La diputada Norma Morandini presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por tema uranio

PROYECTO DE RESOLUCION
La H. Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que corresponda informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones:

En qué estado se encuentran los estudios de factibilidad para la construcción de una cuarta central nuclear en el país, anunciada por el Ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios el 23 de agosto de 2006.

Enumere y detalle las solicitudes de autorización para extraer uranio y torio que el Estado Nacional ha presentado en los últimos diez años ante la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba y cuáles han sido las respuestas a los mismos.

Enumere y detalle en qué sitios de la provincia de Córdoba el Estado Nacional realiza actualmente trabajos de exploración y cateo para extraer uranio y torio, así como las empresas u organismos del Estado responsables de los mismos y sus resultados.

Enumere y detalle los Estudios de Impacto Ambiental realizados en los últimos diez años en los sitios de extracción de uranio y torio ubicados en la provincia de Córdoba, y cuáles han sido los organismos públicos o privados encargados de elaborarlos. Adjunte el contenido de los mismos.

Enumere y detalle los Estudios de Impacto Ambiental realizados y presentados junto a los trámites de permiso para extraer uranio y torio en la provincia de Córdoba, y organismos públicos o privados encargados de elaborarlos. Adjunte el contenido de los mismos.

Si es cierto que el trámite de permiso de exploración y cateo Expediente Nº 1924/2006 presentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica ante la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba corresponde a terrenos que coinciden en un 80% con la “Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala”. En caso afirmativo, informar qué impactos potenciales sobre el medioambiente se han previsto y las vías posibles de contaminación.

Si la Comisión Nacional de Energía Atómica ha considerado en su trámite de permiso las ordenanzas municipales Nº 429 y 025 que declaran a las localidades de Mina Clavero y Nono, respectivamente, como “zonas no nucleares” desde 1992.

Si ha considerado algún tipo de mecanismo de participación ciudadana a fin de difundir las metas del proyecto, sus metodologías, riesgos y eventuales beneficios de su implementación.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Motiva el presente pedido de informes la inquietud que ha generado en los habitantes del Valle de Traslasierra de la provincia de Córdoba el trámite de permiso de exploración y cateo para extraer uranio que presentó la Comisión Nacional de Energía Atómica ante la Secretaría de Minería de Córdoba en 2006, con Expediente Nº 1924 /2006.

Tal como sostiene la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), el mundo actual se caracteriza por una creciente demanda de recursos energéticos, reservas limitadas de petróleo y gas y un escaso desarrollo de energías complementarias. [1] Y al tiempo que decrecen las reservas de combustibles fósiles en nuestro país y la voluntad de las empresas para seguir explorando el territorio, las reservas de uranio adquieren cada vez mayor relevancia estratégica.
La minería de uranio es la primera etapa de la secuencia de operaciones interdependientes encaminadas a producir armas nucleares o combustible para el funcionamiento de reactores nucleares. Aunque es posible encontrar este mineral en pequeñas cantidades en casi todas partes, sólo hay uranio lo suficientemente concentrado como para que su extracción resulte rentable en muy pocos lugares. Incluso en estas áreas, hay que remover ingentes cantidades de tierra para conseguir cantidades apreciables de mineral útil, lo que genera toneladas de residuos radioactivos.

En la actualidad, Argentina cuenta con dos centrales nucleares –Embalse Río Tercero y Atucha I- y una tercera en construcción -Atucha II-. Los reactores de estas centrales nucleares utilizan uranio como combustible.
El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunció el 23 de agosto de 2006 la reactivación del Plan Nuclear Nacional, que incluía entre otros puntos:

- la extensión de la vida útil del reactor nuclear de Embalse, que saldrá de servicio para 2010; y
- la realización de estudios de factibilidad para la construcción de una cuarta central nuclear, en el marco de un acuerdo global tripartito entre la NASA, la CNEA y la Atomic Energy Canada Limited (AECL).

El Ministro De Vido adelantó también que la decisión de contar con generación nucleoeléctrica implicaba “la necesidad de impulsar la minería del uranio en nuestro país, tal que permita la prospección en todo el ámbito del territorio nacional y la constitución de una reserva estratégica nacional de este mineral, a ser destinada al consumo de nuestras centrales de potencia, actuales y futuras, de magnitud adecuada a los planes nucleoeléctricos del país...”. [2]

Lo cierto es que en todas las explotaciones de mineral de uranio y en las instalaciones industriales para el tratamiento de este mineral quedan restos de material denominados “colas de procesamiento” o “colas de mineral”. Tal como lo reconoce la propia CNEA, estos residuos constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, tanto para los trabajadores de la industria como para los individuos del público que resulten expuestos, si los mismos residuos se dispersan en el ambiente.[3]
En la provincia de Córdoba, el depósito de los residuos de uranio del Complejo Minero Los Gigantes y de la planta Dioxitek S.A. del barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital, son dos muestras claras de cómo la actividad extractiva y el procesamiento del mineral suelen hipotecar la salud de las generaciones futuras y la calidad del medioambiente.

También ha sido la CNEA la que, en su Documento Marco de Evaluación Ambiental para el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), reconoce:
- que los residuos de mina pueden presentar riesgo ambiental, “si contienen sulfuros que son una fuente potencial de generación de drenaje ácido”;
- que el agua de mina puede contener contaminantes radiológicos y convencionales y las cantidades excedentes deben ser tratadas para ser descargadas al ambiente;
- que los efluentes líquidos que se generan en el procesamiento de los minerales de uranio son soluciones que contienen acidez residual, uranio, radio, cationes y aniones convencionales, todas ellas fuentes potenciales de contaminación;
- que la dispersión de las colas mediante el viento o el agua puede trasladar partículas de radioactividad y otros compuestos tóxicos a capas de agua superficiales o subterráneas que constituyen fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos;

El organismo concluye que la minería de uranio provoca distintas combinaciones de efectos que implican, por ejemplo, limitaciones al uso del suelo y del agua, impedimentos para el desarrollo de determinadas actividades productivas, aumento en el índice de probabilidad de contraer cáncer, afectación a la diversidad biológica e incapacidad de asegurar a las generaciones futuras el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, tal como exige al Estado Nacional la Ley General de Ambiente Nº 25.675.

En octubre de 2006, dos meses después del anuncio del Ministro de Planificación, la Autoridad Regulatoria Nuclear –un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo Nacional que tiene como función ejercer la autoridad de regulación en el área nuclear- respondió a un pedido de informes del senador Carlos A. Rossi, y aseguró que no había recibido información oficial en relación a la construcción de nuevas centrales nucleares en el país ni su eventual emplazamiento. Sin embargo, ese mismo año, la CNEA presentó un trámite de permiso para exploración y cateo ante la Secretaría de Minería de Córdoba, en terrenos que coinciden en un 80% con la “Reserva Hídrica Provincial de Pampa de Achala”, según consta en el Informe de Impacto Ambiental que integra el Expediente Nº 1924 /2006.
El área bajo futura prospección limita al este con el Parque Nacional Quebrada de Condorito; al oeste con el Valle de Traslasierra, y al norte con la Ruta Nacional Nº 20 –también conocida como Camino de las Altas Cumbres-. Las localidades más cercanas al terreno donde la CNEA planea realizar trabajos de exploración y cateo son Mina Clavero, ubicada a 15 kilómetros al noroeste; Nono, emplazada a 19.5 kilómetros por el oeste; y Las Calles, que se encuentra a 25 kilómetros por el Sudoeste.

La Reserva Hídrica Provincial de Pampa de Achala posee 146 mil hectáreas. Fue creada por Decreto Provincial Nº 361 del año 1999 con el objeto de conservar el ecosistema de Sierras Grandes y Pampa de Achala, dado su valor estratégico como el gran colector de aguas de Córdoba, del que depende la calidad y la cantidad del elemento que alimenta y provee a la mayoría de los embalses artificiales y al 60% de la población de la provincia. La mayoría de los arroyos de la Reserva Hídrica colectan las aguas de lluvia superficiales en dirección este-oeste y desembocan finalmente en el Arroyo Chico de Nono, que recorre el pueblo del mismo nombre y vuelca sus aguas en el río Los Sauces, sobre cuyo cauce se encuentra el Dique La Viña.
En el inciso b) del artículo 4º del mencionado decreto se explicita que uno de los objetivos de la constitución de la Reserva Hídrica Provincial es el de “preservar las cabeceras de cuencas, contribuyendo así a asegurar la provisión de agua, tanto en su calidad como en su regularidad, en territorios ubicados a menor altitud”. La misma resolución provincial calificó a los ambientes de la Pampa de Achala “de alta fragilidad, por el escaso desarrollo edáfico con pronunciadas pendientes, por su clima de abundantes lluvias y vientos,..., por la vulnerabilidad de su fauna silvestre, todas ellas causas limitantes de los usos humanos extractivos”.[4] En la Reserva Hídrica confluyen flora y fauna silvestre de distintos ambientes del país, con predominio del andino-patagónico, lo que genera un fenómeno biogeográfico único. Achala reúne en su superficie especies animales endémicas como el sapo de Achala, el lagarto verde de Achala, la loica o pecho colorado grande y el zorro colorado. Entre las especies vegetales típicas de la zona se encuentran el molle, el quebracho colorado serrano, el romerillo y el maitén.

La movilización de los ciudadanos del Valle de Traslasierra no sólo nos advierte acerca del peligro potencial al que puede quedar expuesta esa región de Córdoba sino que nos exige un debate que la Nación y las provincias todavía adeudamos. La intranquilidad que genera en la población cualquier iniciativa de explotación minera revela la carencia o la fragilidad de las leyes de protección ambiental, muchas veces subordinadas a intereses que desconocen el impacto que provoca una actividad de esta envergadura en las comunidades locales. Será necesario, entonces, definir de qué manera y a qué costos nuestro país va a desarrollar energía nuclear, con qué tecnología, con qué infraestructura y, sobre todo, qué mecanismos de participación pondremos a disposición de la ciudadanía para que las políticas en esta materia sean definitivamente transparentes e indiscutiblemente públicas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

[1] Boletín de la APCNEAN, Año I, Edición Nº 3, pág. 1. Diciembre de 2007.- Ver http://www.apcnean.org.ar/boletines/boletin03.pdf
[2] Ver http://www.cnea.gov.ar/xxi/noticias/2006/ago06/actividad_nuclear.asp

[3] Ver http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/docmarco/03-01-03Evaluacion%20Ambiental.pdf Pág. 5.
[4] Ver http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/fuentes/pdf/Reserva%20H%EDdrica%20Provincial%20de%20Achala.pdf