noty web 11 de enero

Mendoza
Manifestantes contra la minería en el tramo de enlace del Dakar
Los vecinos autoconvocados de Valle del Uco aprovechan el evento deportivo de la década y la visita de extranjeros para entregar folletos contra la minería contaminante en la zona, pero a media mañana los desalojó Gendarmería.

"Queremos que la gente del mundo se entere de que no queremos negociar nuestra agua", dijo Sergio Osorio, uno de los vecinos que se manifestaron en el puente del Río Tunuyán.

"Vamos a seguir firmes y fieles a esto", dijo Yagua Rodríguez, uno de los cientos de vecinos autoconvocados esta mañana. Los vecinos desalojados marcharon hacia el centro de Tunuyán.

"Estamos haciendo una protesta pacífica con la que queremos que se sepa que Tunuyán, San Carlos y Tupungato y la provincia de Mendoza le decimos que no a la mega minería porque consideramos que agota uno de los recursos más importante de la vida, que es el agua", explicó Osorio.

Los vecinos no interrumpían el rally pero sí entregaban información, luego de lo cual fueron desalojados.

"Si nos quitan ese elemento vital no hay humano que pueda vivir. No podemos dejar pasar esta oportunidad en la que hay prensa nacional e internacional", dijo Osorio.
Fuente: www.unomendoza.com.ar
12 de enero del 2009
Dakar, un rally que levanta mucha polvareda
Luego de la jornada de descanso, los pilotos largan con la octava etapa. Sin embargo, siguen las denuncias por daños ambientales y aprietes a comunidades aborígenes y pequeños productores para que dejen pasar a los competidores por sus tierras.
Hay un Rally que nadie ve, que la gente no sigue al costado de los caminos y que levanta polvareda como los camiones Kamaz o las Volkswagen Touareg 4 x 4. Esta prueba decidieron correrla organizaciones ambientalistas, comunidades aborígenes, pequeños productores y científicos inquietos. Saben que están en inferioridad numérica y que la moda Dakar avanza por el país con todos sus caballos de fuerza. Pero tampoco están dispuestos a callarse la boca y denuncian (sin mucho eco ante las autoridades) cómo la competencia alteró la naturaleza y afectó sus rutinas. De Córdoba a Río Negro y de Mendoza a Chubut, sus voces revelan aprietes a quienes no cedieron sus campos para la carrera, frases discriminatorias que habría pronunciado un intendente contra mapuches que protestan, el curioso papel de un italiano en la Patagonia que dijo ser de Greenpeace e intentó convencerlos de que debían dejar pasar a los pilotos por sus tierras y la depredación de áreas protegidas donde se pone en peligro a la flora y la fauna.
Cayo Valenzuela es integrante del Consejo Asesor Indígena y vive en Ingeniero Jacobacci, donde los detractores del Rally consiguieron que los organizadores de la prueba cambiaran el recorrido. Valenzuela contó que “un italiano, Tiziano Siviero, el vicepresidente de OTTA (Organización Todo Terreno Argentina), se reunió con nosotros para ver si firmábamos una autorización para que la prueba pasara por nuestro espacio territorial. Lo llamativo fue que nos dijo que estaba también en Greenpeace. Se había enterado de lo que pasaba por un documento que sacó un grupo de productores y vino a vernos. Nadie cedió y el Rally, al menos en Río Negro, se corrió casi todo por rutas provinciales o caminos, pero no a campo traviesa”.
Lino Pizzolón, un especialista en limnología (el estudio de los ecosistemas acuáticos) que trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia, denunció que “hubo seis meses de presiones a los estancieros y pobladores rurales para que dejaran abiertas las tranqueras de sus campos. Unos se dejaron convencer, otros no. Los primeros hoy lo lamentan pero ya es tarde”.
En Mendoza, Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua, describió que “la Secretaría de Turismo de la Nación mintió o estaba mal informada cuando afirmó hace unos quince o veinte días que todas las provincias ya habían dado la autorización ambiental para el Rally. La de Mendoza salió recién la semana pasada y aún no está publicada la resolución en el boletín oficial”.
Los testimonios de este tipo se extienden por todas las provincias que recorre el Dakar. Pero desde Jacobacci, donde los mapuches les torcieron el brazo al intendente radical Carlos Toro y a los organizadores, Valenzuela hace una denuncia más delicada: “El intendente está ofendidísimo. Dijo que la íbamos a pagar porque una etapa terminó en Maquinchao y no en Jacobacci, como él pretendía. Además habló en medios locales de que unos ‘fantasmas negros’ habían entorpecido el Rally. Quisiéramos saber qué quiso decir con eso”.
En la meseta patagónica, los productores ganaderos de cabras y ovejas recibieron presiones para que firmaran una autorización de paso por sus tierras. A dos empleados de la provincia de Río Negro encomendados a esa tarea, los dirigentes mapuches dicen tenerlos identificados. El pedido consistía en que se les permitiera el paso a los bólidos del Rally por caminos ya trazados “que el Estado nunca arregla”, según Valenzuela.
Otro integrante del Consejo Asesor Indígena, Hermenegildo Chacho Liempe, fue más allá en el planteo de defensa de los suelos: “Para el Dakar es como si no existiéramos. Cuando vinieron dijeron que esto era un desierto, pero no lo fue nunca, ni lo es ahora. No pueden venir a estas tierras vulnerando nuestros derechos. Ni el Estado ni las empresas pueden ejercer esa violencia”.
Plata fresca
Las provincias de Mendoza y La Pampa subsidiaron con un millón de pesos cada una a los organizadores del Rally. El gobernador cuyano, Celso Alejandro Jaque, lo hizo mediante el decreto 3419/08 que en su artículo 1º sostiene: “Otórguese a la Organización Dakar SA un subsidio con cargo a rendir cuentas por la suma de pesos un millón ($ 1.000.000) destinado a solventar parte de los gastos que ocasionará la realización de la competencia ‘Rally Dakar 2009’ en el mes de enero del año 2009 en la provincia de Mendoza”. En su artículo 2º se establece que la rendición del subsidio deberá efectivizarse en un plazo no mayor a los 30 días de abonado y que el “responsable de recibir los fondos y rendir cuentas es el Sr. Etienne François Dominique Lavigne”, el francés que es director de la prueba.
En la edición del 6 de enero de El diario de La Pampa, el gobernador Oscar Mario Jorge justificó el subsidio que entregó la provincia para que el Dakar pasara por ella: “Todo lo que sea por el bien de la gente está bien dirigido, más en el deporte. Pero además creo que el hecho de pasar por un territorio como el nuestro permite el conocimiento de mucha gente que participa. Gente de otros países conoce así el territorio argentino”.
Estos dos millones de pesos están lejos de las sumas que la organización del Rally prevé pagarles a asociaciones medioambientales, como anuncia en su propia página oficial. “Para atestiguar su compromiso con una actitud ecológica responsable, ASO (la extranjera Amaury Sports Organisation) ha decidido destinar una parte de los gastos de inscripción de los participantes inscritos en la carrera a la ‘eco-participación’, por un importe de 50 euros para las motos y quads (cuatriciclos), de 100 euros para los coches y de 150 euros para los camiones. La suma recogida se destinará a una o varias asociaciones que trabajen por la protección del medio ambiente.”
Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua, informó que “de las organizaciones mendocinas conocidas por nosotros, que son prestigiosas, ninguna recibió dinero, ni lo hubiéramos aceptado”. El reverso de la moneda fue algún productor que se quiso cortar solo e imaginó que podía hacer negocio cediendo sus tierras para el Rally. “Quizá pensó que podía recaudar plata con un campamento gigante, pero no pudo”, agregó Valenzuela desde Jacobacci.
Una denuncia de 55 páginas
Tres integrantes de organizaciones medioambientales mendocinas, Eduardo Sosa (Oikos, Red Ambiental), Marcelo Giraud y Luis Sánchez (Asamblea Popular por el Agua), presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la provincia contra el Rally Dakar Argentina Chile 2009 el 29 de diciembre pasado. Argumentan que “la objeción general radica en que no se cumplió el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que exige la normativa legal vigente”.
En el extenso texto se citan dos dictámenes del Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Aridas (Iadiza). En la segunda de esas evaluaciones sobre la prueba, los científicos sostienen: “Una actividad que involucra alrededor de 500 vehículos (entre camiones, coches y motos) transitando en las secciones selectivas, a gran velocidad, por distintos ambientes naturales de Mendoza, no puede asumirse como de escaso impacto o magnitud”.
La denuncia también cuestiona el ocultamiento de información sobre los distintos trayectos de la prueba, se mencionan las especies animales que corrieron peligro con el Rally (flamencos, guanacos y distintas clases de reptiles), la invasión de tierras que reclaman las comunidades huarpes y se cita una frase de los organizadores que explica, en parte, por qué denuncian lo que denuncian Sosa, Giraud y Sánchez: “los caminos difícilmente estén preparados para soportar el paso de los vehículos”. Tampoco lo soportaron los mallines (lugares húmedos y bajos donde el ganado se alimenta de forraje), los arenales y alguna tranquera que fue rota unos meses antes para tantear el terreno del Rally en la zona de Anecón Chico, Río Negro.
“En una región, la Patagonia, en la que el principal y más grave problema ambiental es el avance de la desertización, haber permitido este Rally parece un designio maquiavélico”, se quejó el doctor Pizzolón desde Esquel, donde los vecinos ya están sensibilizados por una mina de oro a cielo abierto.
Gustavo Veiga
www.pagina12.com.ar
13 de enero del 2009
UN MILLONARIO EMPRENDIMIENTO METALIFERO PONE EN RIESGO A PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PATAGONIA
La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.
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Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de tierra. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia.
Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. "Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?", increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, a contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día, durante los quince años de vida del yacimiento, y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido: calificó el proyecto como "una experiencia fantástica".
El Yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar, llamado "Navidad" porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El yacimiento estuvo en manos de la compañía IMA Exploration hasta julio de 2006, pero –juicio mediante en Canadá– fue traspasado a Aquiline Resources (el caso fue un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, el conflicto sobre recursos naturales de Argentina no se resolvió en la Justicia local sino en tribunales extranjeros). La última estimación de reservas asegura la existencia de minerales por diez mil millones de dólares.
Gan Gan es un pueblo de quince manzanas cruzadas por la ruta provincial 4, a 370 kilómetros de Rawson, que une la cordillera con la costa de Chubut, pleno desierto, de 600 habitantes y zona de pequeña ganadería. Sólo 50 kilómetros lo separan del yacimiento, será de las zonas más afectadas. La familia tehuelche Cual habita en la zona desde 1902, con quince leguas. El propio pueblo de Gan Gan se construyó sobre parcelas donadas por la comunidad indígena. A cien años de esa donación, de lo cual perdieron trece leguas a manos de empresarios y comerciantes. Hasta el cementerio comunitario quedó en parcelas apropiadas por un terrateniente local. En la actualidad, sobreviven en dos leguas, insuficientes para la cría de animales.
Don Victorino Cual nació en la estepa de Chubut. El rancho de adobe y chapa, construido por sus manos, tiene tres habitaciones. Está enfermo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de contar los pesares. "Nos robaron la tierra, no nos dejan criar a nuestros animales, y encima nos quieren sacar el agua y envenenar con su mina. Y los políticos trabajan para ellos."
El gobernador Mario Das Neves, que ya se postula a presidente para el 2011, se refirió a la actividad minera el 25 de junio en la Embajada de Canadá (país de origen de gran parte de las empresas que desembarcan a lo largo de la cordillera). "Creo que el proyecto Navidad es una experiencia fantástica. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que en mi provincia no somos nada prejuiciosos con la actividad minera, que somos cuidadosos y que queremos, cuando alguien invierte, que tenga la tranquilidad de que no se le van a cambiar las reglas de juego", afirmó. Los 120 empresarios canadienses aplaudieron y sonrieron con satisfacción, según da cuenta el mismo sitio de Aquiline, que publicó una crónica del cóctel.
Victorino Cual se calza la boina, mira por la venta de su casa hacia el mallín y sentencia: "Nos ha quedado poco de nuestro campo. Aunque los políticos insistan, no podemos permitir dar permiso de que nos arruinen la tierra y el agua. No queremos plata, la plata se funde, se gasta, el campo queda y nos da vida".

Agua escasa

Gan Gan significa en idioma ancestral gran comida. Cuenta la historia que la zona era paso de viajantes y carros, donde se recuperaba fuerza para llegar a la cordillera o el mar. Muy famoso es su mallín (reservorio de agua superficial con pastos tiernos), punto de recreación y refresco durante los veranos. En enero pasado nadie pudo zambullirse, una sequía castigó la zona. Falta de tierras y escasez de agua complican cualquier cría de animales: pocas pasturas, chivas flacas, reproducción exigua y caída de los ingresos familiares conforman una cadena. "Se nos mueren muchos animales por falta de tierras. Y con la minera será peor porque habrá menos agua", lamenta Patricio Huichulef, de la comunidad Chacay Oeste-Laguna Fría.
Tiene 64 años, diez hijos, siempre habitó el mismo rancho, desde que nació, al igual que su padre. Habita y trabaja la misma tierra desde hace décadas, pero no posee título de propiedad. Vive de lo que produce con sus manos, padece el acoso de empresarios que quieren quedarse con sus campos. Y enfrenta una industria extractiva.
Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer.
En el mismo desierto patagónico, pero cruzando el límite provincial, trabajan desde hace cinco años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. El gobierno de Río Negro rechazó el informe de impacto ambiental de la empresa y sancionó, motivado por la movilización de las organizaciones sociales, una ley que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Pero la compañía se mantiene en el lugar, asegura que obtendrá el permiso. Se trata de la canadiense Aquiline Resources, la misma que impulsa el proyecto Navidad y que ya mostró su poder de persuasión con los gobiernos de Chubut y Río Negro: en menos de diez años logró tomar control de 500 mil hectáreas para exploración minera.
Fuente:Darío Aranda. www.pagina12.com.ar
Noticias Web-Conciencia Solidaria
14 de enero del 2009
AGRONEGOCIOS
LOS COSTOS SOCIOAMBIENTALES
"Los agronegocios, con la soja en primer lugar, son sinónimo de desmontes, degradación de suelos, eliminación de otros cultivos, expulsión de comunidades ancestrales, contaminación y enfermedad", denuncia desde hace una década el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) sobre el modelo agropecuario vigente y, sobre el glifosato, no tiene dudas: "Arruina plantaciones para autoconsumo, mata animales y envenena familias ancestrales. Es un desastre sanitario silenciado, donde los ejecutores son los sojeros, pero con la complicidad de la dirigencia política y el Poder Judicial".
El avance del monocultivo se produjo en la década del '90, cuando el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. En 1997, en la Argentina se cosecharon 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. Diez años después, en 2007-2008, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas y abarcó 17 millones de hectáreas. Fue política de Estado de todos los gobiernos.
El cultivo desplazó al trigo y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. En sólo una década, la Argentina se transformó en el segundo productor mundial de transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales (como el maíz y el trigo) comenzaron a retroceder, al igual que la industria láctea. La Argentina es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite.
En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el cultivo de la oleaginosa, que tiene nombre y apellido: Soja RR, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es "Resistente al Roundup", nombre comercial del glifosato, vendido por la misma empresa. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la agricultura de soja: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta.
Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empresas y la clase política, es padecido por campesinos y pueblos originarios, que son desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo en cuatro años, más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históricas chacras, en el mayor de los casos ubicadas en las afueras de las grandes ciudades.
El Movimiento Campesino Indígena acusa a la industria sojera de contaminar aire, agua, alimentos y suelo y de intoxicar comunidades rurales. Estudios médicos puntualizan los efectos sanitarios de los pesticidas. "Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardíaca, electrocardiogramas anormales y daño renal", asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.
En Rosario, un grupo de ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos estudió durante dos años la vinculación entre contaminantes ambientales y la salud de la población. Encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vinculó malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes, entre ellos el glifosato y sus agregados. "Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes", afirmó Alejandro Oliva, médico e investigador. El estudio abarcó seis pueblos de la pampa húmeda y encontró "relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos".
Tal es el caso de Ituzaingó, un barrio de la provincia de Córdoba, en el que La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban "las locas", pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.
Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó "cuando ya todo el barrio está envenenado", pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: "Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar".
Movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales exigen estudios toxicológicos de mediano y largo plazo, y bioensayos en aguas y suelos. Ni el gobierno nacional ni los provinciales han dado respuesta. El canadiense Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración –referente mundial en la problemática–) esboza una explicación: "Escasean estudios porque las empresas no quieren que se hagan. Las agroquímicas transnacionales tienen muchísimo poder sobre los gobiernos". El investigador Jorge Kaczewer dispara en el mismo sentido: "Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. Dominan, por medio de subsidios, departamentos enteros de las universidades".
Fuente: Darío Aranda. www.pagina12.com.ar
Noticias Web-Conciencia Solidaria