando guerras por motivos ficticios y para el mero arrebatamiento de materias primas al tercer mundo, con su correspondiente contraparte en el narcotráfico. Podríamos ampliar la enumeración de estos núcleos operativos en una gama extensa de rubros. Mafias que se exterminarán, o al menos combatirán a partir de cierto momento, entre sí. El planeta es solo uno y ellas buscan su usufructo y explotación perversa superponiendo territorios y, obviamente, intereses.
Existe una frase hecha que, por altamente transitada, no pierde su vigencia a la hora de encontrar los motivos de tanta permisión.
"Estas mafias solo pueden operar si una mafia, la de mayor elasticidad y adaptación, lo permite. La mafia política."
¿Qué mafia puede operar de modo efectivo sin las garantías políticas correspondientes? La mafia política vende sus servicios al unísono, y a las otras mafias, incluso generando con ello un efecto contradictorio. Efecto, como no podría ser de otro modo, que la mafia que pueda ofrecer más podrá neutralizar con una nueva compra de favores; cohecho y prevaricato mediantes.
Así la entrega del territorio nacional a las transnacionales mineras, que necesitan en estos momentos de toda el agua potable que puedan recabar para sostener sus sistemas de lixiviación altamente contaminantes, se contrapone a las inmensas y ridículas facilidades con que los capitales extranjeros se hacen de los mejores depósitos de agua potable a los fines de preparar sus lanzamientos como abastecedores de agua de mesa. Europa, y gran parte de los Estados Unidos, están acusando, fuera de toda duda, su cada vez más difícil posibilidad de disponer de agua bajo su aspecto alimenticio y vital. Sus ríos están contaminados, o, como ya ocurre en Jachal, San Juan, son solo un recuerdo que agoniza dentro de un cauce fangoso. El valor del agua de mesa proveniente de Sudamérica, en Europa, no está muy por debajo de los precios de una botella de vino en los restaurantes. De este modo, la batalla entre quienes necesitan del agua para contaminarla mediante su empleo en la megaminería aniquilante, y aquellos otros que solo buscan preservarla para hacer sus fáciles negocios en un primer mundo cada vez más sediento, esta en ciernes. ¿Cuál de estas dos mafias, al menos en las preliminares, parecería tener mejores posibilidades sobre la referida materia prima? En la actualidad, la balanza se inclina hacia los exterminadores megamineros. La mafia política, tan variable como una veleta, parece negociar más fuerte con esta facción; aunque, como no podía ser de otro modo, sin quedar impedida de obtener un margen extra haciendo la vista gorda ante las adquisiciones extranjeras de acuíferos o ámbitos periglaciares. La facción corrupta de la cúpula política sabe muy bien que transitamos un momento histórico donde la preciosa agua, antes de pasar a ser un bien aún más escaso, podrá repartirse entre quienes estén dispuestos a pagar bien por ella. Desde su óptica, el momento donde deberá entregarse solo a una de las más poderosas mafias, se encuentra en el marco del mediano plazo.
Ante instancia y riesgo como los señalados, y de modo altamente sospechoso y desconcertante, el gobierno nacional veta la "Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglaciar". De haber sido aceptada y aprobada, como ha de esperarse de un mandatario que busca proteger los recursos de la nación que gobierna, la referida ley nos hubiera abierto el acceso a un cierto tipo de garantías. Tal vez, en estos momentos, podríamos señalarlas simplemente como básicas garantías constitucionales. El tipo de garantías que indudablemente el ciudadano argentino padece como un gran ausentismo. ¿Estaríamos hablando de sobrelegislar si gozáramos de una ley de protección de glaciares? No somos juristas ni abogados. Solo el sentido común nos indica que si se cumpliera la Constitución Argentina podríamos soslayar la necesidad de este tipo de legislación. "Todo habitante tiene derecho al agua pura y un medio ambiente sano". Con esto basta. ¿Quién necesita más? Lamentablemente la respuesta es TODOS. Así, para quienes ven como innecesario legislar irrestrictamente sobre los glaciares, hacemos un llamado a la cordura y el mencionado sentido común. De no moverlos espontáneamente el amor a la vida en general, que al menos utilicen su mente especulativa para comprender que sin agua no puede emerger ni prosperar vida ninguna. Ellos también perecerán en la yerma condición de un planeta agotado y contaminado.
Ante la pregunta mal intencionada de un legislador cordobés pro-megaminero, el inteligente y honesto Fiscal Federal Gustavo Gómez, ejecutor del procesamiento histórico por contaminación de Julián Rooney, ejecutivo de la mina a cielo abierto Bajo La Lumbrera, en Catamarca, ofreció una contundente respuesta. De ser necesario, que se sobrelegisle. En tiempos donde los funcionarios anteponen sus desviados intereses al bien común de la ciudadanía y la nación, solo puede fortalecer el marco de garantías una legislación que no deje márgenes inmensos de interpretación a los corruptos. Esos tiempos son estos tiempos actuales. La Ley de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares es de urgente necesidad. Con autoridades que han relegado al cajoneo la Constitución íntegra esto es imperante. De todos modos, insistimos, y para aquellos que no ven la necesidad o justificativo de una ley de ese tenor, que no existiría sobrelegislación ninguna, sino una primera y necesitada ley que enmarque adecuadamente las necesidades de los ciudadanos en tal sentido.
Hemos visto, ante acciones sobrellevadas por la ONG frente al Congreso de la Nación, a varios de los asesores de la Cámara de Diputados, ante la traición de sus jefes a la hora de luchar contra el veto presidencial del proyecto que ellos habían aprobado, se acercaron a manifestar su adhesión alegando que "todo tiene un límite".
Y el límite, para la presidenta Fernández de Kirchner, es muy puntual. De aprobar la Ley que protegería los intereses de la ciudadanía y nación, mediante la preservación del agua y medioambiente en cordillera y precordillera, pasaría a ofrecer restricciones a las multinacionales megamineras para sus saqueos, con iguales resultados que si permitiese la modificación del código de minería que actualmente rige en beneficio exclusivo de esas corporaciones transnacionales. En definitiva, si la Ley de Protección Glaciar se hubiera aprobado, el segundo problema para la filosofía del saqueo que actualmente impera en la administración central hubiera sido armonizar la nueva ley con el manipulado Código de Minería que aún arrastramos como herencia de la década de los noventa. En ese contexto, más que el plato fuerte de la ley, el glaciar en sí mismo, lo que produciría un fuerte escollo a los saqueadores, y a la mafia política vende patria que debe allanar todo en su beneficio, el protagonismo estratégico se centraría sobre las áreas periglaciares. Son estas bastas áreas las que más restringirían con su demarcación la actividad megaminera, e incluso la explotación indiscriminada de agua de mesa con destino al primer mundo, según se ajustasen o interpretasen en cada caso ciertos aspectos de la ley.
De este modo, acceder por parte de la gerencia de Nación ante una ley de esta naturaleza, le hubiera restado un inmenso caudal de fuerzas a la hora de pulsear por la no modificación del Código de Minería. ¿Cómo argumentaría rechazar la modificación de ese código si claramente atenta contra el espíritu y letra de la ley de protección glaciar? Sumándose a esto la ya referida violación de la constitución por parte de ese código; principal herramienta de la Ley de Inversiones Mineras -Ley 24.196- a favor del saqueo y despojo de nuestras materias primas.
Otro de los inconvenientes que la ley de protección glaciar generaría a los intereses oscuros, se reflejaría en el sostén de algunas exigencias de corte internacional; hablando en términos netamente explotatorios. Lo que a nivel de minería se conoce como el Tratado de Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno. Es decir, la entrega de la región cordillerana a las multinacionales sin ningún tipo de control o restricción. Este tratado ofrece todo el marco para eliminar los obstáculos a la explotación indiscriminada de los yacimientos minerales. Siendo que lo que la ley de protección de glaciares especifica como áreas periglaciares, al menos del lado argentino de la cordillera, no sería otra cosa que una gran parte de los que el tratado busca dejar franqueado y en estado de indefensión a favor de las megamineras.
Buscar demonizar la ley de protección argumentando que las áreas en cuestión quedarían invalidadas para todo tipo de actividades es una falta de objetividad o miopía intencionada. Textualmente la ley impulsa respecto a las actividades, en términos de prohibición, a aquellas "que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance"
Existe una basta gama de actividades que, por el contrario, encontraría en la ley de protección una promesa de continuidad implícita y sustentable.
Un glaciar no es solo un trozo gigantesco de hielo, tal como algunos pretenden minimizar. Es un núcleo de agua en estado sólido con una profunda relación con la vida del planeta. Su conformación no depende del azar. Nada en la vida planetaria depende de ello. La inteligencia que mantiene en equilibrio todo lo que existe determina el ámbito donde se formará así como sus evoluciones. La mayoría de los glaciares están en retroceso. Esto es alarmante. La razón debe buscarse en la alteración del clima generada por el comportamiento humano. Protegerlos es protegernos. Toda actividad que en sus cercanías deba desenvolverse debe contar con verdaderos controles. Jamás un interés de tipo egoísta y personal debe superponerse a lo que forma parte del conjunto todo de la humanidad y el planeta.
El 70 % del agua potable que consumimos en nuestro país guarda relación con los depósitos naturales cordilleranos. Los glaciares. Este porcentaje varía según el país sudamericano al que hiciéramos referencia. Pero siempre es de una altísima incidencia para los pueblos de Latinoamérica el afluente glaciar como sostén de sus vidas y patrones sociales, ambientales, económicos, y culturales.
La negativa política de afirmar la protección de los glaciares mediante una legislación adecuada no es un hecho aislado. Forma parte del tratado que firmaron los presidentes sudamericanos en Brasil y que se conoce como IIRSA. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Tratado por el cual, cualquier legislación vigente que impida las actividades de apropiación de materias primas debe derogarse o vetarse. Una ley de protección de glaciares y áreas periglaciares se contrapone al espíritu de saqueo que alienta el IIRSA. Ya que impediría la megaminería, así como el acopio indiscriminado de agua para el primer mundo; como también cualquier otra actividad que alterara la biota en su contraparte glaciar o periglaciar.
Es hora de confirmar que se ha terminado el nefasto período donde los ciudadanos no teníamos la capacidad de leer la letra chica de lo que a nuestras espaldas se maquinaba. Exijamos a quienes tienen asumido el compromiso de representarnos que cumplan con su trabajo honrosamente. Sino, de algún modo, deberemos hacernos cargo de una de las más deleznables actitudes del cobarde. La complicidad.
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial
15 de enero del 2009
"¡Mío, mío, mío!": Gioja exhibió su 1er. lingote de oro producto del veto de Cristina a la Ley de Glaciares
Impactó la fotografía de un alborozado gobernador sanjuanino José Luis Gioja, con el primer ladrillo de oro producido por la minera Barrick en la provincia cuyana: es el resultado del veto a la Ley de Glaciares que realizó Cristina de Kirchner y que alejó del kirchnerismo a parte de la transversalidad por el impacto ambiental que supone la medida.
La compañía minera canadiense Yamana Gold realizó el martes 13/01, su "primera colada" de oro en San Juan, evento que contó con la entusiasta presencia del gobernador José Luis Gioja. El suceso se produjo en la mina Gualcamayo, Departamento Jáchal, cuya producción se estima en 250.000 onzas mensuales durante, al menos, una década.
La producción minera a cielo abierto, con el cianuro como ingrediente imprescindible del proceso industrial, es altamente contaminante y se teme que, pese a las promesas oficiales, todo termine en un formidable negocio para pocos y graves problemas ambientales, para muchos, en el futuro.
El primer lingote pesó 12, 850 kgs y con el valor del oro actual tendría un valor de US$430.000. Yamana Gold, junto a Barrick Gold, también canadiense, es el eje de una profunda división en la población sanjuanina, entre el sector encabezado por los hermanos José Luis y Juan Carlos Gioja, gobernador y diputado nacional (dueño de una empresa minera en esa provincia), y los ciudadanos preocupados por la situación del medio ambiente, que ven un horizonte de contaminación en ciernes y denuncian que la mano de las empresas canadienses es "la verdadera razón" del veto presidencial a la Ley de Glaciares.
Cuando se trató esta norma que la Presidenta vetó, contrariando su historia de defensa de los recursos naturales de la Patagonia, el diputado que todavía era kirchnerista Miguel Bonasso, trabajó para impulsar un rechazo al veto presidencial.
Si bien estuvo lejos de conseguir los 3/4 necesarios, fue la 1ra. votación que el oficialismo perdió en Diputados. El kirchnerismo sólo consiguió sumar 90 votos mientras que la oposición logró 107 a favor.

La ley vetada por la presidenta Cristina de Kirchner, había sido por la aprobada por unanimidad el 22 de octubre de 2008 por el Senado de la Nación con 47 legisladores presentes. La norma creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas peri glaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance:
a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente peri glacial saturado en hielo y
d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Varios de los proyectos de Yamana y Barrick atraviesan zonas de glaciares y de allí las acusaciones de connivencia hacia los funcionarios provinciales y hacia la presidente Cristina de Kirchner, que no dudó en vetar una ley que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento.
En San Juan es vox populi que detrás del veto a la legislación sobre glaciares está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de US$ 3.000 millones.
Las mineras canadiense tienen planes, con sus emprendimientos en San Juan y La Rioja, para llevarse miles de millones de dólares, con regalías mínimas y todos los recursos naturales a su disposición.
En el caso de Yamana y Gualcamayo, basta señalar que la minera tritura decenas de miles de toneladas de minerales por día y utiliza 110 litros de agua (que la provincia no le cobra) por segundo, desecha cianuro en su proceso industrial y consume, con tarifas mínimas, una cantidad de combustible y electricidad similar al de una ciudad de 250 mil habitantes.
Fuente: www.urgente24.com
22 de enero del 2009
Crece el sector minero en Argentina, crece la
CONTAMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
"El sector minero crece con intensidad desde 2004, cuando fue presentado el Plan Minero Nacional, como así también la contaminación y destrucción del medio ambiente."
En estas primeras semanas de 2009 la Secretaría de Minería anunció que la explotación minera obtendrá 20% más de oro que el año pasado, elevando el record histórico a 257 mil onzas más de ese metal con un valor de exportación cercano a los 4.600 millones de pesos.

En San Juan, la compañía minera Barrick Gold anunció una inversión de 238 millones de pesos en la ampliación de su planta productiva de Veladero, el proyecto aurífero que opera en el departamento de Iglesia. Los fondos serán destinados a la ampliación de la capacidad de trituración de minerales concentrados para pasar de 50 mil a 85 mil toneladas por día.
Este emprendimiento comenzó su construcción en 2003 e inició la producción en 2005. El 90% de la obra se iba a emplazar en Chile, pero fue rechazada en ese país tras la denuncia de Marcos Barragán, ex técnico ambiental de Barrick. Barragán, luego de realizar un estudio, alertó a la empresa que los resultados del muestreo de agua, procedimiento de perforación, tratamiento de residuos y limpieza de los terrenos, transgredían las normas de impacto ambiental.
Dado el rechazo chileno, la totalidad de los desechos de la explotación quedarán en nuestro país.

En San Juan, existen 180 proyectos mineros y el 90 % se encuentra en zonas de glaciares.

Por otro lado, miles de peces murieron durante las últimas semanas en el embalse de Río Hondo por el grave estado de contaminación de los ríos tucumanos. Así lo demostraron análisis de muestras realizados por la Secretaría Técnica de Saneamiento Ambiental de Santiago del Estero, que corroboran la presencia de plomo, cromo, manganeso y un altísimo nivel de arsénico. Dado que la actividad azucarera se encuentra en etapa de receso, el origen de la contaminación se atribuye a la actividad de la minera Alumbrera Limited. Tanto por los desechos que arrojan desde la planta de secado de Ranchillos al canal, por roturas del mineraloducto, como por las filtraciones que se producen en el dique de colas que afectan la cuenca del río Vis Vis en el departamento Andalgalá y las napas freáticas de toda la región hasta llegar a los ríos afluentes del Salí.

El año pasado, la empresa concentró más del 50 % de las exportaciones mineras nacionales. El yacimiento se encuentra entre los diez mayores emprendimientos de cobre en el mundo y está entre los quince de oro. Según números de la empresa, el paraíso aurífero le permite producir 650 mil toneladas de concentrados que contienen 180 mil toneladas de cobre y 18,6 toneladas de oro, las que le dejan en limpio 680 millones de dólares anuales.
En 2007, la industria minera argentina exportó 3.409 millones de dólares al primer mundo. Con 600 mil metros de perforaciones, el país tiene seis yacimientos en actividad productiva y 336 proyectos en camino. El sector pasó de exportar 700 millones de dólares en 2003, a 3 mil millones en 2007.
Analía Rodriguez. Fuente: www.noalamina.org
Noticias Web-Conciencia Solidaria
21 de enero del 2009
Paro indígena en Ecuador para rechazar ley minera a punto de ser aprobada
Durante las primeras horas de manifestaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solo se reportaron bloqueos de vías en el norte del país.
La agrupación se opone radicalmente a la explotación minera a gran escala, aduciendo la destrucción del ambiente, la contaminación del agua. Afirma, además, que la riqueza generada se la llevan empresas extranjeras sin beneficio alguno para los pueblos de las zonas de explotación ni para el resto de los ecuatorianos.
El dirigente de la Conaie Gilberto Guamangate dijo que van ''a rechazar esta ley que no está acorde con los principios que se establecen en la misma constitución."
El presidente Rafael Correa aseguró el lunes que ''fundamentalismos e infantilismos'' de ciertos grupos indígenas y ambientalistas quieren ''condenarnos a ser mendigos sentados en un saco de riqueza''.
Añadió que tras una pequeña modificación del cuerpo legal, solicitada al poder legislativo, firmará la nueva ley minera, que permite y regula la explotación minera a gran escala de minerales como cobre y oro, esos últimos con grandes reservas en el sur del país.
La nueva ley minera es apoyada por el gobierno de Correa y contó con la aprobación de la mayoría del partido de gobierno, Alianza País, en la Asamblea Nacional (Congreso).
Correa vetó parcialmente esa ley el lunes, por lo cual retornó a la Asamblea, en donde tras la corrección solicitada será enviada de nuevo al ejecutivo, que anunció su intención de promulgarla de inmediato.
Fuente: www.eltiempo.com